Según la Ley en Materia de Antejuicios, el “Derecho de antejuicio es la garantía que la Constitución Política de la República o leyes específicas otorgan a los dignatarios y funcionarios públicos de no ser detenidos ni sometidos a procedimiento penal ante los órganos jurisdiccionales correspondientes, sin que previamente exista declaratoria de autoridad competente que ha lugar a formación de causa”.
El Artículo 3 de dicha ley establece que el antejuicio es un derecho inherente al cargo, inalienable, imprescriptible e irrenunciable. Este termina cuando el dignatario o funcionario público cesa en el ejercicio del cargo, y no podrá invocarlo en su favor aún cuando se promueva por acciones sucedidas durante el desempeño de sus funciones.
Actualmente, el Congreso de la República conformó cuatro comisiones pesquisidoras que se encargarán de conocer las solicitudes de antejuicio promovidas contra los ministros de Salud, Luis Enrique Monterroso, el de Desarrollo Social, Leonel Rodríguez y el exministro de Energía y Minas, Erick Archila y, la última en ser conformada por sorteo como dicta la Ley, es contra el mandatario Otto Pérez Molina. De estas comisiones, una fue desintegrada porque Archila renunció al cargo por las presiones a las que estaba siendo sometido por la pesquisidora, según sus declaraciones. Y la de Pérez se encuentra suspendida por orden de la Corte de Constitucionalidad (CC).
Cuatro han sido los funcionarios del gabinete de gobierno del Partido Patriota (PP) a quienes se les solicitó un antejuicio, sin embargo, analistas coinciden en que no se ven resultados concretos por acciones políticas. Y es momento que la ciudadanía pida rendición de cuentas a los diputados que las conforman. También coinciden que son medidas dilatorias para que los funcionarios terminen su periodo.
¿De qué se les acusa?
Las solicitudes de antejuicio han sido interpuestas por diputados de “oposición”, en su mayoría por del Partido Libertad Democrática Renovada (Lider). Contra el ministro de Salud, la acción fue presentada por la diputada Mirza Arriaga, de Lider, quien lo denunció ante el Ministerio Público (MP) por incurrir en irresponsabilidad al no asistir a las citaciones de la bancada que pretendía interrogarlo acerca de lo que ocurre en el sistema hospitalario. Piden antejuiciarlo por la crisis hospitalaria del Estado.
Esta comisión pesquisidora está integrada por Ovidio Monzón, de Todos, presidente; Joel Martínez, de Lider , secretario; Marvin Díaz, diputado independiente; Simón Penados, del PP; y Selvin García, de Compromiso, Renovación y Orden (Creo).
Por otro lado, la comisión pesquisidora del antejuicio contra el ministro de Desarrollo Leonel Rodríguez quedó integrada por Julio César López, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), presidente; Selvin García, de Creo, secretario; y Carlos Herrera, de Lider
Esta solicitud fue presentada por la diputada de Lider, Delia Back, quien denunció a Rodríguez por los delitos de fraude de ley y asociación ilícita por la compra de maquinaria de construcción en la cartera de Desarrollo Social. Según la parlamentaria, la compra del equipo se estaría realizando a través de excepción, y el monto total al que asciende la inversión es de Q100 millones.
Este lunes, Back ratificó su denuncia y la comisión citó al ministro para que se presente el miércoles en la mañana, para ser escuchado.
Asimismo, el Organismo Legislativo conformó una comisión pesquisidora en contra del presidente Otto Pérez Molina, sin embargo, el trabajo se detuvo por un amparo interpuesto por la abogada Karen Fisher, el cual – argumenta – no es en defensa del mandatario sino a favor de la Presidencia del Organismo Ejecutivo.
Dicha comisión había quedado conformada por los diputados Baudilio Hichos, de Lider, quien renunció a la presidencia de dicha instancia luego de una denuncia judicial interpuesta en su contra y solicitud también de retiro de inmunidad. Ahora, quedan Hugo Fernando García y Armando Chun, ambos de Lider; junto a Mario Linares, del Partido Patriota (PP); y Hugo Morán, de Creo.
La solicitud contra el mandatario fue presentada por el diputado Amílcar Pop, del partido Winaq, quien señaló al mandatario de encubrimiento propio. Pop afirma que, en el ejercicio de sus facultades, encubrió a Roxana Baldetti y a su exsecretario privado, Juan Carlos Monzón.
