El próximo jueves 14 de abril asumirán los nuevos integrantes de la Corte de Constitucionalidad, sobre quienes se prevé recaerán decisiones cruciales para el país, en especial en temas relacionados con los sonados casos de corrupción que hoy se juzgan en los tribunales, y otros vinculados con importantes asuntos como la Ley Electoral y otras normativas que se pretenden modificar; sin embargo, los magistrados todavía no saben cuáles serán los temas prioritarios.
La nueva CC no tiene muy claro hacia a dónde se encaminarán, pero sus decisiones estarán bajo la lupa de una sociedad que ya se pronunció contra la impunidad y estará observado de cerca sus resoluciones, según fuentes consultadas.
Plan quinquenal
La magistrada electa por el Organismo Ejecutivo, Dina Ochoa, indicó que para definir la agenda de la Corte de Constitucionalidad se reunirán con todos los magistrados para establecer las prioridades de esta séptima magistratura.
De acuerdo con Ochoa, lo que se pretende es realizar un plan quinquenal para el buen funcionamiento de la CC; sin embargo, asegura que hay temas importantes que al momento de tomar posesión se darán a conocer.
Según la magistrada electa, lo más importante para la Corte es recordar que “nos debemos a la Constitución, Convenios Internacionales, específicamente de los Derechos Humanos y las demás Leyes y jurisprudencia del país”.
Ochoa aseguró que las resoluciones no dependen de una agenda personal, sino de una consensuada con los magistrados electos.
Todos los temas son importantes
Para el magistrado electo por el Colegio de Abogados y Notarios, Bonerje Mejía, “ya siendo electo es muy complicado externar opinión de cuál sería una agenda o las resoluciones que podría dictar la Corte”.
“Por ejemplo, para un ciudadano común el caso más importante es que le quitaron su casa, un terreno o lo estafaron, para ese ciudadano resolver su situación es lo más importante, que un dictamen relacionado con un tema político, entonces, todos los temas a tratar en la CC son importantes”, enfatizó.
Además, reconoció la necesidad del análisis profundo de todos los casos. Según Mejía, “los magistrados deben estar deslindados de los órganos electores para comprometerse con la Constitución, y resolver apegado a Derecho”.
Al ser cuestionado acerca de que su supuesta cercanía con miembros del Partido Patriota, por haber asesorado en Aeronáutica Civil durante la administración de Otto Pérez Molina, podría incidir en las resoluciones relacionados con los procesos que se llevan contra el exmandatario y exintegrantes de dicha organización política, subrayó que él fue uno de los “miles de asesores jurídicos” y que no ha estado en otros puestos. “Eso no tiene vinculación, y no tiene que ver con partidos, sino una oportunidad como abogado. Eso no tiene ninguna incidencia para favorecer a nadie”, aseguró.
Decisiones sin sesgo político
Neftaly Aldana, magistrado electo por la Corte Suprema de Justicia y quien asumirá la presidencia de la Corte para este año, subrayó que “más que una agenda, hay un plan de trabajo, fundamentalmente en la modernización electrónica de la Corte”.
Aldana señaló que para él es “muy difícil” hacer una apreciación acerca de la separación de lo jurídico de lo político en la CC. “La Corte, con la función esencial en defensa de la Constitución Política, tiene muchos asuntos políticos para tratar de forma jurídica y con incidencia muy relevante en el país, pero la Corte debe basarse en derecho”.
Según el próximo magistrado presidente, “lo más importante es mantener la transparencia, evitar decisiones sesgadas por intereses o por inclinaciones políticas, y sustentar todo en políticas de Estado para el bien común y el respeto a los derechos fundamentales.
Coincide con Mejía al asegurar que todo proceso que ingresa en la Corte es importante, pero habrá algunos de mayor relevancia.
Se buscó la opinión de la actual magistrada presidenta de la CC, Gloria Porras; sin embargo, no se logró una comunicación, de igual forma se llamó en varias ocasiones al magistrado electo por la Universidad de San Carlos, Francisco de Mata Vela, pero tampoco contestó.
Trabajo eficiente e independiente
De acuerdo con Carmen Aida Ibarra, del Movimiento ProJusticia, la expectativa que se tiene de los cinco magistrados titulares y de los cinco suplentes, es que “trabajen con eficiencia e independencia para mejorar el funcionamiento de la Corte como institución.
Ibarra dice que se espera que en el ámbito institucional “el gasto sea transparente y racional, eliminado los desembolsos superfluos e innecesarios, así como las prebendas y privilegios, también en materia del funcionamiento de la Corte, deben mejorar el tiempo de resolución, porque existe una mora. La idea es que los magistrados no le den el juego al litigio malicioso y traten de resolver lo antes posible”.
El Movimiento ProJusticia considera que todos los guatemaltecos deben estar vigilantes del comportamiento y desempeño de los magistrados electos para el período 2016-2021, “para que el funcionamiento de la justicia constitucional sea aplicado de forma imparcial y no estén sometidos a las fuerzas políticas y gremiales que los llevaron a esos cargos y que resuelvan con un norte constitucional”.
Por su lado, el abogado constitucionalista, Gabriel Orellana, dijo: “hay una gran expectativa porque lo que ha ocurrido es que a diferencia de Cortes anteriores, en la recién electa casi todos son nuevos y solo hay dos personas reelectas, lo cual implica una ruptura de criterios tradicionales ya establecidos, o por lo menos la expectativa es que se romperán esos criterios consolidados”.
Según Orellana, ciertos criterios no eran compartidos por muchos, por lo cual se espera mejorar esa dinámica. “Es lógico pensar que los nuevos magistrados no tienen experiencia constitucional, pero se confía en mejorar la Corte”.
