Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidieron retirar la inmunidad al magistrado de la Sala Regional Mixta de Quiché, Erick Santiago de León, acusado por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de haber pedido un soborno millonario a una empresa para favorecerla en un fallo.
De acuerdo con la investigación, el acto de corrupción habría ocurrido cuando el magistrado integraba la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Civil. Luego de la decisión de los magistrados de la CSJ, la fiscalía tiene libertad de hacer algún requerimiento para iniciar un proceso penal en contra del señalado.
Además del magistrado, por este caso hay dos personas involucradas; entre ellas, un abogado que se encuentra a la espera que el juez determine si enfrenta juicio por tráfico de influencias.
“Comisiones” para rebaja de multas en el OJ
Los abogados Samuel Enrique Alvarado López y Eliot Imeri Díaz fueron capturados el 9 de octubre, luego que el Ministerio Público (MP) y la CICIG denunciaron una red de corrupción en el Organismo Judicial (OJ). Por la misma razón se presentó una solicitud de antejuicio contra el magistrado Vocal II de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del ramo Civil, Erik Gustavo Santiago de León.
Dicha red de corrupción evidenciaría los acuerdos con jueces y magistrados para lograr sentencias a favor de quienes pagan dinero a los juzgadores para dictar sentencias en determinado sentido. Según la denuncia, la red estaría integrada por varios funcionarios públicos, abogados y otros particulares que efectúan cobros a procesados a cambio de favorecer sus intereses en los tribunales.
La denuncia fue presentada el 25 de septiembre en la CICIG por un ciudadano afectado. A través del seguimiento, a Alvarado e Imeri se documentaron los arreglos ilícitos y cómo habrían contactado al magistrado Erik Gustavo Santiago de León. Según la fiscal general, Thelma Aldana, la investigación de este caso reveló cómo una persona por cuyo negocio obtuvo sentencia de Q93 millones por causas civiles negoció una “comisión” de aproximadamente Q10 millones para lograr una rebaja de la multa en Q3 millones.”
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidieron retirar la inmunidad al magistrado de la Sala Regional Mixta de Quiché, Erick Santiago de León, acusado por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de haber pedido un soborno millonario a una empresa para favorecerla en un fallo.
De acuerdo con la investigación, el acto de corrupción habría ocurrido cuando el magistrado integraba la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Civil. Luego de la decisión de los magistrados de la CSJ, la fiscalía tiene libertad de hacer algún requerimiento para iniciar un proceso penal en contra del señalado.
Además del magistrado, por este caso hay dos personas involucradas; entre ellas, un abogado que se encuentra a la espera que el juez determine si enfrenta juicio por tráfico de influencias.
“Comisiones” para rebaja de multas en el OJ
Los abogados Samuel Enrique Alvarado López y Eliot Imeri Díaz fueron capturados el 9 de octubre, luego que el Ministerio Público (MP) y la CICIG denunciaron una red de corrupción en el Organismo Judicial (OJ). Por la misma razón se presentó una solicitud de antejuicio contra el magistrado Vocal II de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del ramo Civil, Erik Gustavo Santiago de León.
Dicha red de corrupción evidenciaría los acuerdos con jueces y magistrados para lograr sentencias a favor de quienes pagan dinero a los juzgadores para dictar sentencias en determinado sentido. Según la denuncia, la red estaría integrada por varios funcionarios públicos, abogados y otros particulares que efectúan cobros a procesados a cambio de favorecer sus intereses en los tribunales.
La denuncia fue presentada el 25 de septiembre en la CICIG por un ciudadano afectado. A través del seguimiento, a Alvarado e Imeri se documentaron los arreglos ilícitos y cómo habrían contactado al magistrado Erik Gustavo Santiago de León. Según la fiscal general, Thelma Aldana, la investigación de este caso reveló cómo una persona por cuyo negocio obtuvo sentencia de Q93 millones por causas civiles negoció una “comisión” de aproximadamente Q10 millones para lograr una rebaja de la multa en Q3 millones.”