También lo acusa de asociación ilícita por nombrar a sus amigos y personal de confianza, quienes más tarde serían señalados de serios delitos y pertenecer a las estructuras criminales detrás de los escándalos del Seguro Social y “La Línea”. El tercer delito es por incumplimiento de deberes.
Por estos casos, las comisiones deben recabar información y elaborar un informe, el cual tendrá que aprobar el Pleno para sugerir si se le revoca o no la inmunidad a los funcionarios. Pese al mandato que tienen, según la Ley en Materia de Antejuicios, estos procesos no avanzan dentro del Legislativo.
Acciones dilatorias para ganar tiempo y beneficiar a diputados
De acuerdo con Javier Brolo, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), lastimosamente la Ley en Materia de Antejuicio no establece un plazo determinado para resolverlos, y eso permite al Congreso aplazar las discusiones sin violentar la Ley, para que estos puedan quedar retenidos.
Brolo indica que si los procesos de antejuicio no avanzan, es momento de pedir una rendición de cuentas de los diputados que integran esas comisiones. Además, para que estas tengan mayor credibilidad en su actuar, deberán establecer plazos a los cuales se comprometen para dar un tipo de avance y, de esa manera, la ciudadanía confíe en que el tiempo que toman los procesos está justificado.
De lo contrario están creando suspicacias, pues son procesos que se han detenido por circunstancias políticas. Brolo dice que la conformación de las comisiones pesquisidoras están delimitadas a la composición del Congreso de la República, entonces las bancadas que tienen mayoría de diputados representarán la mayoría de integrantes en esas comisiones.
“Dado que es una campaña electoral es difícil lograr acuerdos entre las bancadas, porque estas compiten por réditos electorales y en medida que una acción signifique un beneficio electoral puede limitar esa acción”, dice el politólogo.
Los integrantes de las comisiones no han dado resultados que muestren avances y compromisos, lo cual crea sospechas de la falta de priorización.
Según Brolo, el Congreso se encuentra cuestionado por este tipo de actuar y por la falta de respuestas a las demandas ciudadanas que se les ha presentado. Agrega que hay un impasse y estancamiento generalizado. “Solo vemos acuerdos en función de aquellas decisiones que benefician a los diputados”, señala.
Por su parte, Marielos Fuentes, de Guatemala Visible, dice que en esta legislatura ha dado pocos resultados a la población y no solo en materia de leyes, sino a la pobreza del trabajo y la gestión muy manipulada. “Estos tres años y medio se dedicaron a una interpelación estéril que fue utilizada como una moneda de cambio con el gobierno de turno y la bancada mayoritaria”.
Además, indica que faltando unos meses para las elección y bajo una enorme presión, ahora resulta que están nuevamente en el Pleno y dando respuesta a la presión ciudadana con estas pesquisidoras
“Honestamente, no tenemos esperanzas que haya algún resultado tangible en este corto tiempo, sobre todo de las pesquisidoras. Es un resultado relativo porque entregarán un informe y este, a su vez, no es una sentencia. No son jueces, pero se esperaría que las pesquisidoras aportaran, por lo menos, un insumo para que posteriormente los antejuicios se dieran con lugar y las instancias responsables hagan una buena investigación”.
Fuentes señala que el atraso de resultados es con el objetivo de ganar tiempo para que estas personas terminen su periodo.
No tienen plazo
El actuar del Congreso en materia de antejuicio se establece en el artículo 17 de la Ley en Materia de Antejuicios. La Junta Directiva lo deberá hacer saber al Pleno del Congreso y en sesión ordinaria que no exceda de ocho días, luego del aviso.
Por sorteo, el Pleno del Congreso integra la comisión pesquisidora, conformada por cinco miembros, salvo el Presidente de la Congreso. El primer diputado sorteado será el presidente de la comisión y el segundo actuará como secretario. Los restantes actuarán como vocales. Ningún diputado puede negarse a formar la misma, salvo que presente una excusa fundamentada y si se resiste a conformarla se le pondrá una sanción decidida por la Junta Directiva.
La comisión pesquisidora examinará el expediente del funcionario acusado y oirá a los promotores del antejuicio, así como al funcionario. Recabada toda información y documentación, se debe establecer la veracidad de los hechos denunciados y si estos pueden o no suponer la existencia de un hecho que por su naturaleza deba ser conocido por un juez del ramo penal.
Aunque no se establece un plazo determinado para dar resultados, la Ley sí obliga a funcionarios y empleados a prestar su plena colaboración a la comisión. De tal manera que, amparados en Ley, ninguna de las comisiones ha mostrado un avance en la investigación de los ministros.
