A pocos días de las actividades de la toma de posesión de las nuevas autoridades de Gobierno la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) accionó contra el fallo que ordena garantizar toma de posesión de Bernardo Arévalo y otros funcionarios electos.  

Por qué importa. El Juzgado Noveno Pluripersonal de Primera Instancia Penal dio el amparo que busca garantizar el proceso, el 15 de diciembre de 2023. La resolución establece que la fiscalía deberá trabajar para que se garantice la alternabilidad de poder el 14 de enero de 2024 y permita la toma de posesión de Bernardo Arévalo y los funcionarios electos.  

• Ese amparo contra la FECI fue presentado por Javier Urizur Montes De Oca, José Javier Gálvez Hernández, Sara Larios Hernández, Gregorio José Saavedra Zepeda, Edgar Gustavo Roberto Lima Muñoz, Ana Raquel Aquino Smith, Andrés Mateo Echeverria Román, Hugo Leonel Rivas Gálvez, Mariana Reyes Solórzano y Andrea María Reyes López. 
• De acuerdo con la fiscalía, la acción se presentó porque los amparistas no fundamentaron debidamente los alegatos y no se permiten el proceso de investigación.  
• También señala que no existen vestigios de “golpe de estado "como lo señalan los profesionales que presentaron el amparo y asegura que no ha roto el orden constitucional. La FECI asegura que es un obstáculo el impedir el mandato constitucional de investigar.  “Es importante hacer ver, que el amparo es planteado con argumentaciones que son ineficaces (...) circunstancias que ni remotamente se aproximan al alegato que exponen y que por lo tanto son inaplicables en este caso”, detalla el documento.

Voces. El documento fue presentado por el titular de la FECI, Rafael Curruchiche, ante la Corte de Constitucionalidad.  

• “Es importante hacer ver, que el amparo es planteado con argumentaciones que son ineficaces (...) circunstancias que ni remotamente se aproximan al alegato que exponen y que por lo tanto son inaplicables en este caso”, detalla el documento. 

• Además, detalla: “Los amparistas no puntualizan, desarrollan ni sustentan en forma razonable, que las diligencias de investigación que efectúa la FECI constituyan alguna amenaza cierta e inminente a alguno de sus derechos, ya que el acto reclamado que se invoca dentro de la presente acción constitucional de amparo se produce en el legítimo ejercicio de la función que corresponde al Ministerio Público por mandato Constitucional”.