La residencia indefinida de Ricardo Martinelli en la embajada de Nicaragua en Panamá es solamente un caso más de una política diplomática crucial para Ortega. 

Panorama general. El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, fue condenado en julio de 2023 a 10 años y medio de prisión y a pagar más de US$ 19.2 millones en multas por lavado de dinero. La sentencia fue ratificada el pasado 2 de febrero, tras un fallo judicial que rechazó la apelación presentada por Martinelli. Pocos días después, se supo que el exmandatario estaba refugiado en la embajada de Nicaragua en Panamá.  

• Su vocero, Luis Eduardo Camacho, informó que permanecerá en la sede diplomática hasta que se le otorgase un salvoconducto para salir del país.  

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• El gobierno rechazó la solicitud y comunicó que “toda acción, declaración o comunicación que realice (Martinelli) desde la sede diplomática y repercuta o impacte en la política doméstica de Panamá será considerada una injerencia en los asuntos internos de nuestro país y, por tanto, generará consecuencias diplomáticas”. 

Cómo funciona. La dictadura nicaragüense ha justificado su auxilio “de conformidad con la Convención sobre Asilo de 1928 y la Convención sobre Asilo Político de 1933”. La cancillería de ese país también afirmó que “el asilo es una institución de carácter humanitario y que todas las personas pueden estar bajo su protección, sin distingo de nacionalidad” para justificar su permanencia en su sede diplomática.  

• Martinelli es solamente un nombre en una larga lista de prófugos y convictos que han encontrado santuario en Nicaragua.  

En perspectiva. Los dos casos más emblemáticos, previos al de Martinelli, son los de Carlos Mauricio Funes Cartagena y Salvador Sánchez Cerén, expresidentes de El Salvador en los periodos 2009-2014 y 2014-2019, respectivamente. El experiodista y el exguerrillero son perseguidos en El Salvador por casos de corrupción entre 2009 y 2014. Funes ha sido condenado a 14 años de prisión por haber negociado con las pandillas y a una multa de más de US$ 206 mil por enriquecimiento ilícito. 

• Por su parte, Sánchez Cerén ha sido enviado a juicio por haberse apropiado, presuntamente, US$ 530 mil durante su periodo como vicepresidente (2009-2014), a través de la partida secreta del Estado. 

• Ninguno de ellos se ha presentado ante la justicia y han encontrado la seguridad como fugitivos en Nicaragua.  

• Además de Funes y Sánchez Cerén, en Nicaragua también se encuentran exfuncionarios del gobierno de Juan Orlando Hernández (Ebal Díaz Lupián y Ricardo Cardona López) y el guatemalteco Gustavo Herrera. Todos huyen de casos de corrupción en sus países.  

Entre líneas. La práctica no es nueva. Nicaragua ha sido un “paraíso para corruptos” desde la caída de Anastasio Somoza. El régimen sandinista dio asilo a personajes como Pablo Escobar y su socio Carlos Lehder; Alessio Casimirri, actual dueño de un restaurante en Nicaragua y asesino del ex primer ministro italiano Aldo Moro; Mario Eduardo Firmenich, líder de la asociación criminal Los Montoneros en Argentina; exmiembros de ETA (España) y de las FARC (Colombia).  

• Ortega ha albergado a políticos corruptos, asesinos, terroristas y narcotraficantes, hasta hace poco, todos de izquierda.  

• No obstante, la protección a Martinelli y a los exfuncionarios hondureños ha roto el paradigma. 

• Nicaragua ofrece la nacionalidad y la posibilidad de nunca ser extraditados como una manera de mantener alianzas clave para la supervivencia de su régimen.  

Por qué importa. Ortega ha entendido que no puede darse el privilegio de discriminar a sus huéspedes. El régimen envía un mensaje claro y contundente a todos los actuales funcionarios que, en un futuro, tendrán un paraíso para escapar de la justicia en sus propios países. En la Nicaragua de Ortega y Murillo caben todos, por lo que, ha encontrado la manera de servir como una dictadura útil para todos sus vecinos.  

• De acuerdo con el medio El Confidencial, Ortega ha regalado —ilegalmente— la nacionalidad nicaragüense a más de 130 aliados perseguidos en sus países de origen. Paralelamente, el mismo régimen ha despojado de su nacionalidad a más de 300 nicaragüenses opositores a su dictadura.  

• El paraíso criminal de la dictadura de Ortega es un seguro de vida para políticos corruptos en la región y el poder de esos políticos mientras están en funciones es un seguro de vida para Ortega.