Según la Ley en Materia de Antejuicios, el “Derecho de antejuicio es la garantía que la Constitución Política de la República o leyes específicas otorgan a los dignatarios y funcionarios públicos de no ser detenidos ni sometidos a procedimiento penal ante los órganos jurisdiccionales correspondientes, sin que previamente exista declaratoria de autoridad competente que ha lugar a formación de causa”.
El Artículo 3 de dicha ley establece que el antejuicio es un derecho inherente al cargo, inalienable, imprescriptible e irrenunciable. Este termina cuando el dignatario o funcionario público cesa en el ejercicio del cargo, y no podrá invocarlo en su favor aún cuando se promueva por acciones sucedidas durante el desempeño de sus funciones.
Actualmente, el Congreso de la República conformó cuatro comisiones pesquisidoras que se encargarán de conocer las solicitudes de antejuicio promovidas contra los ministros de Salud, Luis Enrique Monterroso, el de Desarrollo Social, Leonel Rodríguez y el exministro de Energía y Minas, Erick Archila y, la última en ser conformada por sorteo como dicta la Ley, es contra el mandatario Otto Pérez Molina. De estas comisiones, una fue desintegrada porque Archila renunció al cargo por las presiones a las que estaba siendo sometido por la pesquisidora, según sus declaraciones. Y la de Pérez se encuentra suspendida por orden de la Corte de Constitucionalidad (CC).
Cuatro han sido los funcionarios del gabinete de gobierno del Partido Patriota (PP) a quienes se les solicitó un antejuicio, sin embargo, analistas coinciden en que no se ven resultados concretos por acciones políticas. Y es momento que la ciudadanía pida rendición de cuentas a los diputados que las conforman. También coinciden que son medidas dilatorias para que los funcionarios terminen su periodo.
¿De qué se les acusa?
Las solicitudes de antejuicio han sido interpuestas por diputados de “oposición”, en su mayoría por del Partido Libertad Democrática Renovada (Lider). Contra el ministro de Salud, la acción fue presentada por la diputada Mirza Arriaga, de Lider, quien lo denunció ante el Ministerio Público (MP) por incurrir en irresponsabilidad al no asistir a las citaciones de la bancada que pretendía interrogarlo acerca de lo que ocurre en el sistema hospitalario. Piden antejuiciarlo por la crisis hospitalaria del Estado.
Esta comisión pesquisidora está integrada por Ovidio Monzón, de Todos, presidente; Joel Martínez, de Lider , secretario; Marvin Díaz, diputado independiente; Simón Penados, del PP; y Selvin García, de Compromiso, Renovación y Orden (Creo).
Por otro lado, la comisión pesquisidora del antejuicio contra el ministro de Desarrollo Leonel Rodríguez quedó integrada por Julio César López, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), presidente; Selvin García, de Creo, secretario; y Carlos Herrera, de Lider
Esta solicitud fue presentada por la diputada de Lider, Delia Back, quien denunció a Rodríguez por los delitos de fraude de ley y asociación ilícita por la compra de maquinaria de construcción en la cartera de Desarrollo Social. Según la parlamentaria, la compra del equipo se estaría realizando a través de excepción, y el monto total al que asciende la inversión es de Q100 millones.
Este lunes, Back ratificó su denuncia y la comisión citó al ministro para que se presente el miércoles en la mañana, para ser escuchado.
Asimismo, el Organismo Legislativo conformó una comisión pesquisidora en contra del presidente Otto Pérez Molina, sin embargo, el trabajo se detuvo por un amparo interpuesto por la abogada Karen Fisher, el cual – argumenta – no es en defensa del mandatario sino a favor de la Presidencia del Organismo Ejecutivo.
Dicha comisión había quedado conformada por los diputados Baudilio Hichos, de Lider, quien renunció a la presidencia de dicha instancia luego de una denuncia judicial interpuesta en su contra y solicitud también de retiro de inmunidad. Ahora, quedan Hugo Fernando García y Armando Chun, ambos de Lider; junto a Mario Linares, del Partido Patriota (PP); y Hugo Morán, de Creo.
La solicitud contra el mandatario fue presentada por el diputado Amílcar Pop, del partido Winaq, quien señaló al mandatario de encubrimiento propio. Pop afirma que, en el ejercicio de sus facultades, encubrió a Roxana Baldetti y a su exsecretario privado, Juan Carlos Monzón.