El próximo jueves 14 de abril asumirán los nuevos integrantes de la Corte de Constitucionalidad, sobre quienes se prevé recaerán decisiones cruciales para el país, en especial en temas relacionados con los sonados casos de corrupción que hoy se juzgan en los tribunales, y otros vinculados con importantes asuntos como la Ley Electoral y otras normativas que se pretenden modificar; sin embargo, los magistrados todavía no saben cuáles serán los temas prioritarios.
La nueva CC no tiene muy claro hacia a dónde se encaminarán, pero sus decisiones estarán bajo la lupa de una sociedad que ya se pronunció contra la impunidad y estará observado de cerca sus resoluciones, según fuentes consultadas.
Plan quinquenal
La magistrada electa por el Organismo Ejecutivo, Dina Ochoa, indicó que para definir la agenda de la Corte de Constitucionalidad se reunirán con todos los magistrados para establecer las prioridades de esta séptima magistratura.
De acuerdo con Ochoa, lo que se pretende es realizar un plan quinquenal para el buen funcionamiento de la CC; sin embargo, asegura que hay temas importantes que al momento de tomar posesión se darán a conocer.
Según la magistrada electa, lo más importante para la Corte es recordar que “nos debemos a la Constitución, Convenios Internacionales, específicamente de los Derechos Humanos y las demás Leyes y jurisprudencia del país”.
Ochoa aseguró que las resoluciones no dependen de una agenda personal, sino de una consensuada con los magistrados electos.
Todos los temas son importantes
Para el magistrado electo por el Colegio de Abogados y Notarios, Bonerje Mejía, “ya siendo electo es muy complicado externar opinión de cuál sería una agenda o las resoluciones que podría dictar la Corte”.
“Por ejemplo, para un ciudadano común el caso más importante es que le quitaron su casa, un terreno o lo estafaron, para ese ciudadano resolver su situación es lo más importante, que un dictamen relacionado con un tema político, entonces, todos los temas a tratar en la CC son importantes”, enfatizó.
Además, reconoció la necesidad del análisis profundo de todos los casos. Según Mejía, “los magistrados deben estar deslindados de los órganos electores para comprometerse con la Constitución, y resolver apegado a Derecho”.
Al ser cuestionado acerca de que su supuesta cercanía con miembros del Partido Patriota, por haber asesorado en Aeronáutica Civil durante la administración de Otto Pérez Molina, podría incidir en las resoluciones relacionados con los procesos que se llevan contra el exmandatario y exintegrantes de dicha organización política, subrayó que él fue uno de los “miles de asesores jurídicos” y que no ha estado en otros puestos. “Eso no tiene vinculación, y no tiene que ver con partidos, sino una oportunidad como abogado. Eso no tiene ninguna incidencia para favorecer a nadie”, aseguró.
Decisiones sin sesgo político
Neftaly Aldana, magistrado electo por la Corte Suprema de Justicia y quien asumirá la presidencia de la Corte para este año, subrayó que “más que una agenda, hay un plan de trabajo, fundamentalmente en la modernización electrónica de la Corte”.
Aldana señaló que para él es “muy difícil” hacer una apreciación acerca de la separación de lo jurídico de lo político en la CC. “La Corte, con la función esencial en defensa de la Constitución Política, tiene muchos asuntos políticos para tratar de forma jurídica y con incidencia muy relevante en el país, pero la Corte debe basarse en derecho”.
Según el próximo magistrado presidente, “lo más importante es mantener la transparencia, evitar decisiones sesgadas por intereses o por inclinaciones políticas, y sustentar todo en políticas de Estado para el bien común y el respeto a los derechos fundamentales.
Coincide con Mejía al asegurar que todo proceso que ingresa en la Corte es importante, pero habrá algunos de mayor relevancia.
Se buscó la opinión de la actual magistrada presidenta de la CC, Gloria Porras; sin embargo, no se logró una comunicación, de igual forma se llamó en varias ocasiones al magistrado electo por la Universidad de San Carlos, Francisco de Mata Vela, pero tampoco contestó.
Trabajo eficiente e independiente
De acuerdo con Carmen Aida Ibarra, del Movimiento ProJusticia, la expectativa que se tiene de los cinco magistrados titulares y de los cinco suplentes, es que “trabajen con eficiencia e independencia para mejorar el funcionamiento de la Corte como institución.
Ibarra dice que se espera que en el ámbito institucional “el gasto sea transparente y racional, eliminado los desembolsos superfluos e innecesarios, así como las prebendas y privilegios, también en materia del funcionamiento de la Corte, deben mejorar el tiempo de resolución, porque existe una mora. La idea es que los magistrados no le den el juego al litigio malicioso y traten de resolver lo antes posible”.
El Movimiento ProJusticia considera que todos los guatemaltecos deben estar vigilantes del comportamiento y desempeño de los magistrados electos para el período 2016-2021, “para que el funcionamiento de la justicia constitucional sea aplicado de forma imparcial y no estén sometidos a las fuerzas políticas y gremiales que los llevaron a esos cargos y que resuelvan con un norte constitucional”.
Por su lado, el abogado constitucionalista, Gabriel Orellana, dijo: “hay una gran expectativa porque lo que ha ocurrido es que a diferencia de Cortes anteriores, en la recién electa casi todos son nuevos y solo hay dos personas reelectas, lo cual implica una ruptura de criterios tradicionales ya establecidos, o por lo menos la expectativa es que se romperán esos criterios consolidados”.
Según Orellana, ciertos criterios no eran compartidos por muchos, por lo cual se espera mejorar esa dinámica. “Es lógico pensar que los nuevos magistrados no tienen experiencia constitucional, pero se confía en mejorar la Corte”.