El presidente Alejandro Giammattei se pronunció en contra de la Ley para la Protección de la Vida y la Familia, a pesar que su aprobación coincidió con la declaratoria de Guatemala como Capital Provida de Iberoamérica, posición moral por la cual muestra reacia defensa. 

Del Decreto 18-2022, el mandatario consideró que tiene deficiencias técnicas y su anuncio se resume en cinco frases: 

Y en efecto, el proyecto de ley fue presentado en 2017, desempolvado en 2018 y con un intento de discutirlo en tercer debate en 2019, pero aprobado hasta el 8 de marzo de 2022 por el bloque oficialista y sus aliados en el Congreso, según la bitácora del Congreso de la República. 

Una de ellas es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, que en el artículo 16, inciso e). Ordena que una de las medidas adecuadas es la mujeres tengan los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos. 

Asimismo, el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.

Por ejemplo, el artículo 35, derecho a la libertad de expresión, según el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Luis Fernández Molina. "La nueva Ley establece la prohibición en centros escolares a dar una educación sexual sin una línea frontera hacia la explicación biológica humana", añadió. 

Mientras que la organización, Mujeres Transformando el Mundo (MTM) refirió el artículo 46 de la Constitución que establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno.

Lo relacionado al aborto doloso (el intencional) y el culposo (sin intención) en la nueva ley es una deficiencia técnica y viola el principio de inocencia, añadió Fernández Molina. "Si por algún esfuerzo, una mujer tiene un aborto podría quedar bajo investigación y ser culpable". 

La recomendación que realiza Giammattei es una clara injerencia de poderes aseveró el exmagistrado. "Lo que pide el Presidente procesalmente es imposible. Se debe cumplir con el protocolo y el Congreso enviar la Ley al Ejecutivo para el veto", enfatizó.

Lo anterior, por sobre el antecedente que hay en el Congreso de cuando los diputados archivaron la Ley de Presupuesto de 2021, por las jornadas de manifestaciones a partir del 21 de noviembre de 2020 y que evolucionaron en la exigencia de la renuncia de Giammattei. 

Finalmente, enviado el Decreto al Ejecutivo, deberá explicar el por qué del veto general de la Ley.