También lo acusa de asociación ilícita por nombrar a sus amigos y personal de confianza, quienes más tarde serían señalados de serios delitos y pertenecer a las estructuras criminales detrás de los escándalos del Seguro Social y “La Línea”. El tercer delito es por incumplimiento de deberes.
Por estos casos, las comisiones deben recabar información y elaborar un informe, el cual tendrá que aprobar el Pleno para sugerir si se le revoca o no la inmunidad a los funcionarios. Pese al mandato que tienen, según la Ley en Materia de Antejuicios, estos procesos no avanzan dentro del Legislativo.
Acciones dilatorias para ganar tiempo y beneficiar a diputados
De acuerdo con Javier Brolo, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), lastimosamente la Ley en Materia de Antejuicio no establece un plazo determinado para resolverlos, y eso permite al Congreso aplazar las discusiones sin violentar la Ley, para que estos puedan quedar retenidos.
Brolo indica que si los procesos de antejuicio no avanzan, es momento de pedir una rendición de cuentas de los diputados que integran esas comisiones. Además, para que estas tengan mayor credibilidad en su actuar, deberán establecer plazos a los cuales se comprometen para dar un tipo de avance y, de esa manera, la ciudadanía confíe en que el tiempo que toman los procesos está justificado.
De lo contrario están creando suspicacias, pues son procesos que se han detenido por circunstancias políticas. Brolo dice que la conformación de las comisiones pesquisidoras están delimitadas a la composición del Congreso de la República, entonces las bancadas que tienen mayoría de diputados representarán la mayoría de integrantes en esas comisiones.
“Dado que es una campaña electoral es difícil lograr acuerdos entre las bancadas, porque estas compiten por réditos electorales y en medida que una acción signifique un beneficio electoral puede limitar esa acción”, dice el politólogo.
Los integrantes de las comisiones no han dado resultados que muestren avances y compromisos, lo cual crea sospechas de la falta de priorización.
Según Brolo, el Congreso se encuentra cuestionado por este tipo de actuar y por la falta de respuestas a las demandas ciudadanas que se les ha presentado. Agrega que hay un impasse y estancamiento generalizado. “Solo vemos acuerdos en función de aquellas decisiones que benefician a los diputados”, señala.
Por su parte, Marielos Fuentes, de Guatemala Visible, dice que en esta legislatura ha dado pocos resultados a la población y no solo en materia de leyes, sino a la pobreza del trabajo y la gestión muy manipulada. “Estos tres años y medio se dedicaron a una interpelación estéril que fue utilizada como una moneda de cambio con el gobierno de turno y la bancada mayoritaria”.
Además, indica que faltando unos meses para las elección y bajo una enorme presión, ahora resulta que están nuevamente en el Pleno y dando respuesta a la presión ciudadana con estas pesquisidoras
“Honestamente, no tenemos esperanzas que haya algún resultado tangible en este corto tiempo, sobre todo de las pesquisidoras. Es un resultado relativo porque entregarán un informe y este, a su vez, no es una sentencia. No son jueces, pero se esperaría que las pesquisidoras aportaran, por lo menos, un insumo para que posteriormente los antejuicios se dieran con lugar y las instancias responsables hagan una buena investigación”.
Fuentes señala que el atraso de resultados es con el objetivo de ganar tiempo para que estas personas terminen su periodo.
No tienen plazo
El actuar del Congreso en materia de antejuicio se establece en el artículo 17 de la Ley en Materia de Antejuicios. La Junta Directiva lo deberá hacer saber al Pleno del Congreso y en sesión ordinaria que no exceda de ocho días, luego del aviso.
Por sorteo, el Pleno del Congreso integra la comisión pesquisidora, conformada por cinco miembros, salvo el Presidente de la Congreso. El primer diputado sorteado será el presidente de la comisión y el segundo actuará como secretario. Los restantes actuarán como vocales. Ningún diputado puede negarse a formar la misma, salvo que presente una excusa fundamentada y si se resiste a conformarla se le pondrá una sanción decidida por la Junta Directiva.
La comisión pesquisidora examinará el expediente del funcionario acusado y oirá a los promotores del antejuicio, así como al funcionario. Recabada toda información y documentación, se debe establecer la veracidad de los hechos denunciados y si estos pueden o no suponer la existencia de un hecho que por su naturaleza deba ser conocido por un juez del ramo penal.
Aunque no se establece un plazo determinado para dar resultados, la Ley sí obliga a funcionarios y empleados a prestar su plena colaboración a la comisión. De tal manera que, amparados en Ley, ninguna de las comisiones ha mostrado un avance en la investigación de los ministros.