Ante el vencimiento de la Lista Engel, la política de persecución de EE. UU. se ha vuelto más agresiva contra la corrupción en Centroamérica. 

Panorama general. La lucha contra la corrupción por parte de EE. UU. —fuera de sus fronteras— ha contado con varias herramientas jurídicas y diplomáticas para perseguir a personas presuntamente involucradas en casos de corrupción y violaciones de derechos humanos a nivel global. La Ley de Prevención de la Extorsión Extranjera (FEPA, por sus siglas en inglés) vigente desde el 14 de diciembre de 2023, es la más reciente arma del poder hegemónico regional.  

• FEPA forma parte de un marco jurídico dónde se encontraban la Ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos (2012) y la Lista de Actores Corruptos y Anti Democráticos: la Lista Engel (2020).  
   

  SUSCRIBITE A NUESTRO NEWSLETTER DE POLÍTICA

• Mientras que FEPA y la Ley Magnitsky tienen un carácter global, la Lista Engel estaba exclusivamente enfocada en los países del Triángulo Norte y, desde 2022, Nicaragua.  

Hemeroteca. Los esfuerzos anticorrupción han formado parte importante de la historia del llamado Triángulo Norte durante el siglo XXI, con esfuerzos como la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG); la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES). No obstante, tanto por la injerencia internacional como por los vicios de dichas instituciones y el rechazo de la clase política hacia las mismas, todos esos experimentos fracasaron y desaparecieron.  

• Si bien los esfuerzos por la lucha contra la corrupción en la región han sido un fracaso, demostraron que las élites políticas internacionales tienen un interés particular por el tema.  
   

• En 2020, el Congreso de EE. UU. aprobó la “United States–Northern Triangle Enhanced Engagement Act” iniciativa del excongresista demócrata, Eliot Engel, (razón por la que se le conoce como Lista Engel) para crear una lista con nombres de personas que han cometido, presuntamente, actos de corrupción o de socavamiento democrático en el Triángulo Norte.  
   

• Las investigaciones eran realizadas por el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) de los EE. UU., lo que implicaba –entre otras– sanciones como la revocatoria de visa a los señalados.  

Entre líneas. La Lista Engel expiró el 27 de diciembre de 2023, cuando venció su plazo establecido en 2020. Esta fue criticada por el exembajador de EE. UU. en Alemania, Richard Grenell, quien la tildó de haber sido instrumentalizada por los demócratas como un arma ideológica, abusando de ella y poniendo la política por encima de los hechos. Las investigaciones del DOS no permitían a los acusados el derecho de defensa y de debido proceso, lo que les sometía a condenas sin siquiera haber sido juzgados.  

• No solo violaba la presunción de inocencia, sino que, al ser señalado en la lista, la opinión general condenaba a esa persona: estrategia similar a la de CICIG, en su momento.  
   

• La instrumentalización de la lista en contra de los enemigos políticos del DOS restó valor a algunos señalamientos legítimos pero que, incluso en esos casos, debía existir el derecho a un juicio.  
   

• La lista fue perdiendo fuerza en la medida que se cuestionó su legitimidad, sin embargo, no se le dejó expirar por nada. Detrás de ella estaba ya un instrumento más potente.  

Por qué importa. Tanto la Ley Magnitsky como la FEPA, aparte de ser de alcance global, involucran medidas mucho más severas en contra de las personas que son sancionadas por ellas —siempre, sin derecho de defensa—. Con FEPA aprobada solamente 13 días antes del vencimiento de la Lista Engel, EE. UU. evitó ese vacío de poder. La nueva ley permite al país llevar a cabo juicios a extranjeros e imponer multas de hasta US$250,000 y condenas de hasta 15 años.  

• Por otro lado, la Ley Magnitsky persigue personas o empresas con señalamientos de participar en delitos de corrupción y violación de derechos humanos y les incluye en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés). 
   

• La sanción les congela a los señalados cualquier bien que tengan en EE. UU. y se le prohíbe a cualquier ciudadano o empresa estadounidense hacer negocios con los sancionados.  

El balance. Si bien, muchas personas involucradas en actos de corrupción han sido sancionados por EE. UU., la presunción de inocencia, a la defensa y a un juicio justo son derechos humanos. El gobierno de Biden ha utilizado el pretexto de la lucha contra la corrupción como una estrategia diplomática de poder blando, con el fin de intimidar a enemigos políticos en el extranjero y prevalecer su agenda.  

• La finalidad –formal– de la Lista Engel era combatir la corrupción, promover el desarrollo económico, mejorar la seguridad ciudadana y fortalecer las instituciones democráticas en el Triángulo Norte.  
   

• Tras su vencimiento, es posible argumentar que su supuesto objetivo fracasó. La estrategia sigue siendo la misma, aunque cambie el instrumento utilizado, a pesar de haber sido inútil para los fines que se creó.