Política
Política
Empresa
Empresa
Investigación y Análisis
Investigación y Análisis
Internacional
Internacional
Opinión
Opinión
Inmobiliaria
Inmobiliaria
Agenda Empresarial
Agenda Empresarial

Carlos Pineda presenta recurso legal en la CC contra amparo que lo deja fuera de las elecciones

Acompañado de simpatizantes y su equipo de trabaja, Carlos Pineda llegó hasta a la Corte de Constitucionalidad para interponer un recurso legal con el que aseguró peleará su candidatura. 

Pineda dijo que no descansará hasta que se haga justicia. Fotografía utilizada con fines ilustrativos para esta nota.
Edgar Quiñónez
20 de mayo, 2023

Alrededor de las 4 de la tarde, hora de Guatemala, el candidato a la presidencia por el partido político Prosperidad Ciudadana, Carlos Pineda, llegó al edificio de la Corte de Constitucionalidad para interponer una apelación contra el fallo que emitió un día antes la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y que por el momento lo deja fuera de la contienda electoral.

Pero Pineda no llegó solo, pues él iba acompañado de parte de su equipo legal y de trabajo, así como también de un grupo de simpatizantes y con megáfono en mano, el aspirante al cargo más importante del Ejecutivo, agradeció el apoyo. “Si lloro no es por cobarde, sino porque mis sentimientos están con la población y no vamos a descansar hasta tener un país completamente libre, en el que los guatemaltecos tengan la oportunidad y el derecho de elegir a sus autoridades”, expresó. 

SUSCRIBITE A NUESTRO NEWSLETTER DE POLÍTICA

Pineda está dispuesto a pelear su candidatura

Con la apelación que presentó ante la Corte de Constitucionalidad, Carlos Pineda busca revertir la decisión de la Sala y así poder participar en las Elecciones Generales. “Estoy siendo perseguido por el Estado y esto ya está trascendiendo fronteras”, afirmó el candidato a la presidencia. 

Este viernes 19 de mayo la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo resolvió a favor del partido Cambio, que dirige Manuel Baldizón y sus hijos tras amparo realizado en contra de Pineda. 

 

Los solicitantes del amparo señalaron que en la segunda asamblea de Prosperidad Ciudadana se dieron los siguientes vicios: se instaló con quórum de 81 delegados de 48 municipios, del quórum, no se presentaron las firmas de los colegiados, únicamente las credenciales y un listado de quienes asistieron a la asamblea en relación.

Además, se omitió presentar por parte del Comité Ejecutivo Nacional, para su aprobación los informes económicos mismos que debieron ser aprobados por la Asamblea Nacional.

Se incurrió en infracción al no hacer uso y aplicar el sistema de distribución de monirías, habiéndo propuesto tres planillas y elegido a una sola en su totalidad.

Así nació Prosperidad Ciudadana

Prosperidad Ciudadana salió al ruedo político en 2016 y en el proceso electoral de 2019 postuló como presidenciable a Edwin Escobar, exalcalde de Villa Nueva, y a Blanca Alfaro, actual magistrada del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

​​​Al concluir esos comicios Escobar se desentendió del partido y quedó en manos del diputado Jorge de Jesús García Silva y su esposa, Sabrina Véliz Castañeda.

Ambos eran integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), pero ambos renunciaron luego del escándalo que involucró a García Silva en un caso de corrupción en el Insivumeh.

El principal obstáculo de Prosperidad Ciudadana para cumplir con lo requerido por el TSE era la desintegración del Comité Ejecutivo Nacional, figura indispensable para el cumplimiento de las obligaciones ante el máximo órgano electoral y la integración de la agrupación política. 

Tal argumento fue el que presentó el Registro de Ciudadanos (RC) en la resolución del 27 de mayo de 2022 cuando le denegó a la entonces secretaria general, Dami Anita Kristensson Sales, la ampliación del plazo para mantener vigente el partido y evitar su desaparición.  

Por la denegatoria, Kristensson Sales optó agotar la vía judicial antes que la administrativa en el TSE, y logró el amparo provisional de la Sala Quinta el 16 de junio, ocho días después de presentada la acción legal. 

Los magistrados, Giovanni Soto Santos Miguel Catalán Orellana, integrantes de la Sala Quinta, resolvieron dejar sin efecto la resolución del 27 de mayo del Registro de Ciudadanos y ampliaron el plazo para la celebración de las asambleas. Asimismo, autorizaron que la secretaria general convocara a las asambleas y se ordenó al Registro de Ciudadanos, entregar el libro de actas, lo que, según los artículos 23 y 27 de la Ley Electoral, son atribuciones que únicamente le competen al Comité Ejecutivo Nacional. 

Solo el magistrado Guillermo Demetrio España Mérida razonó su voto. Indicó que el acto reclamado, es decir, la denegatoria del RC, "debía impugnarse por medio de los recursos que regula la Ley Electoral...(sic) y no amerita otorgar el amparo". Se lee en la resolución del 16 de junio y en la sentencia de octubre de 2022. 

En los memoriales que el Registro de Ciudadanos entregó entre junio y julio de 2022 mantuvo su decisión, mientras que la Fiscalía de Asuntos Constitucionales del Ministerio Público (MP), como parte interesada en el proceso, insistió en que era necesario cumplir con el procedimiento administrativo porque no se agotó.

