La expresidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Irma Palencia, solicitó al juzgado a cargo del proceso en su contra, fijar fecha para escucharla "con garantías, es decir en condiciones dignas, de seguridad y libertad".

En perspectiva. Mediante un extenso texto publicado en su red social X, la magistrada expuso los problemas que afronta debido a que se encuentra con orden de captura y sin poder resolver su situación legal.

• Palencia recordó que se encuentra sin cumplir con sus obligaciones laborales en el TSE porque se inició un proceso penal en su contra por supuestas irregularidades en el ejercicio del cargo.
• "Desde el 10 de enero 2024, en memorial, se solicitó presentarnos voluntaria y espontáneamente, con el propósito de aclarar la situación jurídica derivada del antejuicio y ponerse así a disposición del órgano jurisdiccional contralor, sin que hasta la fecha se haya resuelto y agendado fecha para ese fin", agrega la funcionaria.
• "Sin embargo, la sorpresa fue que, en horas de la madrugada del día siguiente, el MP tramitó órdenes de aprehensión en contra de los cuatro magistrados, en un juzgado de turno y no ante el juez natural, posterior a lo cual el MP la recusó como parte de sus maniobras y prácticas, y actualmente conoce otra juez, sin embargo sigue sistemáticamente el estado de indefensión", enfatiza Palencia.

Por qué importa. El 30 de noviembre de 2023 la mayoría de diputados quitó el antejuicio contra Palencia y los magistrados Ranulfo Rafael Rojas, Gabriel Vladimir Aguilera y Mynor Custodio Franco.

• Son señalados por el Ministerio Público de una supuesta sobrevaloración en la compra del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
• Tras enterarse de la decisión que los dejó sin inmunidad, los funcionarios pidieron vacaciones y se ausentaron de Guatemala. Hasta la fecha se desconoce su paradero
• La Contraloría presentó una denuncia contra estos y otros funcionarios del TSE, por la compra de 8,676 computadoras por valor de Q73.5M. El señalamiento detalla que, de ese lote, 1,251 se usaron para actividades ajenas al proceso electoral, 304 fueron configuradas para el TREP pero no se utilizaron ni enviaron a los centros de votación, 916 solo se usaron para reclutar a digitadores y 606 no fueron utilizadas (están empacadas).