Esta es la segunda parte de la entrevista con el presidente de Cacif, Hermann Girón, quien aborda los retos institucionales y políticos que enfrenta el país y los aportes del sector privado organizado para solucionarlos.

Retos institucionales y políticos

En 2022 se llevan a cabo varias elecciones y nombramientos en instituciones públicas, muchas de las cuales son contrapesos republicanos. ¿Por qué es importante darle seguimiento a estos procesos?

Este ha sido un año especialmente importante en este aspecto. Pocos años reúnen este tipo de procesos tan trascendentales y mediáticos como 2022. Iniciamos con la elección de Fiscal General y Rector de la Usac, pero aún quedan pendientes la elección del Procurador de los Derechos Humanos y Contralor General de Cuentas. Consideramos muy oportuno el interés ciudadano en la cobertura de estos procesos, ya que es fundamental que los buenos ciudadanos participen para que todo transcurra de la mejor manera.

¿Cómo ve cada una de esas elecciones? ¿Cuáles son sus comentarios al respecto?

La elección del Fiscal General del Ministerio Público fue, sin duda alguna, el proceso más mediático de todos. Concluido ese proceso, reiteramos lo que hemos dicho en el pasado, y es que el país necesita un Ministerio Público independiente, eficiente, libre de intereses, que se dedique a realizar la investigación penal de una manera profesional y objetiva. Esto es lo que esperamos de la administración para el nuevo periodo.

Respecto a procesos pendientes, inicio con la elección del Procurador de la PDH. Para dar contexto, quiero recordar que el Cacif se ha pronunciado repetidas veces y actuado legalmente con el objetivo de defender los derechos de todos los guatemaltecos.

Menciono esto, porque hemos visto reiteradas violaciones a los derechos de libre locomoción de miles de guatemaltecos, por parte de personas que se autodenominan manifestantes, pero confunden el derecho de manifestación con el acto ilegal de realizar bloqueos carreteros, dos cosas muy distintas.

Para conocer las dimensiones del problema cito datos de la Subdirección General de Operaciones de la PNC, que identifican que, de un total de 283 protestas realizadas en enero pasado, 253 involucraron el bloqueo de alguna carretera o paso de tránsito, e ilustra que la gran mayoría de protestas, se realizaron en un contexto de violación de los derechos de otros.

En nuestra opinión, es imperativo que el Procurador que sea electo tome acciones que corrijan estas violaciones.

Respecto con la elección del Contralor, igualmente es importante elegir al mejor profesional, pero como hemos indicado en nuestras propuestas, lo más importante es fortalecer la institucionalidad de la Contraloría General de Cuentas.

En el documento “Aportando para un futuro mejor” propusimos elevar la jerarquía de esta institución y ampliar el mandato del contralor, para atribuirle un mayor poder de control sobre la administración pública.

Esta propuesta, que no resonó mucho cuando se propuso en el segundo año de la pandemia, conlleva un trascendental cambio en el alcance de esta importante institución que vela por el balance de los poderes de nuestra República.

Esta propuesta resulta muy interesante, porque se trata de fortalecer la cuentadancia. En ese sentido, ¿qué otros aportes ha hecho el sector empresarial organizado en materia de transparencia?

Justamente el documento que mencionaba anteriormente, “Aportando para un Futuro Mejor” reúne con claridad la postura que tenemos sobre el tema de transparencia. Ahí mismo destacamos que el sector empresarial organizado ha sido uno de los actores sociales guatemaltecos, quizá uno de los primeros, en haber denunciado en su momento y de manera firme la corrupción, así como llevarla al debate público. En ese marco, ha habido un esfuerzo importante por evidenciar el costo social que para el país han significado estas prácticas. Les invito a leer nuestra propuesta, y esto que comento se encuentra en la página 4.

De hecho, el sector privado se pronunció en repetidas ocasiones señalando la importancia de fortalecer la lucha contra la corrupción, encuadrándola en los principios del debido proceso y la presunción de inocencia, y observando que estos dos son principios fundamentales de nuestro marco jurídico que no deben comprometerse.

Además de este documento al que se refiere, ¿qué otros planteamientos han hecho como Cacif?

Nuestro documento “Un nuevo rumbo de nación” incluye una sección dedicada a la lucha contra la corrupción, en este documento se encuentran las propuestas puntuales que hemos hecho para combatir la corrupción:

En el ámbito de la administración pública incluimos propuestas que giran alrededor de la creación de marcos normativos que promuevan la transparencia del funcionario público, eliminen la subjetividad de gestiones de quien utiliza las instituciones públicas. Adicionalmente propusimos normativas que faciliten la recuperación de los resultados de la corrupción y la inhabilitación del ejercicio para cargos públicos de quienes hayan participado en esos actos.

Para las instituciones del estado proponemos la implementación de buenas prácticas y sistemas de gestión que previenen el soborno como puede ser la Norma ISO 37001, y para las empresas que forman parte de nuestras propias entidades gremiales, la adopción de estándares de gobernanza, y protocolos de conducta gremial y empresarial con el apoyo de herramientas como Guate Integra,

Para la ejecución de recursos municipales y de los consejos de desarrollo, que son dos ámbitos más alejados de los órganos de control del estado, proponemos la creación de programas y mecanismos locales de cuentadancia que generen visibilidad ciudadana de la ejecución de fondos en este ámbito tan importante.

A propósito de cargos públicos, el llamado a elecciones está apenas a ocho meses. Ustedes como Cacif tienen el Programa de Observación Electoral. Cuéntenos un poco sobre el rol de este observatorio.

Los procesos electorales democráticos del país constituyen un logro ciudadano que los guatemaltecos debemos preservar en todo momento. Por eso fue constituido el programa de observación electoral o PROE de Cacif, que ha atendido y observado varios procesos electorales, tanto en Guatemala como en países vecinos.

Desde esa instancia, concluido el proceso electoral de 2019, observamos que el mismo tuvo varios problemas derivados de una mal lograda reforma a la ley electoral en el 2016.

Esta situación fue igualmente observada por el Tribunal Supremo Electoral, el cual emitió una serie de recomendaciones de mejoras para la normativa electoral y que se encuentran en el congreso pendientes de dictamen y aprobación.

Consideramos que aún hay tiempo para que se realicen los cambios necesarios a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, principalmente en lo que refiere a fortalecimiento de las capacidades y alcances del Tribunal Supremo Electoral, así como la corrección de fallas en la normativa con relación a la propaganda y financiamiento electoral. Todo esto, con el objetivo de tener en 2023 un mejor proceso electoral al de 2021.

¿Qué expectativas tienen ustedes de este proceso?

Recientemente hemos escuchado especulaciones de varias personas que opinan sobre una confabulación con el objetivo de promover el fraude electoral en siguientes elecciones. Creo que más que criticar y especular, debemos tomar acciones para garantizar que el proceso se lleve a cabo con la mayor transparencia y que el resultado sea la elección de las autoridades que nuestra ciudadanía elija.

Para lograr este objetivo es importante contar con una Ley Electoral que contemple las lecciones aprendidas en las elecciones pasadas; asimismo, tener un Tribunal Supremo Electoral fuerte e independiente que haga cumplir la ley, y una amplia oferta de buenos candidatos a los puestos de elección, así como una participación amplia de votantes el día de las elecciones. Todo ello, con la observancia y auditoría de miles de guatemaltecos que participen en las Juntas Receptoras de Votos el día de las elecciones.

Más que hablar de lo que puede suceder, desde el sector empresarial organizado y representado por Cacif estamos tomando acciones para promover la integridad del proceso electoral.