El antejuicio planteado contra el presidente Otto Pérez Molina, representaría una derrota al proyecto político del Partido Patriota, que tomó posesión en enero 2012 y ahora, se prevé una salida inminente del mandatario, situación que debería representar un fortalecimiento del orden constitucional, coinciden expertos.
Este proceso que se lleva en contra del presidente permitirá abrirle o no una causa penal por las acusaciones que fueron presentadas por el diputado Amilcar Pop de Winaq, y que fueron suficientes para que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) diera trámite a la petición de antejuicio.
Lo que suceda de ahora en adelante será un parteaguas y podría sacar al país de la crisis política institucional en la que se encuentra a partir del descubrimiento de una estructura que se dedicaba a la defraudación aduanera, y que fue desarticulizada por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
El escándalo derivó en una serie de protestas sociales que dieron paso a la renuncia de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, y la persecusión de su exsecretario privado Juan Calos Monzón, a quien se le sindica de estar al frente de dicha mafia y quien de momento se encuentra prófugo de la justicia.
En dicha investigación, hay indicios que involucran a la exvicepresidenta en la estructura en mención y los delitos que se le atañen al presidente, según el diputado Pop, son encubrimiento propio, enriquecimiento y asociación ilícita y falsedad.
“Le he apostado a la institucionalidad de la justicia, hemos luchado por la independencia judicial”, aseveró. El legislador este viernes recibió un vehículo blindado para su protección personal y denunció amenazas de muerte.
Estabilidad institucional
El abogado constitucionalista Gabriel Orellana, dijo que el juicio político fundamentalmente es una expresión tomada del inglés que no es adecuado, porque el concepto prácticamente es la negación de un principio acorde al debido proceso.
“Aquí lo que se está hablando es de una etapa previa al enjuiciamiento, algo parecido a la extradición. El Congreso no se va a pronunciar en el sentido de decir si el presidente es culpable o no de los delitos que se le imputan, sino que únicamente señalará lo que a su juicio, son los hechos que sustentan la acusación y si amerita que se le juzgue”, expuso Orellana.
Según el constitucionalista, si el dictamen es favorable para que se le procese, pasa a los tribunales y deja la responsabilidad al juez o tribunal que tenga a su cargo el caso quien tendría que resolver.
Además, refiere que el antejuicio planteado representa para Pérez Molina el retiro de la credibilidad. “Tan solo el hecho de que tenga un antejuicio en trámite pone al mandatario en una situación precaria, pero lo más grave es que pone en juego la estabilidad de las instituciones del país”, refirió.
Por ejemplo, en Panamá se ha empezado un proceso en contra del quien fue presidente de esa República “Es muy difícil que en un país donde la clase política tiene cierto sentido de responsabilidad ocurra esto, porque el principal damnificado con una situación como esta es el propio país”, agregó el constitucionalista.
De acuerdo con Orellana, la comisión pesquisidora y de quienes lo conforman deberían ser rígidos en la investigación, sin embargo, señala que aquí en Guatemala, en el Congreso de la República, los diputados son “carentes de todo principio ético, moral y jurídico”. No es de extrañar que en un momento dado haya una danza de millones para evitar que este proceso continúe o en el mejor de los casos, dejarlo paralizado hasta que termine el periodo.
Derrota política
Edgar Gutiérrez, director del Instituto de Problemas Nacionales de la Usac (IPNUSAC), indicó que a los políticos para hacerles un juicio penal primero se les hace uno de tipo político, porque quien decide o no si se les despoja de la inmunidad es el Congreso y quienes lo integran no son jueces, sino políticos.
El analista dice que en los tribunales de justicia no se le juzgará al presidente políticamente sino se hará de forma penal y se califica el fundamento de las demandas penales. En esta crisis lo significa el antejuicio al presidente es el fin de su gobierno si dan con lugar el retiro de la inmunidad, pero también significa estar los seis meses restantes en una situación precaria y de rechazo de la población.
El politólogo coincide con que el antejuicio representa una derrota política para el mandatario y constituye “el fracaso de un proyecto político”. Añade que en este caso, no se está hablando de una coalición de oposición detrás del juzgamiento o de la renuncia del presidente sino de varios movimientos sociales sin organización y espontáneos; es decir, que la derrota no es ante un contrincante o adversario político, sino frente a la ciudadanía.
