Desde el Organismo Ejecutivo se gesta un nuevo intento por remover del cargo a la Fiscal General Consuelo Porras. El presidente Bernardo Arévalo anunció en cadena nacional que presentará otra propuesta para reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público (MP).

• Esta será la cuarta iniciativa de ley en ese sentido. En la actualidad hay una que avanzó y está en manos de la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional, que dirige el diputado Jorge Mario Villagrán Álvarez, de la bancada Azul.
• Este partido solo llevó dos legisladores al Congreso. El otro es Nery Ramos, presidente del Organismo Legislativo. Este bloque es afín al gobierno del Movimiento Semilla y ello sería el motivo por el que la iniciativa fue enviada a esa comisión. 
• Hoy el presidente Arévalo ofrecerá una conferencia en el Congreso cuando presente la propuesta de reforma. Por ahora se desconoce qué cambios se harían al artículo 14 de la referida ley. En la actualidad la remoción solo se puede dar cuando el funcionario es condenado por cometer un delito.

Por qué importa. En 2016  la embajada de Estados Unidos promovió la reforma a la ley para evitar la remoción de la entonces fiscal Thelma Aldana. Eran tiempos en lo que la extinta CICIG y el MP caminaban de la mano y de esta forma se blindó a la funcionaria.

• Pero ese candado ahora ya no es del agrado del gobierno y los sectores que apoyaron el cambio. No están de acuerdo con la gestión de Porras y buscan por todas la vías removerla. 
• De entrada la iniciativa tendría dos problemas: primero, que no podría tener carácter retroactivo, y segundo, que el partido oficial, sin bancada, no contaría con los votos necesarios para modificar la ley.
• También habría que analizar el planteamiento, porque si regresa la potestad al presidente para cambiar al jefe del MP, el próximo gobierno, sin duda, también pondrá al fiscal de su agrado.

Panorama general. El anuncio del mandatario se hizo previo a varias horas de incertidumbre y rumores. Varios ministros, diputados y los presidentes de los organismos Legislativo y Judicial, se reunieron con Arévalo.

• Según Nery Ramos, presidente del Legislativo, lo de Porras fue uno de los temas conversados, pero también discutieron otros asuntos de interés nacional que por el momento se desconocen.
• Debido a que todo apuntaba a que sería un anuncio relacionado con la remoción de Porras, el MP presentó un amparo en la Corte de Constitucionalidad ante "la amenaza real cierta e inminente de que el Procurador General de la Nación y el Secretario General de la Presidencia, bajo instrucciones del Presidente de la República y por iniciativa propia, continúen extralimitándose en sus funciones mediante acciones ilegales para lograr, de forma inconstitucional e inconvencional, la remoción de la Fiscal General de la República..."
• "He decidido presentar al Congreso una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público, la cual abrirá el camino para que la Fiscal General rinda cuentas al pueblo de Guatemala y a sus representantes, y sea removida de su cargo, en el marco de la Ley", indicó Arévalo.

En conclusión. "La reforma que proponemos restablece los parámetros que fueron establecidos en nuestra Constitución para la remoción del Fiscal General y
Jefe del Ministerio Público: preserva su autonomía y permite que funcione eficazmente, al mismo tiempo que asegura un mecanismo efectivo de
rendición de cuentas, para que nunca más un fiscal general pueda abusa impunemente del poder que el pueblo y la constitución le han confiado", agregó el mandatario.

• "Una reforma que busca que el Ministerio Público no vuelva a ser utilizado como un arma política por ningún gobierno. No lo haremos nosotros, y buscamos que no lo hagan los gobiernos que vendrán después", enfatizó.
• Sé que el mandato político obtenido en las urnas nos obliga a luchar contra la cooptación corrupta del Estado, y que la remoción de Porras del es un paso imprescindible en esta dirección", concluyó.
• Mientras que el MP indicó en un comunicado que Arévamo sigue con acciones de "forma arbitraria e ilegal, tomando medidas políticas nacionales e internacionales, financieras y presupuestarias, así como promoviendo otras medidas de hecho que inciten a la violencia, acciones que pueden desembocar en atentados en contra de la integridad física y la vida tanto de la Fiscal General, así como de los funcionarios la institución".