La iniciativa de ley que pretende habilitar la vía para destituir a la fiscal general, Consuelo Porras, tiene fallas legales y genera dudas.  

• La propuesta busca modificar el artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (MP). En 2016 los diputados –bajo presión de la CICIG y la embajada de Estados Unidos– cambiaron la ley y le quitaron la potestad al presidente para remover al Fiscal General. Lo hicieron para proteger a Thelma Aldana.
• Con el cambio realizado hace ocho años, los congresistas ponentes consideran que es "imposible" destituir al jefe del MP. Con Aldana no tenían problema en que la regulación fuera así, pero con Consuelo Porras sí consideran que el mandatario Bernardo Arévalo debe poder despedirla. Posiciones incoherentes.
• La jefa del MP abrió investigaciones contra el partido Movimiento Semilla que llevó al poder a Arévalo. Además, tramitó solicitudes de antejuicio contra el gobernante y otros miembros de esa organización por presuntas ilegalidades en la conformación del partido y lavado de dinero.

Por qué importa. No hay duda de que la iniciativa está dirigida contra Porras. Los legisladores que plantean las reformas la señalan cometer "interferencia en las funciones constitucionales".  

• "La Fiscal General ha cometido manifiesta interferencia en las funciones constitucionales (sic) del Tribunal Supremo Electoral. Ha profanado la voluntad popular manifiesta en las urnas y de cuya legalidad y pureza han sido testigos cientos de Juntas Electorales...", indican los parlamentarios.
• "Comete acciones que ameritan su remoción del cargo", agregan, Pero insisten en que con la ley actual no puede ser destituida.
• "En esta norma tal y como se encuentra, establece una causa muy difícil o imposible de concretarse". Por lo tanto, piden la reforma y que se amplíen los hechos por los cuales se puede dar por terminada la gestión de la jefa del MP.

Sí, pero. Los cinco ponentes agregan que, aparte de la "comisión de un delito doloso durante el ejercicio de su función", un Fiscal General también puede ser removido por temas políticos o inconformidades con su desempeño.

• "Cuando en ejercicio de su cargo o a través de sus instancias, atente contra el orden constitucional, cause ingobernabilidad, atente al sistema político y económico nacional, al Estado de Derecho, la independencia de poderes y rechazo social", dice la iniciativa.
• La reforma no queda ahí; otro medio para iniciar el proceso de destitución del jefe del MP es mediante la presentación de cinco mil firmas de ciudadanos.
• En ese caso otras entidades como la Corte de Constitucionalidad (CC) y el MP, confirmarían si el funcionario cometió esas fallas. Mientras tanto, quedaría suspendido provisionalmente de su cargo. De ser aprobada, devendría inconstitucional, pues la CC no realiza investigaciones.

En perspectiva. La primera falla legal es que de nuevo se pretende realizar una reforma a conveniencia de las circunstancias políticas y según el agrado de un organismo del Estado, como en 2016.

• Si el bloque oficialista logra su cometido, el presidente Arévalo tendrá "sus" fiscales generales hasta 2028, pero cuando asuma el próximo gobernante, también cesará al que esté y nombrará al de su agrado o conveniencia.
• El tema de que los periodos del Fiscal General y el Presidente de la República no coincidan, perderá su razón de ser según lo establecido por los constitucionalistas. Se perderá el balance de poder y sería un error político, comentó un diputado que prefirió no ser citado.
• La pretensión oficialista enfrenta un problema: la reforma legal no tendría carácter retroactivo. Aplicaría para el siguiente periodo constitucional. Sin embargo, esta es la opinión de algunos abogados; el Organismo Ejecutivo y sus aliados en el Congreso podrían pretender pasar por alto tal limitante. El asunto tiene visos de ser dirimido por la CC.

En conclusión. El primer paso para intentar destituir a Porras ya fue dado. La iniciativa 6300 fue enviada por la Directiva del Congreso –presidida por Nery Ramos y afín al partido Semilla– a la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional. Aunque es potestad del pleno esa decisión, resulta sospechosa.

• La propuesta se remitió a esta comisión a cargo del partido Azul que llevó al Organismo Legislativo a Ramos. Se supone que con ello los oficialistas y sus allegados buscan asegurar un dictamen favorable. Que pase sin trabas al pleno.
• En situaciones "normales" la iniciativa debió ser enviada a la Comisión de Reformas al Sector Justicia, que presidirá un diputado del Partido Unionista. O también pudo ser remitida a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, pero esta es una de las cuatro que Semilla se "guardó" porque todavía no tiene definido a quién confiarlas.
• Así, la iniciativa contra la Fiscal General arranca un camino que encontrará obstáculos legales. Además, traerá un desgaste político al gobierno de Arévalo que no está dispuesto a esperar dos años para “despedir” a Consuelo Porra