La iniciativa de ley presentada por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Ronald Arango, busca que no se comercialicen datos sensibles como la información bancaria, ya que esto provoca que varias personas no sean contratadas ni obtengan créditos.
Objetivo de la iniciativa que busca reformar la Ley de Acceso a la Información.
La propuesta que establece que cualquier personas por cualquier medio “sin la debida autorización expresa y escrita del titular utilice sus datos, sea sancionado con prisión de cinco a ocho años y multa de Q50 mil a Q100 mil.
El congresista destaca que aunque “está prohibida la comercialización de información personal y delicada, no ocurre lo mismo con la compilación de datos”, por ello es necesario aprobar esta propuesta de ley.
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