17 de octubre, 2013
Lo vemos en la agenda mediática del país, el tema desfila en las páginas de opinión de los medios escritos y su combate se ha convertido en objeto de debate en revistas de medios audiovisuales: la corrupción.
Guatemala fue fundada como una República Democrática y, dentro de ese marco jurídico, debemos buscar las condiciones óptimas para promover el desarrollo económico, social y humano de sus habitantes. Un elemento central y determinante del éxito de cualquier sociedad democrática, es un gobierno transparente y eficiente.
Sin embargo la situación en Guatemala es otra. Los niveles de corrupción han ido evolucionando en los últimos años y sus esquemas han alcanzado proporciones inimaginables. La corrupción erosiona la frágil democracia en que vivimos y, por ende, afecta el futuro económico y social de nuestra nación, sobretodo en el tema de atracción de inversión local y extrajera. Según datos del Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, Guatemala se encuentra en el puesto 86 de 148 países, siendo la corrupción el segundo factor identificado que afecta la llegada de inversión, precedido solo por el costo que implica la criminalidad para las empresas. Los niveles de corrupción son fuertes limitantes al desarrollo al distorsionar el Estado de Derecho e introducir una fuerte dosis de incertidumbre a las reglas del juego. Por tanto, su combate debe ser un tema de prioridad para todos.
Por ejemplo, ninguna empresa constructora del extranjero va a invertir sus recursos ni ofrecer oportunidades laborales en Guatemala, si su competencia es una compañía propiedad de algún político o servidor público, quién se autoasigna la ejecución de las obras públicas. Guatecompras, el supuesto portal de transparencia, o es esquivado en los procesos de compra o sirve para que dichos procesos “a la medida” sean asignados a un proveedor predeterminado.
Por otro lado, la corrupción merma las arcas del Estado. Una situación que lo ilustra es el problema en aduanas que ha acaparado los titulares de los medios recientemente. Finalmente las autoridades han aceptado públicamente que existen “grupos” que controlan las aduanas, causando una disminución en la captación de impuestos a lo largo de los últimos siete meses. Serán las cifras de recaudación el único indicador que nos dará a conocer si la estrategia de intervención de cinco aduanas por parte del gobierno es o no exitosa.
No obstante, por más utópico que parezca, la corrupción sí tiene soluciones. Las mismas requieren la participación y compromiso de todos los ciudadanos. Uno de los puntos básicos con los que podemos iniciar es algo que mencioné en mi pasada columna, el cumplimiento de la hoja de 30 tareas presentada en el ENADE 2012. En la cual, el sector público aún tiene pendiente decisiones determinantes tales como la aprobación del paquete de leyes de transparencia. Otros aspectos primordiales serían el fortalecimiento de las capacidades del Ministerio Público en materia de anticorrupción además de mejorar los procesos de compra del Estado. En ese sentido, los procesos de compra se verían enormemente beneficiados si fueran delegados a una entidad independientes y profesional con el mandato de estructurar proyectos que satisfagan las necesidades de la ciudadanía.
Aún es tiempo para que nos veamos todos en el espejo y cuestionemos nuestras acciones en cada momento. Gandhi decía “si no vives como piensas, terminarás pensando como vives”. Imagínense hasta donde nos puede llevar un “simple” soborno a un policía o algo “tan inocente” como pedir que se descuente el IVA al no pedir factura. El combate a la corrupción empieza en nosotros mismos.
17 de octubre, 2013
Lo vemos en la agenda mediática del país, el tema desfila en las páginas de opinión de los medios escritos y su combate se ha convertido en objeto de debate en revistas de medios audiovisuales: la corrupción.
Guatemala fue fundada como una República Democrática y, dentro de ese marco jurídico, debemos buscar las condiciones óptimas para promover el desarrollo económico, social y humano de sus habitantes. Un elemento central y determinante del éxito de cualquier sociedad democrática, es un gobierno transparente y eficiente.
Sin embargo la situación en Guatemala es otra. Los niveles de corrupción han ido evolucionando en los últimos años y sus esquemas han alcanzado proporciones inimaginables. La corrupción erosiona la frágil democracia en que vivimos y, por ende, afecta el futuro económico y social de nuestra nación, sobretodo en el tema de atracción de inversión local y extrajera. Según datos del Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, Guatemala se encuentra en el puesto 86 de 148 países, siendo la corrupción el segundo factor identificado que afecta la llegada de inversión, precedido solo por el costo que implica la criminalidad para las empresas. Los niveles de corrupción son fuertes limitantes al desarrollo al distorsionar el Estado de Derecho e introducir una fuerte dosis de incertidumbre a las reglas del juego. Por tanto, su combate debe ser un tema de prioridad para todos.
Por ejemplo, ninguna empresa constructora del extranjero va a invertir sus recursos ni ofrecer oportunidades laborales en Guatemala, si su competencia es una compañía propiedad de algún político o servidor público, quién se autoasigna la ejecución de las obras públicas. Guatecompras, el supuesto portal de transparencia, o es esquivado en los procesos de compra o sirve para que dichos procesos “a la medida” sean asignados a un proveedor predeterminado.
Por otro lado, la corrupción merma las arcas del Estado. Una situación que lo ilustra es el problema en aduanas que ha acaparado los titulares de los medios recientemente. Finalmente las autoridades han aceptado públicamente que existen “grupos” que controlan las aduanas, causando una disminución en la captación de impuestos a lo largo de los últimos siete meses. Serán las cifras de recaudación el único indicador que nos dará a conocer si la estrategia de intervención de cinco aduanas por parte del gobierno es o no exitosa.
No obstante, por más utópico que parezca, la corrupción sí tiene soluciones. Las mismas requieren la participación y compromiso de todos los ciudadanos. Uno de los puntos básicos con los que podemos iniciar es algo que mencioné en mi pasada columna, el cumplimiento de la hoja de 30 tareas presentada en el ENADE 2012. En la cual, el sector público aún tiene pendiente decisiones determinantes tales como la aprobación del paquete de leyes de transparencia. Otros aspectos primordiales serían el fortalecimiento de las capacidades del Ministerio Público en materia de anticorrupción además de mejorar los procesos de compra del Estado. En ese sentido, los procesos de compra se verían enormemente beneficiados si fueran delegados a una entidad independientes y profesional con el mandato de estructurar proyectos que satisfagan las necesidades de la ciudadanía.
Aún es tiempo para que nos veamos todos en el espejo y cuestionemos nuestras acciones en cada momento. Gandhi decía “si no vives como piensas, terminarás pensando como vives”. Imagínense hasta donde nos puede llevar un “simple” soborno a un policía o algo “tan inocente” como pedir que se descuente el IVA al no pedir factura. El combate a la corrupción empieza en nosotros mismos.