Según Gutiérrez, la comisión pesquisidora deberá de reunir los elementos de juicio para dar las mejores recomendaciones al pleno del Congreso “pensar que la decisión que ellos –comisión pesquisidora- adopten será la que permita ir recuperando la confianza que ya se perdió de la población en los politos”.
Comisión pesquisidora
La comisión pesquisidor que dará trámite al antejuicio planteado en contra del presidente Otto Pérez Molina está conformada por tres diputados de la bancada Libertad Democrática Renovada (Lider), un diputado del Partido Patriota (PP) y otro de Compromiso, Renovación y Orden (CREO).
La elección, por medio de sorteo, estuvo a cargo de los diputados Luis Pedro Álvarez, de Encuentro por Guatemala (EG) y Manuel Villacorta, de Visión con Valores (VIVA), quienes por medio de un tómbola definieron que Baudilio Hichos, de Lider, será el presidente de dicha instancia.
El resto de integrantes son Hugo Fernando García y Armando Chun, ambos de Lider, junto a Mario Linares del Partido Patriota (PP) y Hugo Morán, de Compromiso, Renovación y Orden (CREO).
Hichos es legislador desde hace 21 años, y reconoció que fue el operador de ese partido político en la elección de magistrados de salas de Apelaciones y de la CSJ, lo cual — según sus palabras — se hizo en alianza con el PP, según el diario Prensa Libre.
Consultado por Repúblicagt, el presidente de la pesquisidora afirmó que hoy sábado se llevará a cabo la primera reunión de la Comisión Pesquisidora y allí se definirá una hoja de ruta para escuchar a las partes involucradas en el proceso.
Hichos fue subdirector de la Guardia de Hacienda en tiempos de Lucas García. Comenzó su carrera como diputado el 13 de septiembre de 1994. Ha militado en la Unión del Centro Nacional, el Frente Republicano Guatemalteco, y ahora en Lider.
La comisión pesquisidora debe presentar un informe al pleno del Legislativo para que los diputados a su vez, con 105 votos avalen o no el informe presentado por dicha instancia y de eso dependería si se retira o no la inmunidad al presidente de la República.
El antejuicio planteado contra el presidente Otto Pérez Molina, representaría una derrota al proyecto político del Partido Patriota, que tomó posesión en enero 2012 y ahora, se prevé una salida inminente del mandatario, situación que debería representar un fortalecimiento del orden constitucional, coinciden expertos.
Este proceso que se lleva en contra del presidente permitirá abrirle o no una causa penal por las acusaciones que fueron presentadas por el diputado Amilcar Pop de Winaq, y que fueron suficientes para que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) diera trámite a la petición de antejuicio.
Lo que suceda de ahora en adelante será un parteaguas y podría sacar al país de la crisis política institucional en la que se encuentra a partir del descubrimiento de una estructura que se dedicaba a la defraudación aduanera, y que fue desarticulizada por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
El escándalo derivó en una serie de protestas sociales que dieron paso a la renuncia de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, y la persecusión de su exsecretario privado Juan Calos Monzón, a quien se le sindica de estar al frente de dicha mafia y quien de momento se encuentra prófugo de la justicia.
En dicha investigación, hay indicios que involucran a la exvicepresidenta en la estructura en mención y los delitos que se le atañen al presidente, según el diputado Pop, son encubrimiento propio, enriquecimiento y asociación ilícita y falsedad.
“Le he apostado a la institucionalidad de la justicia, hemos luchado por la independencia judicial”, aseveró. El legislador este viernes recibió un vehículo blindado para su protección personal y denunció amenazas de muerte.
Estabilidad institucional
El abogado constitucionalista Gabriel Orellana, dijo que el juicio político fundamentalmente es una expresión tomada del inglés que no es adecuado, porque el concepto prácticamente es la negación de un principio acorde al debido proceso.
“Aquí lo que se está hablando es de una etapa previa al enjuiciamiento, algo parecido a la extradición. El Congreso no se va a pronunciar en el sentido de decir si el presidente es culpable o no de los delitos que se le imputan, sino que únicamente señalará lo que a su juicio, son los hechos que sustentan la acusación y si amerita que se le juzgue”, expuso Orellana.
