Esta semana, el presidente Bernardo Arévalo y la ministra de Comunicaciones, Jazmín de la Vega, supervisaron e inauguraron varias obras en las Verapaces. Estas proyectos abonan a la red vial del país, dado que se ubican en puntos clave del territorio nacional, de acuerdo con las declaraciones oficiales. 

Es noticia. El 22 de abril, en una gira conjunta, el presidente y la ministra supervisaron la construcción de un tramo carretero de cuatro carriles de la ruta CA-14, que conduce de Santa Cruz Verapaz, a Cobán, Alta Verapaz. 

• Además, ambos inauguraron un puente en Lo de Reyes, en Baja Verapaz, el que, según el mandatario, es producto de un “trabajo en conjunto, con transparencia y honradez”.

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• En los dos casos, los funcionarios manifestaron la importancia de las construcciones, dada la relevancia que tienen para la conexión entre los diferentes departamentos. 

Visto y no visto. Lo que esconden los funcionarios es que las obras fueron ejecutadas por contratistas señalados en casos de corrupción, beneficiados por el gobierno del expresidente Giammattei. La carretera de cuatro carriles en la ruta CA-14 fue adjudicada a Francisco Alejandro Córdova Molina, representante de la Constructora San Francisco, quien recibió Q1,785,453,576M en obras a lo largo de la última administración. 

• Cabe destacar que la familia Córdoba no es ajena a las conexiones con el gobierno. Además de estar vinculada a varias constructoras –contratistas del Estado–, también controla, desde hace décadas, la política del departamento de Alta Verapaz.

• De forma similar, el puente de Lo de Reyes fue adjudicado a otra cuestionada contratista: Opción Técnica, S.A., cuyo representante legal es Juan Francisco Fagiani Yaquián. 

• Opción Técnica, S.A. fue investigada por supuestamente pagar sobornos durante el gobierno del Partido Patriota. Esta, también, fue una de las constructoras favorecidas por Giammattei. Al recibir Q1,763,080,359M, se convirtió en la cuarta empresa más contratada de la administración del partido VAMOS. 

Por qué importa. Una de las promesas de campaña del ahora presidente Arévalo fue establecer la política de cero tolerancia a la corrupción en la adjudicación de obra pública. 

• De acuerdo con el equipo de gobierno, uno de los principales logros de estos primeros 100 días es la publicación del nuevo Código de Ética, el cual establece, textualmente, “observar la premisa de que el interés social prevalece sobre el interés particular […]”. 

• El mandatario celebra estas obras que apuntan a que se adjudicaron atendiendo al beneficio particular de los contratistas, antes que el bien de la población –o al buen uso de fondos públicos–. 

En conclusión. Aunque el Código de Ética pareciese cimentado en buenas intenciones al incluir a funcionarios y contratistas, es evidente que no tiene efectos retroactivos. 

• Es decir, independientemente de las bases sobre las que se adjudicaron los proyectos iniciados en el gobierno anterior, la nueva administración registrará como un logro la construcción de las obras, siempre y cuando estas alimenten la buena imagen del ejecutivo actual.