Durante tres meses y medio los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) –Irma Palencia, Gabriel Aguilera, Ranulfo Rojas y Mynor Franco– se ausentaron de sus labores tras perder la inmunidad.

• Al quedar sin protección legal –el 30 de noviembre de 2023– los funcionarios optaron dejar sus labores. Existía temor de que se emitiera una orden de captura en su contra. Por ello pidieron permiso primero –y después vacaciones– y abandonaron Guatemala.
• El Ministerio Público presentó una solicitud de antejuicio contra los cuatro porque consideró que hubo irregularidades en la compra del sistema informático de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), utilizado en las Elecciones Generales de 2023.
• El 14 de marzo de 2024, de manera inesperada, los magistrados se presentaron al Juzgado Pluripersonal Duodécimo de Primera Instancia Penal para resolver su situación legal. La jueza los ligó a proceso por el delito de fraude y les concedió una medida sustitutiva de la cárcel y fianza de Q100 mil.

Panorama general. De los cuatro magistrados, tres aceptaron hablar de cuestiones generales sobre su salida del país. Dos confirmaron que cuando el Congreso los despojó de la inmunidad, tomaron su equipaje y salieron rumbo a El Salvador.

• Consideraron que la frontera terrestre era más segura para alejarse de la persecución penal del Ministerio Público (MP). Uno de los funcionarios permaneció más tiempo en el vecino país. Otro viajó a Estados Unidos donde familiares le abrieron la puerta de su casa para refugiarse.
• Fueron días de angustia y de incertidumbre. Lo vivido impactó tanto en sus vidas, la de sus seres queridos y no digamos en el proceso electoral reciente de Guatemala, que uno de ellos está decidido a publicar un libro para detallar todo lo que aconteció.
• Cuando decidieron volver, en sus planes estaba que podrían ser capturados al intentar ingresar en el país. Sabían del riesgo, pero ya estaban decididos a comparecer al juzgado.

Sí, pero. Los magistrados, aunque lejos y en diferentes lugares, no perdieron la comunicación para definir su defensa legal. Contrataron a un abogado, el experimentado en derecho penal César Calderón, para tomar la defensa de los cuatro.

• El viernes 5 de enero habían decidido presentarse al juzgado. Ya todo estaba acordado, pero los detuvo una consideración final. Pensaron que al llegar a los tribunales serían capturados y ello complicaría el traspaso del mando presidencial del 14 de enero.
• Decidieron que lo más adecuado sería unos días después de que el nuevo gobierno tomara el mando. Sin embargo, antes del traspaso de autoridades se dio a conocer que ya tenían orden de captura y ello los obligó a replantear la ruta jurídica.
• De la extensa acusación del MP –contenida en cientos de folios– uno de ellos dice que "no tienen nada". Confían en que en la etapa intermedia se demostrará que no existe evidencia para ser enviados a juicio.  

Hemeroteca. Por el TREP, el Tribunal Supremo Electoral, pactó en pagar Q148 millones. Según una denuncia particular, este monto está sobrevalorado y por ello se habla de un posible fraude.

• Además de la denuncia por posibles irregularidades en la adquisición del TREP, la Contraloría presentó otro caso penal contra los magistrados. El caso es por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. Uno de los señalamientos es que compraron 8,676 computadoras por valor de Q73.5M. De ese lote, 1,251 se usaron para actividades ajenas al proceso electoral, 304 fueron configuradas para el TREP, pero no se utilizaron ni enviaron a los centros de votación.
• Otros hallazgos son que hubo falta y deficiente planificación en la compra del sistema informático. El TSE dispuso de Q500 millones y todo el 2022 para realizar el proceso, pero lo inició hasta diciembre de ese año.
• El contrato indica que el proveedor debió entregar el "código fuente" y una licencia de uso "perpetuo" del programa informático ofertado, pero la empresa PoderNet (subcontratada por Datasys) "se reserva los derechos de autor sobre el programa. El TSE en realidad recibió una copia del código fuente y no es dueño exclusivo del mismo.

En conclusión. Los magistrados tratan de retomar la agenda que quedó pendiente, debido a que durante tres meses no se integró el pleno. Ahora se concentran en apoyar el trabajo de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral (CAME).

• En estos encuentros –donde participan políticos y organizaciones de la sociedad civil– es común escuchar palabras de apoyo para los funcionarios que se muestran confiados, aunque prefieren no hablar más de la cuenta.
• Blanca Alfaro, presidenta del TSE, dijo que espera que el proceso contra los magistrados sea "objetivo, con unas reglas donde se pondere la justicia, no la venganz