Ocho personas están pendientes de ser capturadas, vinculadas con una banda criminal interna en la SAT y de personas particulares que favoreció a una empresa transnacional, evitando que pagara una suma millonaria de impuestos, lo cual también le permitió reclamar un crédito fiscal millonario, según las autoridades.
En conferencia de prensa realizada en la sede del Ministerio Público, la Fiscal General Thelma Aldana, el Comisionado de la CICIG, Iván Velásquez y el Ministro de Gobernación, Mauricio Rivas informaron sobre el operativo que se realizó en la Superintendencia de Administración Tributaria el viernes 12 de febrero que involucra una red dentro de la institución que intentaba favorecer la evasión al fisco por Q255 millones por parte de la empresa Aceros de Guatemala.
Para lograr su cometido, Aceros de Guatemala había contratado los servicios de la empresa Tres Puertos, que a su vez contrató al abogado Giovanni Marroquín Navas, quien fue el articulador entre las dos empresas.
Marroquín Navas tiene contactos con el entonces superintendente Omar Franco y coordina desde afuera de la institución los informes que la SAT presenta al Juzgado Séptimo, con el fin de liberar a la empresa. También participan los abogados Frank Trujillo, abogado de Aceros de Guatemala, y Rigoberto Chacaj, de Tres Puertos. En la SAT participaron 11 miembros, incluidos los intendentes jurídicos de fiscalización.
El objetivo de esta red ilegal interna y externa era manipular los informes de la Superintendencia de Administración Tributaria y favorecer a la ciada compañía en el proceso penal que seguía el Ministerio Público contra la entidad ante el Juzgado Séptimo de Instancia Penal, según la Fiscalía de Delitos Económicos del MP, que está a cargo del caso.
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Lo que se pretendía era librar a la empresa de la causa penal ante el juzgado y limpiar su record ante la SAT para que pudiera hacer efectivo el cobro de devolución del crédito fiscal, entre esto un monto de Q11.8 millones todo a cambio de una promesa remuneratoria a favor de directivos y exdirectivos de la SAT. Esta suma fue cobrada por la empresa el 27 de febrero de 2015.
Según la investigación de la CICIG, en el celular de Marroquín Navas, se encontró un documento en el que indica el porcentaje de dinero que se repartió a las autoridades de la SAT. En los operativos realizados el 12 de febrero se encontró documentación que corrobora las conductas investigadas y así como Q2 millones 255 mil y US$1,200 encontrados en la casa del intendente jurídico Alfonzo Castillo.
Imputaciones
Los que integraron la red interna y externa, según la CICIG, que ya fueron capturados o están pendiente de ser detenidos:
-Al intendente Omar Franco quien ya fue capturado se le acusará de asociación ilícita, cohecho pasivo y obstaculización de la acción penal.
-Alfonzo Romeo Castillo Castro, Director de la Intendencia Jurídica se le acusa de asociación ilícita, cohecho pasivo, obstaculización de la acción penal y lavado de activos y que ya fue capturado.
-Elder Ermelino Fuentes García, Intendente de Fiscalización, por los delitos de Asociación ilícita y obstaculización penal que ya fue capturado.
-Alicia López Paiz, asesora legal por obstaculización a la acción penal que ya fue capturada
-Nidia Verónica Espina Batres, Supervisor Tributario Obstaculización de la acción penal; ya fue capturada
-Antonio Mangandi Ortiz, Jefe de División de Fiscalización; ya fue capturado
-Evelin Julissa Natareno Gómez, Jefe del departamento de verificaciones. Acusada de Asociación ilícita y obstaculización a la acción penal; ya fue capturada.
-Osmín Ceijas Díaz, Jefe de sección de banca y finanzas, acusado de obstaculización de la acción penal; ya fue capturado.
-Julio Román García, auditor tributario Obstaculización de la acción penal; ya fue capturado.
-Giovani Estefan Reyes Pérez, auditor tributario Obstaculización de la acción penal; ya fue capturado.
Pendientes de captura
-Geovani Marroquín Navas abogado por los delitos de Asociación ilícita, cohecho activo, tráfico de influencias y obstaculización penal.
-Pedro José Raúl Paiz Valdez por asociación ilícita y cohecho activo.
-María Eugenia Valdez Gómez por Asociación ilícita y cohecho pasivo.
-Frank Manuel Trujillo Aldana por asociación ilícita, cohecho activo y colusión.
– José Antonio Mangandi Ortíz por asociación ilícita y obstaculización de la acción penal.
-Rigoberto Chacaj Soc por asociación ilícita y cohecho pasivo.
-Alfredo Muños Ledo
Carrillo por asociación ilícita y cohecho pasivo.
-Ariel de Jesús Guerra Castillo por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, obstaculización de la acción penal.
Cronología de los hechos
Todo inicia en agosto de 2012 cuando la SAT denuncia a la empresa Aceros de Guatemala por defraudación tributaria y caso especial de defraudación tributaria. En marzo de 2013 el juez dicta continuación de la investigación contra la empresa y enero de 2015 la SAT resuelve que la responsabilidad recae sobre los proveedores.
El MP le informa al Juez que la SAT no siguió órdenes porque no le compete señalar responsabilidades, sino nada más señalar si cumplió o no con las tributaciones, por lo que el Juez decidió emplazar a la SAT. En febrero de 2015, el MP pidió tiempo para solventar el caso en definitiva, mientras que Aceros de Guatemala pide desestimación parcial con base a los informes dictados por la SAT, que tampoco se opone.
