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El CNE y Oxfam tratan la Ley de Competencia

.
Sebastián Gennari
01 de marzo, 2024

El miércoles 28, Oxfam y el Consejo Nacional Empresarial (CNE) ofrecieron una conferencia para definir los fundamentos de la Ley de Competencia. Su intención no era abogar por la ley, cuya necesidad se daba por sentado, sino definir sus lineamientos técnicos y ahondar en el diseño institucional.

  • Introdujo el presidente Bernardo Arévalo, quien habló de la promesa “incompleta” de la economía de mercado en Guatemala. El presidente estuvo sólo unos minutos, pero dejó una amplia comitiva.
  • El Gobierno se muestra palpablemente entusiasmado. Además de Arévalo, estuvieron presentes, Gabriela García, la ministra de Economía; Samuel Pérez, y Antonio Romero, el viceministro de Inversión y Competencia.
  • Los organizadores también se apoyaron en la salvadoreña Regina Vargas, otrora intendente de Abogacía de la Competencia, y el colombiano Juan David Gutiérrez, profesor de la Universidad de los Andes.

Pormenores. Se discutió la autonomía de la futura Superintendencia de Competencia y la severidad de sus multas. Se hizo hincapié en la independencia de su presupuesto, aunque no se encontró una fórmula para blindar a la agencia de competencia de futuras desnaturalizaciones por parte de un ejecutivo hostil.

  • La autonomía, definida como la independencia de cualquier ministerio, se perfila como una cualidad sine qua non para los propulsores de la ley. Consideran que incluso sus detractores deberían apoyar esta visión, pues sólo así se evitaría la politización de la agencia.
  • En cuanto a las multas, casi todos coincidieron en que deben ser sustanciales, mas no confiscatorias; hablan de disuadir sin quebrar empresas, cosa que disminuiría la competencia. Se propuso una sanción adicional: la inhabilitación para contratar con el Estado.
  • Se abordó un argumento esgrimido en contra de la ley: la falta de recurso humano existente. Esto, concluyeron los ponentes, se resolverá con el tiempo, a medida que surtan efectos los adiestramientos en el extranjero y el propio historial de casos de la agencia de competencia.

Matices. El panel final fue dedicado a los sectores con regulación especial, como lo son el eléctrico, la banca y la industria de telecomunicaciones. Pareció haberse concluido —aunque no unánimemente— que, más allá de sus flaquezas, estas industrias son estratégicas y requieren de más cautela.

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  • En la banca, como se reconoció, la excesiva competencia llevaría a una peligrosa relajación de los criterios crediticios. Por lo demás, en momentos de crisis, el sistema financiero requiere de fusiones y compras de cartera que pueden llevar a grandes concentraciones de cuota de mercado.
  • Durante la conferencia, se habló con frecuencia de los referentes regionales. Esto es lógico: los países latinoamericanos tienen estructuras de mercado más próximas a la guatemalteca, por lo que son mejores modelos.
  • En este caso, sería conveniente estudiar el modelo estadounidense, bajo el cual sólo la División Antimonopolios del Departamento de Justicia —y no la Comisión Federal de Comercio— tiene potestad sobre los sectores mencionados.

El balance. Desde Papúa Nueva Guinea hasta Yemen, la inmensa mayoría de países cuenta con una autoridad de competencia. Los defensores de la ley se amparan en esto para justificar el ímpetu, aunque matizan que no es por “moda”, sino por la necesidad de corregir ineficiencias de mercado y abusos al consumidor.

  • Los organizadores del evento perciben que ha llegado la hora de aprobar la ley. República tiene su sede en Guatemala, y no en Delfos, por lo que no puede predecir el futuro, pero el empuje del Gobierno demuestra que lo consideran posible, si bien no seguro.
  • Los defensores de la ley ya considerarán cansino el argumento de que se necesita una política de competencia antes de legislar, pero algo de cierto tiene: se debe establecer una agencia de competencia para, huelga decirlo, regular la competencia, y no bajo promesas de reducir precios.
  • El punto de partida peca de ambicioso y conduce a la senda de la decepción. La futura agencia de competencia no dará inicio a una reforma íntegra de la sociedad; no hará de Guatemala el País de Jauja. Se ocupará, si es buena, de temas más bien áridos.
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El CNE y Oxfam tratan la Ley de Competencia

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Sebastián Gennari
01 de marzo, 2024

El miércoles 28, Oxfam y el Consejo Nacional Empresarial (CNE) ofrecieron una conferencia para definir los fundamentos de la Ley de Competencia. Su intención no era abogar por la ley, cuya necesidad se daba por sentado, sino definir sus lineamientos técnicos y ahondar en el diseño institucional.

