Acerca de estos señalamientos, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, dijo que “esos son los argumentos de la defensa” y que no emitiría opinión al respecto. Añadió que el expresidente lo que debe hacer es defenderse de la acusación y si sus abogados ven alguna ilegalidad, que la denuncien.
Según la FECI, el beneficio otorgado a “Eco” es la rendición de la pena, porque el articulo 92 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, estipula que cabecillas de organizaciones ilegales solo pueden recibir beneficios de aplicación restringida, “él solo podría optar a la rebaja de la pena”.
Además, refiere que González Álvarez tenía funciones de administración y supervisión de la organización, por lo que no goza de todas las ventajas establecidas en la normativa.
“Es mentira que la Ley prohíba darle beneficios a cabecillas, nunca pueden ser beneficiados cabecillas de organizaciones que se dedican al genocidio y delitos de lesa humanidad y Salvador González no está imputado de estos delitos, es prohibido darle a un cabecilla un criterio de oportunidad de una suspensión condicional de la persecución penal y ninguno de esos beneficios están contemplados para él”.
Por su lado, el abogado defensor Moisés Galindo, expresó “que efectivamente la compilación presentada es parte de la defensa material a la que tiene derecho el expresidente, y que si Pérez Molina cree que los documentos presentados contra ´Eco´ son un elemento de su defensa, pues tiene derecho”.
De acuerdo con una carta de los abogados defensores, incluida como preámbulo dentro del folleto, “la intención de exponer su contenido no es influenciar su percepción sobre el caso, sino más bien todo lo contrario: franquear y equilibrar ese predominio mediático, de carácter casi absolutista, que ha sido la única fuente disponible a la que tiene acceso la población”.
Los mandatos a terceras personas
González Álvarez, el 1 de julio de 2015, firmó un contrato de mandato general y judicial con representación, con cláusula especial a favor de su padre, Luis Joaquín González Amezquita, para que lo “represente ampliamente y sin limitación alguna en los asuntos administrativos de cualquier naturaleza, ya sean iniciados o que puedan iniciarse, incluso en los que pueda tener interés directa o indirecta, ya sea judicial o extrajudicialmente”.
Asimismo, le confiere la administración de sus bienes, “confiándole las facultades propias de este mandato y le da facultad especial para que en su nombre pueda vender, enajenar, gravar, hipotecar o disponer en la forma que considere conveniente, sus bienes muebles e inmuebles, así como manejar sus cuentas bancarias”.
El siguiente mes, González Álvarez, exactamente el 20 de agosto de 2015, firmó otro contrato de “mandato especial con representación” a favor de su esposa Ana Coralia del Rosario Arévalo Montano, para que “represente ampliamente y sin limitación alguna en los asuntos administrativos de cualquier naturaleza”.
El mandato firmado a Arévalo Montano es para que pueda realizar “cualquier tipo de gestión ante la Dirección General de Migración”, relacionado con el trámite de la renovación del pasaporte de su hijo menor.
La verdad según Pérez Molina
Los defensores entregaron el documento a todos los medios de comunicación, como la defensa material de Pérez Molina, en la cual se señala que la acusación carece de pruebas irrefutables y que “a falta de evidencia sólida, busca imponerse con cifras rimbombantes; 100 mil escuchas, 5mil correos electrónicos o medio millón de documentos”.
Asimismo, arremeten contra la figura de colaborador eficaz de González Álvarez. “Aún así es tan ilusoria la argumentación que se ven en la necesidad de hacerla admisible a través de un elemento compensador: la figura del colaborador eficaz, el artero as bajo la manga para cualquier investigación sesgada”, según el punto de vista de Pérez Molina.
Mientras tanto, el abogado Alexis Calderón, defensor de “Eco”, indicó que su cliente es sujeto a una pena que se le va aplicar y a la devolución de una cantidad de dinero que le fijó el MP.
“Él cumple con eso, recuerde que hay personas como por ejemplo, Juan Carlos Monzón, quien es un empresario, quien entra con varias propiedades al Gobierno, entonces todo lo que se haya obtenido antes del periodo en el que se descubre ese proceso, no puede ser afectado”, dice.
Según Calderón, lo que le afectará a una persona procesada es todo lo que se obtuvo en el tiempo en el cual se le está acusando, es decir que, si durante ese plazo se adquieren bienes e inmuebles, pueden ser sujetos a devolución, reparación o incluso a un proceso de extinción de dominio.
De acuerdo con el defensor, el proceso de mandato que realizó González Álvarez es legal, pues se encontraba en negociaciones con el MP. Al ser consultado por qué las escrituras públicas fueron firmadas dos meses después de que “Eco” fue capturado, el abogado indicó que este proceso ha sido largo y esto fue con el conocimiento del ente de investigación.