SUSCRIBITE A NUESTRO NEWSLETTER DE POLÍTICA

Carlos Pineda presenta recurso legal en la CC contra amparo que lo deja fuera de las elecciones

Acompañado de simpatizantes y su equipo de trabaja, Carlos Pineda llegó hasta a la Corte de Constitucionalidad para interponer un recurso legal con el que aseguró peleará su candidatura. 

Pineda dijo que no descansará hasta que se haga justicia. Fotografía utilizada con fines ilustrativos para esta nota.
Edgar Quiñónez
20 de mayo, 2023

Alrededor de las 4 de la tarde, hora de Guatemala, el candidato a la presidencia por el partido político Prosperidad Ciudadana, Carlos Pineda, llegó al edificio de la Corte de Constitucionalidad para interponer una apelación contra el fallo que emitió un día antes la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y que por el momento lo deja fuera de la contienda electoral.

Pero Pineda no llegó solo, pues él iba acompañado de parte de su equipo legal y de trabajo, así como también de un grupo de simpatizantes y con megáfono en mano, el aspirante al cargo más importante del Ejecutivo, agradeció el apoyo. “Si lloro no es por cobarde, sino porque mis sentimientos están con la población y no vamos a descansar hasta tener un país completamente libre, en el que los guatemaltecos tengan la oportunidad y el derecho de elegir a sus autoridades”, expresó. 

SUSCRIBITE A NUESTRO NEWSLETTER DE POLÍTICA

Pineda está dispuesto a pelear su candidatura

Con la apelación que presentó ante la Corte de Constitucionalidad, Carlos Pineda busca revertir la decisión de la Sala y así poder participar en las Elecciones Generales. “Estoy siendo perseguido por el Estado y esto ya está trascendiendo fronteras”, afirmó el candidato a la presidencia. 

Este viernes 19 de mayo la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo resolvió a favor del partido Cambio, que dirige Manuel Baldizón y sus hijos tras amparo realizado en contra de Pineda. 

 

Los solicitantes del amparo señalaron que en la segunda asamblea de Prosperidad Ciudadana se dieron los siguientes vicios: se instaló con quórum de 81 delegados de 48 municipios, del quórum, no se presentaron las firmas de los colegiados, únicamente las credenciales y un listado de quienes asistieron a la asamblea en relación.

Además, se omitió presentar por parte del Comité Ejecutivo Nacional, para su aprobación los informes económicos mismos que debieron ser aprobados por la Asamblea Nacional.

Se incurrió en infracción al no hacer uso y aplicar el sistema de distribución de monirías, habiéndo propuesto tres planillas y elegido a una sola en su totalidad.

Así nació Prosperidad Ciudadana

Prosperidad Ciudadana salió al ruedo político en 2016 y en el proceso electoral de 2019 postuló como presidenciable a Edwin Escobar, exalcalde de Villa Nueva, y a Blanca Alfaro, actual magistrada del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

​​​Al concluir esos comicios Escobar se desentendió del partido y quedó en manos del diputado Jorge de Jesús García Silva y su esposa, Sabrina Véliz Castañeda.

Ambos eran integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), pero ambos renunciaron luego del escándalo que involucró a García Silva en un caso de corrupción en el Insivumeh.

El principal obstáculo de Prosperidad Ciudadana para cumplir con lo requerido por el TSE era la desintegración del Comité Ejecutivo Nacional, figura indispensable para el cumplimiento de las obligaciones ante el máximo órgano electoral y la integración de la agrupación política. 

Tal argumento fue el que presentó el Registro de Ciudadanos (RC) en la resolución del 27 de mayo de 2022 cuando le denegó a la entonces secretaria general, Dami Anita Kristensson Sales, la ampliación del plazo para mantener vigente el partido y evitar su desaparición.  

Por la denegatoria, Kristensson Sales optó agotar la vía judicial antes que la administrativa en el TSE, y logró el amparo provisional de la Sala Quinta el 16 de junio, ocho días después de presentada la acción legal. 

Los magistrados, Giovanni Soto Santos Miguel Catalán Orellana, integrantes de la Sala Quinta, resolvieron dejar sin efecto la resolución del 27 de mayo del Registro de Ciudadanos y ampliaron el plazo para la celebración de las asambleas. Asimismo, autorizaron que la secretaria general convocara a las asambleas y se ordenó al Registro de Ciudadanos, entregar el libro de actas, lo que, según los artículos 23 y 27 de la Ley Electoral, son atribuciones que únicamente le competen al Comité Ejecutivo Nacional. 

Solo el magistrado Guillermo Demetrio España Mérida razonó su voto. Indicó que el acto reclamado, es decir, la denegatoria del RC, "debía impugnarse por medio de los recursos que regula la Ley Electoral...(sic) y no amerita otorgar el amparo". Se lee en la resolución del 16 de junio y en la sentencia de octubre de 2022. 

En los memoriales que el Registro de Ciudadanos entregó entre junio y julio de 2022 mantuvo su decisión, mientras que la Fiscalía de Asuntos Constitucionales del Ministerio Público (MP), como parte interesada en el proceso, insistió en que era necesario cumplir con el procedimiento administrativo porque no se agotó.