  • Introdujo el presidente Bernardo Arévalo, quien habló de la promesa “incompleta” de la economía de mercado en Guatemala. El presidente estuvo sólo unos minutos, pero dejó una amplia comitiva.
  • El Gobierno se muestra palpablemente entusiasmado. Además de Arévalo, estuvieron presentes, Gabriela García, la ministra de Economía; Samuel Pérez, y Antonio Romero, el viceministro de Inversión y Competencia.
  • Los organizadores también se apoyaron en la salvadoreña Regina Vargas, otrora intendente de Abogacía de la Competencia, y el colombiano Juan David Gutiérrez, profesor de la Universidad de los Andes.

Pormenores. Se discutió la autonomía de la futura Superintendencia de Competencia y la severidad de sus multas. Se hizo hincapié en la independencia de su presupuesto, aunque no se encontró una fórmula para blindar a la agencia de competencia de futuras desnaturalizaciones por parte de un ejecutivo hostil.

  • La autonomía, definida como la independencia de cualquier ministerio, se perfila como una cualidad sine qua non para los propulsores de la ley. Consideran que incluso sus detractores deberían apoyar esta visión, pues sólo así se evitaría la politización de la agencia.
  • En cuanto a las multas, casi todos coincidieron en que deben ser sustanciales, mas no confiscatorias; hablan de disuadir sin quebrar empresas, cosa que disminuiría la competencia. Se propuso una sanción adicional: la inhabilitación para contratar con el Estado.
  • Se abordó un argumento esgrimido en contra de la ley: la falta de recurso humano existente. Esto, concluyeron los ponentes, se resolverá con el tiempo, a medida que surtan efectos los adiestramientos en el extranjero y el propio historial de casos de la agencia de competencia.

Matices. El panel final fue dedicado a los sectores con regulación especial, como lo son el eléctrico, la banca y la industria de telecomunicaciones. Pareció haberse concluido —aunque no unánimemente— que, más allá de sus flaquezas, estas industrias son estratégicas y requieren de más cautela.

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  • En la banca, como se reconoció, la excesiva competencia llevaría a una peligrosa relajación de los criterios crediticios. Por lo demás, en momentos de crisis, el sistema financiero requiere de fusiones y compras de cartera que pueden llevar a grandes concentraciones de cuota de mercado.
  • Durante la conferencia, se habló con frecuencia de los referentes regionales. Esto es lógico: los países latinoamericanos tienen estructuras de mercado más próximas a la guatemalteca, por lo que son mejores modelos.
  • En este caso, sería conveniente estudiar el modelo estadounidense, bajo el cual sólo la División Antimonopolios del Departamento de Justicia —y no la Comisión Federal de Comercio— tiene potestad sobre los sectores mencionados.

El balance. Desde Papúa Nueva Guinea hasta Yemen, la inmensa mayoría de países cuenta con una autoridad de competencia. Los defensores de la ley se amparan en esto para justificar el ímpetu, aunque matizan que no es por “moda”, sino por la necesidad de corregir ineficiencias de mercado y abusos al consumidor.

  • Los organizadores del evento perciben que ha llegado la hora de aprobar la ley. República tiene su sede en Guatemala, y no en Delfos, por lo que no puede predecir el futuro, pero el empuje del Gobierno demuestra que lo consideran posible, si bien no seguro.
  • Los defensores de la ley ya considerarán cansino el argumento de que se necesita una política de competencia antes de legislar, pero algo de cierto tiene: se debe establecer una agencia de competencia para, huelga decirlo, regular la competencia, y no bajo promesas de reducir precios.
  • El punto de partida peca de ambicioso y conduce a la senda de la decepción. La futura agencia de competencia no dará inicio a una reforma íntegra de la sociedad; no hará de Guatemala el País de Jauja. Se ocupará, si es buena, de temas más bien áridos.