Ocho exfuncionarios del gobierno de Fernando de la Rúa (1999/2001) fueron encausados por la justicia, en una causa que investiga delitos en la refinanciación de la deuda soberana en 2001, se informó este domingo.
La medida fue dictada en los últimos días de diciembre de 2013, previo a la feria judicial de enero, pero trascendió en la prensa de Buenos Aires recién este fin de semana.
Por este caso ya estaban encausados el exministro de Economía Domingo Cavallo y el banquero David Mulford, exsubsecretario de Asuntos Internacionales del Tesoro de Estados Unidos, considerado prófugo de la justicia argentina por no haberse presentado a declaración indagatoria.
Los nuevos procesamientos fueron dictados por el juez federal Sebastián Ramos, quien centraliza desde octubre de 2012 todos los expedientes sobre el llamado ‘megacanje’ de bonos de la deuda.
El magistrado investiga si se perpetró una defraudación contra el Estado a través de esa operación financiera.
Entre los encausados está Federico Sturzenegger, quien era secretario de Política Económica del equipo de Domingo Cavallo en 2001 y viene de asumir en diciembre como diputado federal por el Pro (derecha), partido del acalde de Buenos Aires, Mauricio Macri. Antes de asumir su banca, era presidente del estatal Banco Ciudad.
El juez encausó también al exsecretario de Hacienda Jorge Baldrich, al exsubdirector de Financiamiento Julio Dreizzen, al exasesor de Cavallo Horacio Liendo y al exprocurador del Tesoro Ernesto Marcer.
La medida incluye a Norberto López Isnardi, Carlos Molina y Guillermo Mondino, exfuncionarios del ministerio de Economía.
El ‘megacanje’ fue lanzado en mayo de 2001 por De la Rúa, supuestamente para evitar que Argentina cayera en moratoria con los organismos multilaterales de crédito.
Para postergar vencimientos, el entonces ministro Cavallo emitió bonos que pagaban rendimientos de 15% a 16% anual y abonó costosas comisiones a los bancos organizadores de la operación, que abultó en 40.000 millones de dólares la deuda argentina, según el dictamen de la fiscalía.
A fines de 2001, el gobierno de De la Rúa cayó en medio de una rebelión popular que dejó 30 muertos en el país, en el marco de la peor crisis económica en un siglo en Argentina.
Ocho exfuncionarios del gobierno de Fernando de la Rúa (1999/2001) fueron encausados por la justicia, en una causa que investiga delitos en la refinanciación de la deuda soberana en 2001, se informó este domingo.
La medida fue dictada en los últimos días de diciembre de 2013, previo a la feria judicial de enero, pero trascendió en la prensa de Buenos Aires recién este fin de semana.
Por este caso ya estaban encausados el exministro de Economía Domingo Cavallo y el banquero David Mulford, exsubsecretario de Asuntos Internacionales del Tesoro de Estados Unidos, considerado prófugo de la justicia argentina por no haberse presentado a declaración indagatoria.
Los nuevos procesamientos fueron dictados por el juez federal Sebastián Ramos, quien centraliza desde octubre de 2012 todos los expedientes sobre el llamado ‘megacanje’ de bonos de la deuda.
El magistrado investiga si se perpetró una defraudación contra el Estado a través de esa operación financiera.
Entre los encausados está Federico Sturzenegger, quien era secretario de Política Económica del equipo de Domingo Cavallo en 2001 y viene de asumir en diciembre como diputado federal por el Pro (derecha), partido del acalde de Buenos Aires, Mauricio Macri. Antes de asumir su banca, era presidente del estatal Banco Ciudad.
El juez encausó también al exsecretario de Hacienda Jorge Baldrich, al exsubdirector de Financiamiento Julio Dreizzen, al exasesor de Cavallo Horacio Liendo y al exprocurador del Tesoro Ernesto Marcer.
La medida incluye a Norberto López Isnardi, Carlos Molina y Guillermo Mondino, exfuncionarios del ministerio de Economía.
El ‘megacanje’ fue lanzado en mayo de 2001 por De la Rúa, supuestamente para evitar que Argentina cayera en moratoria con los organismos multilaterales de crédito.
Para postergar vencimientos, el entonces ministro Cavallo emitió bonos que pagaban rendimientos de 15% a 16% anual y abonó costosas comisiones a los bancos organizadores de la operación, que abultó en 40.000 millones de dólares la deuda argentina, según el dictamen de la fiscalía.
A fines de 2001, el gobierno de De la Rúa cayó en medio de una rebelión popular que dejó 30 muertos en el país, en el marco de la peor crisis económica en un siglo en Argentina.