Comienzan las actitudes totalitarias del Gobierno
El ministro de Gobernación emitió unas ominosas declaraciones, justo después del acto de la Presidencia, sobre los primeros 100 días de gobierno. El encargado de la fuerza pública, respondiendo a un requerimiento de un periodista de República, dijo: “[…] son los grupos de derecha y algunos medios de comunicación de derecha que efectivamente son los que están por minar la democracia (sic)”.
En un país como Guatemala –con una triste tradición de represión a periodistas– resultan muy preocupantes las declaraciones del ministro Francisco Jiménez. El periodista le preguntaba que cuándo se haría público un memorando firmado por él con el ministro de la Defensa de Colombia, Iván Velásquez. Desde su regreso, se le ha requerido al encargado de comunicación de esa cartera y no solo no lo ha entregado, sino que ha dado excusas cuan más ridículas.
Aunado a la preocupante actitud totalitaria de rechazar a cualquiera –en este caso, un medio de comunicación– que discrepa, argumentando que buscan “minar la democracia”, desechó los requerimientos periodísticos y remitió a pedir la información a través de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP). Esa importante herramienta fue aprobada para proveer un mecanismo para que los ciudadanos pudiesen solicitar cualquier información o documento públicos. Sobra decir que el ejercicio periodístico no puede estar constreñido a trámites burocráticos como el citado; el ministro, además, fue impertinente.
Al conocerse los resultados electorales, República los reconoció inmediatamente. La airada respuesta del ministro evidencia la actitud totalitaria del funcionario y atenta contra la libertad de prensa. Pretender que se pida a través de la LAIP un documento público, además, contradice flagrantemente lo dicho por el presidente, Bernardo Arévalo, ante varios periodistas y medios de comunicación antes de tomar posesión.
El pensar distinto e, incluso, la crítica a un funcionario o gestión gubernamental no puede ser criminalizado. Señalar –o siquiera insinuar– que este medio de comunicación “mine” la democracia, resulta grosero y falaz.
Si así es la actitud de los funcionarios de este gobierno hacia la prensa a los 100 días de haber asumido, no puede sino temerse que empeore y se caiga en una persecución contra opositores y disidentes. Ya suficientes periodistas están en el exilio, como para que el gobierno de Semilla perpetúe las “tácticas dictatoriales” que recientemente denunció Amnistía Internacional.
República ha dicho desde antes del 14 de enero que, cuando lo ameritase, cuestionaría y criticaría los actos de esta administración, pero también apoyaría las decisiones acertadas, como las tomadas en pos de la libertad individual, entre otras. Todo apunta a que serán 4 años de mucha crítica.
Cuando el ministro Jiménez lo decida, aceptaremos sus disculpas públicas.
Comienzan las actitudes totalitarias del Gobierno
El ministro de Gobernación emitió unas ominosas declaraciones, justo después del acto de la Presidencia, sobre los primeros 100 días de gobierno. El encargado de la fuerza pública, respondiendo a un requerimiento de un periodista de República, dijo: “[…] son los grupos de derecha y algunos medios de comunicación de derecha que efectivamente son los que están por minar la democracia (sic)”.
En un país como Guatemala –con una triste tradición de represión a periodistas– resultan muy preocupantes las declaraciones del ministro Francisco Jiménez. El periodista le preguntaba que cuándo se haría público un memorando firmado por él con el ministro de la Defensa de Colombia, Iván Velásquez. Desde su regreso, se le ha requerido al encargado de comunicación de esa cartera y no solo no lo ha entregado, sino que ha dado excusas cuan más ridículas.
Aunado a la preocupante actitud totalitaria de rechazar a cualquiera –en este caso, un medio de comunicación– que discrepa, argumentando que buscan “minar la democracia”, desechó los requerimientos periodísticos y remitió a pedir la información a través de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP). Esa importante herramienta fue aprobada para proveer un mecanismo para que los ciudadanos pudiesen solicitar cualquier información o documento públicos. Sobra decir que el ejercicio periodístico no puede estar constreñido a trámites burocráticos como el citado; el ministro, además, fue impertinente.
Al conocerse los resultados electorales, República los reconoció inmediatamente. La airada respuesta del ministro evidencia la actitud totalitaria del funcionario y atenta contra la libertad de prensa. Pretender que se pida a través de la LAIP un documento público, además, contradice flagrantemente lo dicho por el presidente, Bernardo Arévalo, ante varios periodistas y medios de comunicación antes de tomar posesión.
El pensar distinto e, incluso, la crítica a un funcionario o gestión gubernamental no puede ser criminalizado. Señalar –o siquiera insinuar– que este medio de comunicación “mine” la democracia, resulta grosero y falaz.
Si así es la actitud de los funcionarios de este gobierno hacia la prensa a los 100 días de haber asumido, no puede sino temerse que empeore y se caiga en una persecución contra opositores y disidentes. Ya suficientes periodistas están en el exilio, como para que el gobierno de Semilla perpetúe las “tácticas dictatoriales” que recientemente denunció Amnistía Internacional.
República ha dicho desde antes del 14 de enero que, cuando lo ameritase, cuestionaría y criticaría los actos de esta administración, pero también apoyaría las decisiones acertadas, como las tomadas en pos de la libertad individual, entre otras. Todo apunta a que serán 4 años de mucha crítica.
Cuando el ministro Jiménez lo decida, aceptaremos sus disculpas públicas.