Los actos de corrupción en el gobierno del presidente Otto Pérez Molina provocaron una crisis política que, al momento, ha forzado la renuncia de varios funcionarios del Organismo Ejecutivo e incluso el clamor popular, que pide la dimisión del mandatario. Esto ha logrado inducir un cisma en la clase política guatemalteca.
Sin embargo, este proceso no puede afectar la institucionalidad del país. Al contrario, debe fortalecer y buscar salidas que respeten el debido proceso, así como los lineamientos establecidos en la Constitución Política de la República.
Analistas y abogados consideran que lo más importante ante la crisis es la defensa institucional. Aseguran que el problema que existe cuando se rompe el orden constitucional es la existencia de ilegalidades. Y estas afectarían el marco legal que por el momento se ha mantenido.
Mario Fuentes Destarac, abogado constitucionalista, dice que la institucionalidad se defiende en el ejercicio de los derechos fundamentales. El derecho de manifestación; a resistencia a la opresión, que está consignado en la Constitución; el derecho de petición; libre acceso a los tribunales; el derecho del cumplimiento de la Constitución y la ley, entre otros. “El ejercicio pleno de estos derechos hace que se luche por el fortalecimiento de las instituciones democráticas”.
“En suma se tiene una serie de derechos fundamentales que permiten al ciudadano defender y proteger la institucionalidad democrática del país”, asegura Destarac.
Hace ver que, a través de la Libertad de Expresión, se puede hacer señalamientos, imputaciones, así como cuestionamientos a las autoridades, funcionarios y empleados públicos que no se estén conduciendo en conformidad con las leyes y la Constitución o que abusen del poder en el ejercicio de sus cargos. Explica que no están en contra de la institucionalidad, pues son derechos fundamentales garantizados en la Constitución Política de la República.
Según Destarac, “jugar con la institucionalidad es muy peligroso porque se podría caer en las manos de los enemigos de la democracia, que siempre están al acecho y que lo que pretenden es imponer dictaduras, regímenes autoritarios o totalitarios”. Opina, además, que se debe defender y proteger las instituciones democráticas a costa de cualquier sacrificio.
Por su parte, Luis Linares, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), dice que para defender la institucionalidad se deben buscar soluciones a la crisis en el marco de la ley. “La legislación prevé salidas a las crisis o situaciones especiales que se den la administración del Estado. Por ejemplo, la renuncia de la exvicepresidenta Roxana Baldetti”.
Indica que no hay riesgos de encontrarse un vacío legal para sacarse una solución de la “manga”. Además, refiere que las instituciones deben funcionar a pesar de la renuncia o destitución de alguna persona.
“En medida que el aparato estatal funcione y tenga sus propios motores y combustibles se fortalecerá la institucionalidad”, dice Linares. Indica que si los gobernantes están preocupados por mantenerse y cumplir con el mandato que le otorga el pueblo a través de las elecciones, lo primero en lo que deben preocuparse es en cumplir con la ley y que todas sus actuaciones sean transparentes, especialmente sobre el manejo de los recursos públicos. El analista hace ver que, de lo contrario, la ciudadanía se cansa y llega a niveles de rechazo, como los que actualmente vive el país.
Legitimidad de las instituciones
Luis Mack, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, dice que la fortaleza de la institucionalidad se demuestra con la legitimidad de las mismas, porque las personas no son las que llevan sobre sí, la fortaleza de la institución.
En el caso de Guatemala, la legitimidad es muy baja y se tiende a identificar a una persona con las instituciones. Esto hace que en la práctica, en estos momentos de crisis, nadie entienda por qué la comunidad internacional apoye las elecciones y la Presidencia, no al presidente.
“Es algo complicado en esta coyuntura, porque los ciudadanos no logran entender mucho estas situaciones, entonces la separación de las personas y las instituciones es un elemento fundamental”. Ejemplifica al Congreso y, a partir de allí, que las instituciones no gocen de legitimidad.
Según Mack, aunque se pueda criticar a los funcionarios, solo queda la institucionalidad. El problema se da cuando se rompe la institucionalidad, pues se presentan situaciones que salen de la legalidad al no existir el marco legal.
Rechazan amenaza de ruptura constitucional
La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)-Unión Europea (UE) presentaron un comunicado especial en el que manifiestan su apoyo al proceso electoral en el país y rechazan cualquier amenaza de ruptura al orden constitucional.
En el pronunciamiento exponen que “reiteran su firme compromiso con la plena vigencia del marco democrático y constitucional, el respeto a la ley; así como el pleno respeto de todos los derechos humanos”.
Los integrantes de la CELAC-UE afirman promover el respeto de todos los derechos humanos y “valoran el compromiso del gobierno guatemalteco por el desarrollo de un proceso electoral libre y transparente”.
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, fue quien propuso que se emitiera el comunicado especial de apoyo al proceso electoral guatemalteco en la instancia de Diálogo sobre Asuntos Internacionales y Desarrollo.
