Ante el Juzgado Sexto Penal, familiares de los enfermos renales fallecidos solicitarán ser querellantes adhesivos en el caso IGSS-PISA. Silvia de León, titular de dicho juzgado, autorizó 15 días más al Ministerio Público para presentar su acto conclusivo en las investigaciones del caso.
Posteriormente a que el ente investigador entregue sus conclusiones, la jueza determinará si los 17 procesados enfrentarán juicio o no, algo que dependerá de la existencia de las pruebas contundentes.
Tras una investigación realizada por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), se logró la captura de los miembros de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, luego que se determinara que el IGSS y la empresa farmacéutica PISA firmaron un contrato millonario, con varias anomalías, el cual causó la muerte de 17 enfermos renales.
Días antes de las captura, familiares de los fallecidos interpusieron una denuncia penal ante el Ministerio Público en contra de las autoridades del IGSS, asegurando que los pacientes comenzaron a agravar su situación, hasta morir, desde que se hizo el cambio de empresa para dar el tratamiento.
Ante el Juzgado Sexto Penal, familiares de los enfermos renales fallecidos solicitarán ser querellantes adhesivos en el caso IGSS-PISA. Silvia de León, titular de dicho juzgado, autorizó 15 días más al Ministerio Público para presentar su acto conclusivo en las investigaciones del caso.
Posteriormente a que el ente investigador entregue sus conclusiones, la jueza determinará si los 17 procesados enfrentarán juicio o no, algo que dependerá de la existencia de las pruebas contundentes.
Tras una investigación realizada por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), se logró la captura de los miembros de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, luego que se determinara que el IGSS y la empresa farmacéutica PISA firmaron un contrato millonario, con varias anomalías, el cual causó la muerte de 17 enfermos renales.
Días antes de las captura, familiares de los fallecidos interpusieron una denuncia penal ante el Ministerio Público en contra de las autoridades del IGSS, asegurando que los pacientes comenzaron a agravar su situación, hasta morir, desde que se hizo el cambio de empresa para dar el tratamiento.