Acerca de estos señalamientos, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, dijo que “esos son los argumentos de la defensa” y que no emitiría opinión al respecto. Añadió que el expresidente lo que debe hacer es defenderse de la acusación y si sus abogados ven alguna ilegalidad, que la denuncien.
Según la FECI, el beneficio otorgado a “Eco” es la rendición de la pena, porque el articulo 92 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, estipula que cabecillas de organizaciones ilegales solo pueden recibir beneficios de aplicación restringida, “él solo podría optar a la rebaja de la pena”.
Además, refiere que González Álvarez tenía funciones de administración y supervisión de la organización, por lo que no goza de todas las ventajas establecidas en la normativa.
“Es mentira que la Ley prohíba darle beneficios a cabecillas, nunca pueden ser beneficiados cabecillas de organizaciones que se dedican al genocidio y delitos de lesa humanidad y Salvador González no está imputado de estos delitos, es prohibido darle a un cabecilla un criterio de oportunidad de una suspensión condicional de la persecución penal y ninguno de esos beneficios están contemplados para él”.
Por su lado, el abogado defensor Moisés Galindo, expresó “que efectivamente la compilación presentada es parte de la defensa material a la que tiene derecho el expresidente, y que si Pérez Molina cree que los documentos presentados contra ´Eco´ son un elemento de su defensa, pues tiene derecho”.
De acuerdo con una carta de los abogados defensores, incluida como preámbulo dentro del folleto, “la intención de exponer su contenido no es influenciar su percepción sobre el caso, sino más bien todo lo contrario: franquear y equilibrar ese predominio mediático, de carácter casi absolutista, que ha sido la única fuente disponible a la que tiene acceso la población”.
Los mandatos a terceras personas
González Álvarez, el 1 de julio de 2015, firmó un contrato de mandato general y judicial con representación, con cláusula especial a favor de su padre, Luis Joaquín González Amezquita, para que lo “represente ampliamente y sin limitación alguna en los asuntos administrativos de cualquier naturaleza, ya sean iniciados o que puedan iniciarse, incluso en los que pueda tener interés directa o indirecta, ya sea judicial o extrajudicialmente”.
Asimismo, le confiere la administración de sus bienes, “confiándole las facultades propias de este mandato y le da facultad especial para que en su nombre pueda vender, enajenar, gravar, hipotecar o disponer en la forma que considere conveniente, sus bienes muebles e inmuebles, así como manejar sus cuentas bancarias”.
El siguiente mes, González Álvarez, exactamente el 20 de agosto de 2015, firmó otro contrato de “mandato especial con representación” a favor de su esposa Ana Coralia del Rosario Arévalo Montano, para que “represente ampliamente y sin limitación alguna en los asuntos administrativos de cualquier naturaleza”.
El mandato firmado a Arévalo Montano es para que pueda realizar “cualquier tipo de gestión ante la Dirección General de Migración”, relacionado con el trámite de la renovación del pasaporte de su hijo menor.
La verdad según Pérez Molina
Los defensores entregaron el documento a todos los medios de comunicación, como la defensa material de Pérez Molina, en la cual se señala que la acusación carece de pruebas irrefutables y que “a falta de evidencia sólida, busca imponerse con cifras rimbombantes; 100 mil escuchas, 5mil correos electrónicos o medio millón de documentos”.
Asimismo, arremeten contra la figura de colaborador eficaz de González Álvarez. “Aún así es tan ilusoria la argumentación que se ven en la necesidad de hacerla admisible a través de un elemento compensador: la figura del colaborador eficaz, el artero as bajo la manga para cualquier investigación sesgada”, según el punto de vista de Pérez Molina.
Mientras tanto, el abogado Alexis Calderón, defensor de “Eco”, indicó que su cliente es sujeto a una pena que se le va aplicar y a la devolución de una cantidad de dinero que le fijó el MP.
“Él cumple con eso, recuerde que hay personas como por ejemplo, Juan Carlos Monzón, quien es un empresario, quien entra con varias propiedades al Gobierno, entonces todo lo que se haya obtenido antes del periodo en el que se descubre ese proceso, no puede ser afectado”, dice.
Según Calderón, lo que le afectará a una persona procesada es todo lo que se obtuvo en el tiempo en el cual se le está acusando, es decir que, si durante ese plazo se adquieren bienes e inmuebles, pueden ser sujetos a devolución, reparación o incluso a un proceso de extinción de dominio.
De acuerdo con el defensor, el proceso de mandato que realizó González Álvarez es legal, pues se encontraba en negociaciones con el MP. Al ser consultado por qué las escrituras públicas fueron firmadas dos meses después de que “Eco” fue capturado, el abogado indicó que este proceso ha sido largo y esto fue con el conocimiento del ente de investigación.