Los actos de corrupción en el gobierno del presidente Otto Pérez Molina provocaron una crisis política que, al momento, ha forzado la renuncia de varios funcionarios del Organismo Ejecutivo e incluso el clamor popular, que pide la dimisión del mandatario. Esto ha logrado inducir un cisma en la clase política guatemalteca.
Sin embargo, este proceso no puede afectar la institucionalidad del país. Al contrario, debe fortalecer y buscar salidas que respeten el debido proceso, así como los lineamientos establecidos en la Constitución Política de la República.
Analistas y abogados consideran que lo más importante ante la crisis es la defensa institucional. Aseguran que el problema que existe cuando se rompe el orden constitucional es la existencia de ilegalidades. Y estas afectarían el marco legal que por el momento se ha mantenido.
Mario Fuentes Destarac, abogado constitucionalista, dice que la institucionalidad se defiende en el ejercicio de los derechos fundamentales. El derecho de manifestación; a resistencia a la opresión, que está consignado en la Constitución; el derecho de petición; libre acceso a los tribunales; el derecho del cumplimiento de la Constitución y la ley, entre otros. “El ejercicio pleno de estos derechos hace que se luche por el fortalecimiento de las instituciones democráticas”.
“En suma se tiene una serie de derechos fundamentales que permiten al ciudadano defender y proteger la institucionalidad democrática del país”, asegura Destarac.
Hace ver que, a través de la Libertad de Expresión, se puede hacer señalamientos, imputaciones, así como cuestionamientos a las autoridades, funcionarios y empleados públicos que no se estén conduciendo en conformidad con las leyes y la Constitución o que abusen del poder en el ejercicio de sus cargos. Explica que no están en contra de la institucionalidad, pues son derechos fundamentales garantizados en la Constitución Política de la República.
Según Destarac, “jugar con la institucionalidad es muy peligroso porque se podría caer en las manos de los enemigos de la democracia, que siempre están al acecho y que lo que pretenden es imponer dictaduras, regímenes autoritarios o totalitarios”. Opina, además, que se debe defender y proteger las instituciones democráticas a costa de cualquier sacrificio.
Por su parte, Luis Linares, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), dice que para defender la institucionalidad se deben buscar soluciones a la crisis en el marco de la ley. “La legislación prevé salidas a las crisis o situaciones especiales que se den la administración del Estado. Por ejemplo, la renuncia de la exvicepresidenta Roxana Baldetti”.
Indica que no hay riesgos de encontrarse un vacío legal para sacarse una solución de la “manga”. Además, refiere que las instituciones deben funcionar a pesar de la renuncia o destitución de alguna persona.
“En medida que el aparato estatal funcione y tenga sus propios motores y combustibles se fortalecerá la institucionalidad”, dice Linares. Indica que si los gobernantes están preocupados por mantenerse y cumplir con el mandato que le otorga el pueblo a través de las elecciones, lo primero en lo que deben preocuparse es en cumplir con la ley y que todas sus actuaciones sean transparentes, especialmente sobre el manejo de los recursos públicos. El analista hace ver que, de lo contrario, la ciudadanía se cansa y llega a niveles de rechazo, como los que actualmente vive el país.
Legitimidad de las instituciones
Luis Mack, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, dice que la fortaleza de la institucionalidad se demuestra con la legitimidad de las mismas, porque las personas no son las que llevan sobre sí, la fortaleza de la institución.
En el caso de Guatemala, la legitimidad es muy baja y se tiende a identificar a una persona con las instituciones. Esto hace que en la práctica, en estos momentos de crisis, nadie entienda por qué la comunidad internacional apoye las elecciones y la Presidencia, no al presidente.
“Es algo complicado en esta coyuntura, porque los ciudadanos no logran entender mucho estas situaciones, entonces la separación de las personas y las instituciones es un elemento fundamental”. Ejemplifica al Congreso y, a partir de allí, que las instituciones no gocen de legitimidad.
Según Mack, aunque se pueda criticar a los funcionarios, solo queda la institucionalidad. El problema se da cuando se rompe la institucionalidad, pues se presentan situaciones que salen de la legalidad al no existir el marco legal.
Rechazan amenaza de ruptura constitucional
La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)-Unión Europea (UE) presentaron un comunicado especial en el que manifiestan su apoyo al proceso electoral en el país y rechazan cualquier amenaza de ruptura al orden constitucional.
En el pronunciamiento exponen que “reiteran su firme compromiso con la plena vigencia del marco democrático y constitucional, el respeto a la ley; así como el pleno respeto de todos los derechos humanos”.
Los integrantes de la CELAC-UE afirman promover el respeto de todos los derechos humanos y “valoran el compromiso del gobierno guatemalteco por el desarrollo de un proceso electoral libre y transparente”.
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, fue quien propuso que se emitiera el comunicado especial de apoyo al proceso electoral guatemalteco en la instancia de Diálogo sobre Asuntos Internacionales y Desarrollo.