Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad rechazaron la solicitud de opinión presentada por la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, sobre la ley que establece una amnistía por delitos cometidos durante el conflicto armado interno.

Panorama general. La iniciativa 6099, conocida como Ley para el Fortalecimiento para la Paz, generó críticas de algunos diputados debido a la amnistía que concede a miembros del ejército y de la guerrilla. Por tal razón, el Congreso pidió a la CC su opinión el 27 de septiembre, pero 20 días después, los magistrados rechazaron la petición, por no cumplir con lo que dicta la ley.

Qué resaltar. La resolución establece que el documento no cumple con el artículo 172 de la Ley de Amparo, pues no "expresa de forma clara los motivos en los que descansa su solicitud". Tampoco se tomó en cuenta la etapa en la que se encuentra la iniciativa, pues ni siquiera ha iniciado su aprobación.

• "Se ha determinado que la opinión deberá emitirse ante la inminente vigencia de la norma como lo sustenta el precedente de 2010" donde se estableció que "lo referente al control de lo constitucional atribuido al Tribunal se reguló referente a lo preventivo y reparador, encontrándose dentro del preventivo la facultad de consultar a la Corte de Constitucionalidad antes de que cobre vigencia una ley", destaca el expediente. 

Lo que sigue. Ante la decisión de los magistrados, la Junta Directiva puede dar vuelta a la página y continuar con su idea de incluirla en la agenda para que inicie su aprobación.

• Los congresistas aún tiene varias semanas para discutirla, previo a que concluya la legislatura el 14 de enero de 2024.

Fisgón histórico. La iniciativa fue presentada el 22 de junio de 2022. Un año y dos meses después fue dictaminada favorablemente por la Comisión de Derechos Humanos, que preside el diputado Antonio Arenales Forno. 

• El documento "decreta la extinción de la responsabilidad penal y la extinción de la pena, por amnistía, absoluta e incluyente a favor de todas las personas que hayan incurrido por acción u omisión, en el ejercicio de sus cargos como miembros del Ejercito de Guatemala y demás fuerzas de seguridad del Estado, y a los integrantes de grupos subversivos, en la supuesta comisión de delitos políticos y comunes conexos, sin exclusión alguna de tipos penales".