Con frecuencia los incentivos fiscales son calificados como negativos por representar a simple vista una fuga en la contribución de los impuestos o de ingresos dejados de percibir por el Estado, lo cual resalta por el déficit que se ha registrado en la recaudación tributaria, sin embargo, vistos desde una perspectiva más amplia, éstos representan estrategias de crecimiento y desarrollo económico, desempeñando un papel fundamental en el fomento de las inversiones. 

Los incentivos fiscales no son el único factor que incide en la realización de una inversión, sin embargo, éstos actúan como compensadores de situaciones que desincentivan las inversiones, como lo son la delincuencia, corrupción, inestabilidad política, falta de certeza jurídica y falta de infraestructura eficiente, entre otras circunstancias que forman parte de la realidad del país, resultando necesarios para evitar el cierre y traslado de empresas a países vecinos, que ya han realizado acciones encaminadas a la modificación de sus leyes con el objeto de mantener y atraer nuevas inversiones, así como proporcionar certeza jurídica a los inversionistas, ocasionando que empresas que han invertido en Guatemala consideren a algunos de estos países para su traslado.

En el año 2007, Guatemala adquirió el compromiso de eliminar las subvenciones prohibidas en el marco de la Organización Mundial del Comercio, la cuales son las condicionadas a los resultados de exportación, así como las correspondientes al uso de materias primas locales en sustitución de las importadas, teniendo como fecha límite el 31 de diciembre de dos mil quince, por lo que para cumplir con los requerimientos deben eliminarse la vinculación de las exenciones otorgadas con la exportación o con los resultados de ésta, así como la discriminación del mercado local. 

Ante dicha situación, resulta evidente la importancia de la aprobación de una Ley de Promoción de Inversión y Empleo, la cual debiera contener beneficios tanto tributarios como no tributarios, en la que se incluyan sistemas de control y fiscalización para las empresas que califiquen para la obtención de dichos beneficios, evitando de ésta manera el abuso del régimen y facilitando a su vez, la labor de fiscalización de la Superintendencia de Administración Tributaria. El no otorgamiento de incentivos fiscales no sólo representaría una pérdida sustancial de empleos en el país, sino además conllevaría pérdida de competitividad, dejando al país en desventaja, afectando seriamente la economía del país.