Ocho personas están pendientes de ser capturadas, vinculadas con una banda criminal interna en la SAT y de personas particulares que favoreció a una empresa transnacional, evitando que pagara una suma millonaria de impuestos, lo cual también le permitió reclamar un crédito fiscal millonario, según las autoridades.
En conferencia de prensa realizada en la sede del Ministerio Público, la Fiscal General Thelma Aldana, el Comisionado de la CICIG, Iván Velásquez y el Ministro de Gobernación, Mauricio Rivas informaron sobre el operativo que se realizó en la Superintendencia de Administración Tributaria el viernes 12 de febrero que involucra una red dentro de la institución que intentaba favorecer la evasión al fisco por Q255 millones por parte de la empresa Aceros de Guatemala.
Para lograr su cometido, Aceros de Guatemala había contratado los servicios de la empresa Tres Puertos, que a su vez contrató al abogado Giovanni Marroquín Navas, quien fue el articulador entre las dos empresas.
Marroquín Navas tiene contactos con el entonces superintendente Omar Franco y coordina desde afuera de la institución los informes que la SAT presenta al Juzgado Séptimo, con el fin de liberar a la empresa. También participan los abogados Frank Trujillo, abogado de Aceros de Guatemala, y Rigoberto Chacaj, de Tres Puertos. En la SAT participaron 11 miembros, incluidos los intendentes jurídicos de fiscalización.
El objetivo de esta red ilegal interna y externa era manipular los informes de la Superintendencia de Administración Tributaria y favorecer a la ciada compañía en el proceso penal que seguía el Ministerio Público contra la entidad ante el Juzgado Séptimo de Instancia Penal, según la Fiscalía de Delitos Económicos del MP, que está a cargo del caso.
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Lo que se pretendía era librar a la empresa de la causa penal ante el juzgado y limpiar su record ante la SAT para que pudiera hacer efectivo el cobro de devolución del crédito fiscal, entre esto un monto de Q11.8 millones todo a cambio de una promesa remuneratoria a favor de directivos y exdirectivos de la SAT. Esta suma fue cobrada por la empresa el 27 de febrero de 2015.
Según la investigación de la CICIG, en el celular de Marroquín Navas, se encontró un documento en el que indica el porcentaje de dinero que se repartió a las autoridades de la SAT. En los operativos realizados el 12 de febrero se encontró documentación que corrobora las conductas investigadas y así como Q2 millones 255 mil y US$1,200 encontrados en la casa del intendente jurídico Alfonzo Castillo.
Imputaciones
Los que integraron la red interna y externa, según la CICIG, que ya fueron capturados o están pendiente de ser detenidos:
-Al intendente Omar Franco quien ya fue capturado se le acusará de asociación ilícita, cohecho pasivo y obstaculización de la acción penal.
-Alfonzo Romeo Castillo Castro, Director de la Intendencia Jurídica se le acusa de asociación ilícita, cohecho pasivo, obstaculización de la acción penal y lavado de activos y que ya fue capturado.
-Elder Ermelino Fuentes García, Intendente de Fiscalización, por los delitos de Asociación ilícita y obstaculización penal que ya fue capturado.
-Alicia López Paiz, asesora legal por obstaculización a la acción penal que ya fue capturada
-Nidia Verónica Espina Batres, Supervisor Tributario Obstaculización de la acción penal; ya fue capturada
-Antonio Mangandi Ortiz, Jefe de División de Fiscalización; ya fue capturado
-Evelin Julissa Natareno Gómez, Jefe del departamento de verificaciones. Acusada de Asociación ilícita y obstaculización a la acción penal; ya fue capturada.
-Osmín Ceijas Díaz, Jefe de sección de banca y finanzas, acusado de obstaculización de la acción penal; ya fue capturado.
-Julio Román García, auditor tributario Obstaculización de la acción penal; ya fue capturado.
-Giovani Estefan Reyes Pérez, auditor tributario Obstaculización de la acción penal; ya fue capturado.
Pendientes de captura
-Geovani Marroquín Navas abogado por los delitos de Asociación ilícita, cohecho activo, tráfico de influencias y obstaculización penal.
-Pedro José Raúl Paiz Valdez por asociación ilícita y cohecho activo.
-María Eugenia Valdez Gómez por Asociación ilícita y cohecho pasivo.
-Frank Manuel Trujillo Aldana por asociación ilícita, cohecho activo y colusión.
– José Antonio Mangandi Ortíz por asociación ilícita y obstaculización de la acción penal.
-Rigoberto Chacaj Soc por asociación ilícita y cohecho pasivo.
-Alfredo Muños Ledo
Carrillo por asociación ilícita y cohecho pasivo.
-Ariel de Jesús Guerra Castillo por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, obstaculización de la acción penal.
Cronología de los hechos
Todo inicia en agosto de 2012 cuando la SAT denuncia a la empresa Aceros de Guatemala por defraudación tributaria y caso especial de defraudación tributaria. En marzo de 2013 el juez dicta continuación de la investigación contra la empresa y enero de 2015 la SAT resuelve que la responsabilidad recae sobre los proveedores.
El MP le informa al Juez que la SAT no siguió órdenes porque no le compete señalar responsabilidades, sino nada más señalar si cumplió o no con las tributaciones, por lo que el Juez decidió emplazar a la SAT. En febrero de 2015, el MP pidió tiempo para solventar el caso en definitiva, mientras que Aceros de Guatemala pide desestimación parcial con base a los informes dictados por la SAT, que tampoco se opone.