El gobierno portugués acaba de sufrir un nuevo revés con la decisión del Tribunal Constitucional de rechazar otra medida de austeridad del plan de reformas exigido por los acreedores del país.
Esta sentencia, que volvió a mermar la credibilidad del gobierno a ojos de los inversores, se reflejó de inmediato en el mercado de la deuda, donde las tasas de las obligaciones a 10 años subieron al 6,785% el viernes por la mañana, frente al 6,574% del jueves al cierre.
El Tribunal Constitucional rechazó un proyecto de ley del gobierno para despedir a funcionarios en el marco de la política de austeridad del gobierno de centro-derecha. En abril, el alto tribunal ya había rechazado varias medidas de austeridad del presupuesto del Estado para 2013.
‘La decisión (del Tribunal) es un contratiempo en el sendero que el gobierno y el Estado deben tomar para racionalizar y modernizar la administración pública’, admitió Marco Antonio Costa, vicepresidente del Partido Social-Demócrata (PSD, centro-derecha), del primer ministro, Pedro Passos Coelho.
La sentencia se produce en un momento delicado para el ejecutivo, ya que una delegación de la troika de acreedores (Unión Europea, Fondo Monetario Internacional y Banco Central Europeo) prevé llegar a mediados de septiembre para examinar las reformas implementadas por Portugal.
En mayo de 2011, el país obtuvo un rescate de 78.000 millones de euros a cambio de que el gobierno aplicara un programa de reformas y austeridad.
El ejecutivo luso tuvo que pedir una postergación de esta visita debido a la crisis política que afectó al país en julio, tras las dimisiones de dos importantes ministros.
Deseoso de cumplir con las exigencias de la troika, el gobierno había previsto un ahorro presupuestario de 894 millones de euros en tres años, de ellos 50 millones desde 2013, gracias a la medida ahora censurada por el Tribunal Constitucional.
En abril, las invalidaciones decididas por el Tribunal ya comprometieron el ahorro por un total de 1.300 millones de euros. El primer ministro tuvo que presentar un proyecto de reforma del Estado para reducir los gastos públicos en 4.700 millones antes de 2014.
La troika ya ha flexibilizado dos veces los objetivos presupuestarios de Portugal. El país se ha comprometido a reducir el déficit presupuestario, que fue del 6,4% del PIB en 2012, al 5,5% a finales de 2013 y al 4% el próximo año.
El gobierno podría verse obligado a pedir a sus acreedores que rebajen aún más sus exigencias para aligerar por tercera vez los objetivos fijados.
Nuevamente censurado cuatro meses más tarde, el gobierno corre el riesgo de ver su credibilidad seriamente mermada, como indica en un editorial el diario económico Jornal de Notícias. ‘Se tiene la impresión de que el Tribunal es una fuerza de bloqueo que impide al Estado ser solvente y tener las cuentas saneadas’, escribe el diario.
Pero la oposición de izquierda y los sindicatos se felicitaron por la decisión jurídica. El Partido Socialista ‘se alegra’, declaró Joao Proenza, dirigente de esa formación. ‘Esta decisión (…) confirma que el gobierno es ilegítimo y que está fuera de la ley’, dijo por su parte el líder del Partido Comunista, Jeronimo de Sousa.
El gobierno portugués acaba de sufrir un nuevo revés con la decisión del Tribunal Constitucional de rechazar otra medida de austeridad del plan de reformas exigido por los acreedores del país.
Esta sentencia, que volvió a mermar la credibilidad del gobierno a ojos de los inversores, se reflejó de inmediato en el mercado de la deuda, donde las tasas de las obligaciones a 10 años subieron al 6,785% el viernes por la mañana, frente al 6,574% del jueves al cierre.
El Tribunal Constitucional rechazó un proyecto de ley del gobierno para despedir a funcionarios en el marco de la política de austeridad del gobierno de centro-derecha. En abril, el alto tribunal ya había rechazado varias medidas de austeridad del presupuesto del Estado para 2013.
‘La decisión (del Tribunal) es un contratiempo en el sendero que el gobierno y el Estado deben tomar para racionalizar y modernizar la administración pública’, admitió Marco Antonio Costa, vicepresidente del Partido Social-Demócrata (PSD, centro-derecha), del primer ministro, Pedro Passos Coelho.
La sentencia se produce en un momento delicado para el ejecutivo, ya que una delegación de la troika de acreedores (Unión Europea, Fondo Monetario Internacional y Banco Central Europeo) prevé llegar a mediados de septiembre para examinar las reformas implementadas por Portugal.
En mayo de 2011, el país obtuvo un rescate de 78.000 millones de euros a cambio de que el gobierno aplicara un programa de reformas y austeridad.
El ejecutivo luso tuvo que pedir una postergación de esta visita debido a la crisis política que afectó al país en julio, tras las dimisiones de dos importantes ministros.
Deseoso de cumplir con las exigencias de la troika, el gobierno había previsto un ahorro presupuestario de 894 millones de euros en tres años, de ellos 50 millones desde 2013, gracias a la medida ahora censurada por el Tribunal Constitucional.
En abril, las invalidaciones decididas por el Tribunal ya comprometieron el ahorro por un total de 1.300 millones de euros. El primer ministro tuvo que presentar un proyecto de reforma del Estado para reducir los gastos públicos en 4.700 millones antes de 2014.
La troika ya ha flexibilizado dos veces los objetivos presupuestarios de Portugal. El país se ha comprometido a reducir el déficit presupuestario, que fue del 6,4% del PIB en 2012, al 5,5% a finales de 2013 y al 4% el próximo año.
El gobierno podría verse obligado a pedir a sus acreedores que rebajen aún más sus exigencias para aligerar por tercera vez los objetivos fijados.
Nuevamente censurado cuatro meses más tarde, el gobierno corre el riesgo de ver su credibilidad seriamente mermada, como indica en un editorial el diario económico Jornal de Notícias. ‘Se tiene la impresión de que el Tribunal es una fuerza de bloqueo que impide al Estado ser solvente y tener las cuentas saneadas’, escribe el diario.
Pero la oposición de izquierda y los sindicatos se felicitaron por la decisión jurídica. El Partido Socialista ‘se alegra’, declaró Joao Proenza, dirigente de esa formación. ‘Esta decisión (…) confirma que el gobierno es ilegítimo y que está fuera de la ley’, dijo por su parte el líder del Partido Comunista, Jeronimo de Sousa.