Presidente de Colombia Gustavo Petro: "Jamás aceptaré la orden de captura de nuestro ministro Iván Velásquez"
Gustavo Petro defiende a su ministro de la Defensa, Iván Velásquez, y también llama a consulta al embajador de Colombia en Guatemala.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció tras el anuncio de las autoridades de Guatemala de perseguir penalmente a su ministro de la Defensa, Iván Velásquez, quien fue señalado por la Fiscalía de cometer irregularidades en el caso Odebrecht.
"Jamás aceptaré la orden de captura de nuestro ministro (Iván) Velasquez. Demostró luchar contra la corrupción y no permitirimos que la corrupción lo persiga. Nuestro embajador se llama inmediatamente a consulta", escribió en su cuenta de Twitter el mandatario colombiano.
Velásquez dirigió la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), de 2013 a 2019, cuando el gobierno de Jimmy Morales resolvió no renovar más el mandato de la cuestionada institución apoyada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Como jefe de la CICIG, el ahora ministro de Petro habría facilitado convenios de colaborador eficaz con personeros de la constructora brasileña Odebrecht, que estafó a Guatemala con el beneplácito de autoridades nacionales, al cobrar un monto millonario por un carretera que no construyó.
Los acuerdos con los brasileños fueron anulados y ahora los extranjeros están citados para presentarse ante los tribunales de Guatemala para responder por el daño causado al patrimonio del país.
Los guatemaltecos no solo no vieron la carretera de cuatro carriles que se ofreció construir de Cocales, en Suchitepéquez, hacia Tecún Umán, San Marcos, sino que deben pagar dos préstamos que vencen hasta el 2033.
El señalamiento contra Iván Velásquez
El exjefe de la CICIG habría avalado cambios a los convenios de colaborador eficaz de los personeros de Odebrecht, a cambio de que los extranjeros delataran al exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi y a políticos como Manuel Baldizón, quienes habrían recibido sobornos para conceder el contrato a la constructora.
Los brasileños cumplieron esa parte del convenio, pero también se llevaron casi Q3 mil millones estafados los guatemaltecos. El dinero obtenido en dos préstamos, se empezó a pagar en 2017 y será hasta 2033 cuando se realice el último desembolso a un banco brasileño.
En 2012 el Congreso de la República aprobó el convenio con Odebrecht para construir una carretera de cuatro carriles de la aldea Cocales, en Suchitepéquez, hacia Tecún Umán, San Marcos. La obra fue abandonada por los brasileños luego que saliera a luz la trama de corrupción de la constructora en diversos países.
En Guatemala fueron implicados por los representantes de Odebrecht, el exministro Sinibaldi y el expresidenciable Baldizón. A cambio de contar detalles de los sobornos, los brasileños escaparon de la justicia.
Historia de la estafa
Los dos préstamos aprobados por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) y el BCIE, sumaban US$399.4 millones (Q3 mil 75 millones). De ese monto, los brasileños recibieron US$254.4 millones (Q1 mil 959 millones).
A la cantidad entregada a Odebrecht se debe sumar los intereses que en trece años pagarán los guatemaltecos. La suma será de US$128 millones (Q986 millones).
Las autoridades del Ministerio de Comunicaciones, durante la gestión de Jimmy Morales, ordenaron suspender los desembolsos a Odebrecht, pues encontraron diversas ilegalidades y denunciaron a la constructora. Una de las irregularidades fue que la obra tenía un avance físico del 35 por ciento, pero el Gobierno ya le había dado el 75 por ciento del dinero a los brasileños.
Por ahora se desconoce el objetivo final que perseguía Velásquez y la exfiscal Thelma Aldana, así como otros fiscales, para beneficiar a los brasileños en detrimento del los recursos públicos. Se supone que su fin era político, ya que Aldana, tras dejar el cargo, buscó la presidencia por medio del partido Semilla, organización de izquierda.
Aldana no fue inscrita en las elecciones de 2019. Lejos de ello se ordenó su captura por un caso de plazas fantasma y huyó de Guatemala y se refugió en Estados Unidos. Ya en ese país también fue señalada en otro caso de posible corrupción: la compra de un edificio para el Ministerio Público.
Con la nueva orden de detención en su contra, la exfiscal suma cuatro procesos penales. Por el lado de Velásquez ahora cuenta con la protección de su gobierno y su gestión como jefe de la CCIG también fue protegida desde la firma del convenio entre Guatemala y la ONU.