Según el constitucionalista, si el dictamen es favorable para que se le procese, pasa a los tribunales y deja la responsabilidad al juez o tribunal que tenga a su cargo el caso quien tendría que resolver.
Además, refiere que el antejuicio planteado representa para Pérez Molina el retiro de la credibilidad. “Tan solo el hecho de que tenga un antejuicio en trámite pone al mandatario en una situación precaria, pero lo más grave es que pone en juego la estabilidad de las instituciones del país”, refirió.
Por ejemplo, en Panamá se ha empezado un proceso en contra del quien fue presidente de esa República “Es muy difícil que en un país donde la clase política tiene cierto sentido de responsabilidad ocurra esto, porque el principal damnificado con una situación como esta es el propio país”, agregó el constitucionalista.
De acuerdo con Orellana, la comisión pesquisidora y de quienes lo conforman deberían ser rígidos en la investigación, sin embargo, señala que aquí en Guatemala, en el Congreso de la República, los diputados son “carentes de todo principio ético, moral y jurídico”. No es de extrañar que en un momento dado haya una danza de millones para evitar que este proceso continúe o en el mejor de los casos, dejarlo paralizado hasta que termine el periodo.
Derrota política
Edgar Gutiérrez, director del Instituto de Problemas Nacionales de la Usac (IPNUSAC), indicó que a los políticos para hacerles un juicio penal primero se les hace uno de tipo político, porque quien decide o no si se les despoja de la inmunidad es el Congreso y quienes lo integran no son jueces, sino políticos.
El analista dice que en los tribunales de justicia no se le juzgará al presidente políticamente sino se hará de forma penal y se califica el fundamento de las demandas penales. En esta crisis lo significa el antejuicio al presidente es el fin de su gobierno si dan con lugar el retiro de la inmunidad, pero también significa estar los seis meses restantes en una situación precaria y de rechazo de la población.
El politólogo coincide con que el antejuicio representa una derrota política para el mandatario y constituye “el fracaso de un proyecto político”. Añade que en este caso, no se está hablando de una coalición de oposición detrás del juzgamiento o de la renuncia del presidente sino de varios movimientos sociales sin organización y espontáneos; es decir, que la derrota no es ante un contrincante o adversario político, sino frente a la ciudadanía.
Según Gutiérrez, la comisión pesquisidora deberá de reunir los elementos de juicio para dar las mejores recomendaciones al pleno del Congreso “pensar que la decisión que ellos –comisión pesquisidora- adopten será la que permita ir recuperando la confianza que ya se perdió de la población en los politos”.
Comisión pesquisidora
La comisión pesquisidor que dará trámite al antejuicio planteado en contra del presidente Otto Pérez Molina está conformada por tres diputados de la bancada Libertad Democrática Renovada (Lider), un diputado del Partido Patriota (PP) y otro de Compromiso, Renovación y Orden (CREO).
La elección, por medio de sorteo, estuvo a cargo de los diputados Luis Pedro Álvarez, de Encuentro por Guatemala (EG) y Manuel Villacorta, de Visión con Valores (VIVA), quienes por medio de un tómbola definieron que Baudilio Hichos, de Lider, será el presidente de dicha instancia.
El resto de integrantes son Hugo Fernando García y Armando Chun, ambos de Lider, junto a Mario Linares del Partido Patriota (PP) y Hugo Morán, de Compromiso, Renovación y Orden (CREO).
Hichos es legislador desde hace 21 años, y reconoció que fue el operador de ese partido político en la elección de magistrados de salas de Apelaciones y de la CSJ, lo cual — según sus palabras — se hizo en alianza con el PP, según el diario Prensa Libre.
Consultado por Repúblicagt, el presidente de la pesquisidora afirmó que hoy sábado se llevará a cabo la primera reunión de la Comisión Pesquisidora y allí se definirá una hoja de ruta para escuchar a las partes involucradas en el proceso.
Hichos fue subdirector de la Guardia de Hacienda en tiempos de Lucas García. Comenzó su carrera como diputado el 13 de septiembre de 1994. Ha militado en la Unión del Centro Nacional, el Frente Republicano Guatemalteco, y ahora en Lider.
La comisión pesquisidora debe presentar un informe al pleno del Legislativo para que los diputados a su vez, con 105 votos avalen o no el informe presentado por dicha instancia y de eso dependería si se retira o no la inmunidad al presidente de la República.