El Sector Empresarial Organizado hizo públicas por medio de un comunicado sus preocupaciones en relación con el Presupuesto 2024, aprobado por el Congreso de la República:

Qué destacar. La entidad resaltó principalmente dos puntos que deben de ser revisados y corregidos. En primer lugar, la emisión, negociación y colocación de Bonos del Tesoro por un monto igual al de los vencimientos que se produzcan durante el ejercicio fiscal vigente, queda sujeta a la aprobación previa del Congreso de la República.

• Esto puede generar gran incertidumbre, ya que de no lograrse dicha aprobación oportunamente, el Estado podría quedar imposibilitado de hacer frente a sus obligaciones financieras y caer en incumplimiento de pagos, lo cual dañaría gravemente la buena reputación y calificación del país en los mercados financieros internacionales.

Además. También destacó que con la resolución del congreso se aprobaron normas que incumplen con la Ley Orgánica del Presupuesto, la cual obliga a las entidades del Estado a reintegrar los recursos no utilizados durante el ejercicio fiscal a la Tesorería Nacional.

Antecedentes. El partido VAMOS y sus aliados dieron luz verde al presupuesto que asciende a Q124,879M y dejaron de lado las más de 130 enmiendas presentadas por la bancada Semilla que buscaba modificar el dictamen emitido por la Comisión de Finanzas.

• El nuevo presupuesto prohíbe contratar medios de comunicación que no tengan cobertura nacional, con lo cual presuntamente se beneficia a grupos que apoyan a los políticos de turno.
• También obligan al nuevo gobierno a recurrir al Congreso cada vez que quieran aprobar deuda por bonos del tesoro. Hasta ahora no era necesario acudir al Organismo Legislativo para contratar esta deuda.
• Además, limitan las asignaciones presupuestarias para la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia. Con ello es probable que se busque atar de manos a la política de comunicación del gobierno electo.

En conclusión. La entidad considera que la aprobación de los aspectos anteriores es errónea y puede dañar a la población guatemalteca; por lo tanto, deben ser corregidos por medio de los procesos que la ley determina. “Enmendar es de sabios y velar por las necesidades de los guatemaltecos es la obligación”, declaró la entidad en su comunicado.