Presidente de Colombia Gustavo Petro: "Jamás aceptaré la orden de captura de nuestro ministro Iván Velásquez"
Gustavo Petro defiende a su ministro de la Defensa, Iván Velásquez, y también llama a consulta al embajador de Colombia en Guatemala.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció tras el anuncio de las autoridades de Guatemala de perseguir penalmente a su ministro de la Defensa, Iván Velásquez, quien fue señalado por la Fiscalía de cometer irregularidades en el caso Odebrecht.
"Jamás aceptaré la orden de captura de nuestro ministro (Iván) Velasquez. Demostró luchar contra la corrupción y no permitirimos que la corrupción lo persiga. Nuestro embajador se llama inmediatamente a consulta", escribió en su cuenta de Twitter el mandatario colombiano.
Velásquez dirigió la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), de 2013 a 2019, cuando el gobierno de Jimmy Morales resolvió no renovar más el mandato de la cuestionada institución apoyada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Como jefe de la CICIG, el ahora ministro de Petro habría facilitado convenios de colaborador eficaz con personeros de la constructora brasileña Odebrecht, que estafó a Guatemala con el beneplácito de autoridades nacionales, al cobrar un monto millonario por un carretera que no construyó.
Los acuerdos con los brasileños fueron anulados y ahora los extranjeros están citados para presentarse ante los tribunales de Guatemala para responder por el daño causado al patrimonio del país.
Los guatemaltecos no solo no vieron la carretera de cuatro carriles que se ofreció construir de Cocales, en Suchitepéquez, hacia Tecún Umán, San Marcos, sino que deben pagar dos préstamos que vencen hasta el 2033.
El señalamiento contra Iván Velásquez
El exjefe de la CICIG habría avalado cambios a los convenios de colaborador eficaz de los personeros de Odebrecht, a cambio de que los extranjeros delataran al exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi y a políticos como Manuel Baldizón, quienes habrían recibido sobornos para conceder el contrato a la constructora.
Los brasileños cumplieron esa parte del convenio, pero también se llevaron casi Q3 mil millones estafados los guatemaltecos. El dinero obtenido en dos préstamos, se empezó a pagar en 2017 y será hasta 2033 cuando se realice el último desembolso a un banco brasileño.
En 2012 el Congreso de la República aprobó el convenio con Odebrecht para construir una carretera de cuatro carriles de la aldea Cocales, en Suchitepéquez, hacia Tecún Umán, San Marcos. La obra fue abandonada por los brasileños luego que saliera a luz la trama de corrupción de la constructora en diversos países.
En Guatemala fueron implicados por los representantes de Odebrecht, el exministro Sinibaldi y el expresidenciable Baldizón. A cambio de contar detalles de los sobornos, los brasileños escaparon de la justicia.
Historia de la estafa
Los dos préstamos aprobados por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) y el BCIE, sumaban US$399.4 millones (Q3 mil 75 millones). De ese monto, los brasileños recibieron US$254.4 millones (Q1 mil 959 millones).
A la cantidad entregada a Odebrecht se debe sumar los intereses que en trece años pagarán los guatemaltecos. La suma será de US$128 millones (Q986 millones).
Las autoridades del Ministerio de Comunicaciones, durante la gestión de Jimmy Morales, ordenaron suspender los desembolsos a Odebrecht, pues encontraron diversas ilegalidades y denunciaron a la constructora. Una de las irregularidades fue que la obra tenía un avance físico del 35 por ciento, pero el Gobierno ya le había dado el 75 por ciento del dinero a los brasileños.
Por ahora se desconoce el objetivo final que perseguía Velásquez y la exfiscal Thelma Aldana, así como otros fiscales, para beneficiar a los brasileños en detrimento del los recursos públicos. Se supone que su fin era político, ya que Aldana, tras dejar el cargo, buscó la presidencia por medio del partido Semilla, organización de izquierda.
Aldana no fue inscrita en las elecciones de 2019. Lejos de ello se ordenó su captura por un caso de plazas fantasma y huyó de Guatemala y se refugió en Estados Unidos. Ya en ese país también fue señalada en otro caso de posible corrupción: la compra de un edificio para el Ministerio Público.
Con la nueva orden de detención en su contra, la exfiscal suma cuatro procesos penales. Por el lado de Velásquez ahora cuenta con la protección de su gobierno y su gestión como jefe de la CCIG también fue protegida desde la firma del convenio entre Guatemala y la ONU.