La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y el consorcio GUPC, que realiza la ampliación de la vía, decidieron este viernes prorrogar hasta el 4 de febrero las negociaciones de un plan de cofinanciación de los millonarios sobrecostos de la obra.
‘Se han dado una serie de pasos dirigidos a la resolución de la situación y esos esfuerzos continúan en curso’, aseguró este viernes GUPC, según el cual el objetivo de las negociaciones ‘ha sido y sigue siendo llegar a un acuerdo de largo plazo’ para realizar la obra ‘en el menor tiempo y costo, dentro del contrato y de la Ley’.
La estatal ACP, por su parte, emitió un comunicado anunciando la prórroga de las negociaciones con el consorcio y la aseguradora Zurich America International, luego de que se cumpliera este viernes un ultimátum puesto por los constructores.
Grupo Unidos por el Canal (GUPC), encabezado por la constructora española Sacyr, explicó que las negociaciones se centran ‘en un plan de cofinanciación de los costos’ adicionales, cuya responsabilidad última ‘se decidirá a través de procedimientos de arbitraje internacional’.
‘Creo que GUPC al final no se quiere ir y nosotros sólo queremos que cumplan con el contrato, lo cual es bueno’, declaró a la AFP el ministro del Canal, Roberto Roy.
El consorcio exige a la ACP que le reconozca sobrecostos por más de 1.600 millones de dólares sobre los 3.200 millones establecidos en el contrato original para la construcción de un nuevo juego de esclusas.
En diciembre pasado, GUPC -integrado además por un empresa italiana, otra belga y una panameña- fijo un plazo hasta el 20 de enero para que Panamá respondiera a su demanda, y luego lo amplió hasta este viernes.
‘Lo que queremos los dos es terminar la obra y lo más conveniente es terminarla juntos’, pero de no llegar a un acuerdo ‘nosotros podríamos hacernos cargo de terminarla’, advirtió el miércoles el administrador de la vía, Jorge Quijano.
La finalización de las obras estaba prevista para este año, pero los trabajos ya acumulan un retraso de nueve meses, sin contar los contratiempos de las últimas semanas.
Cientos de obreros viven en la incertidumbre, mientras que la mitad de los 5.000 con que contaba el proyecto antes de la crisis no han sido recontratados, y algunos fueron despedidos.
Analistas aseguran que la ampliación no sólo puede demorar dos o tres años más, sino que superará los 5.250 millones de dólares que cuesta el proyecto total.
El lunes, el primer ministro italiano, Enrico Letta, y el jefe de gobierno español, Mariano Rajoy, llamaron desde Roma a las partes a buscar una ‘solución rápida, justa y equitativa’ a la crisis.
La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y el consorcio GUPC, que realiza la ampliación de la vía, decidieron este viernes prorrogar hasta el 4 de febrero las negociaciones de un plan de cofinanciación de los millonarios sobrecostos de la obra.
‘Se han dado una serie de pasos dirigidos a la resolución de la situación y esos esfuerzos continúan en curso’, aseguró este viernes GUPC, según el cual el objetivo de las negociaciones ‘ha sido y sigue siendo llegar a un acuerdo de largo plazo’ para realizar la obra ‘en el menor tiempo y costo, dentro del contrato y de la Ley’.
La estatal ACP, por su parte, emitió un comunicado anunciando la prórroga de las negociaciones con el consorcio y la aseguradora Zurich America International, luego de que se cumpliera este viernes un ultimátum puesto por los constructores.
Grupo Unidos por el Canal (GUPC), encabezado por la constructora española Sacyr, explicó que las negociaciones se centran ‘en un plan de cofinanciación de los costos’ adicionales, cuya responsabilidad última ‘se decidirá a través de procedimientos de arbitraje internacional’.
‘Creo que GUPC al final no se quiere ir y nosotros sólo queremos que cumplan con el contrato, lo cual es bueno’, declaró a la AFP el ministro del Canal, Roberto Roy.
El consorcio exige a la ACP que le reconozca sobrecostos por más de 1.600 millones de dólares sobre los 3.200 millones establecidos en el contrato original para la construcción de un nuevo juego de esclusas.
En diciembre pasado, GUPC -integrado además por un empresa italiana, otra belga y una panameña- fijo un plazo hasta el 20 de enero para que Panamá respondiera a su demanda, y luego lo amplió hasta este viernes.
‘Lo que queremos los dos es terminar la obra y lo más conveniente es terminarla juntos’, pero de no llegar a un acuerdo ‘nosotros podríamos hacernos cargo de terminarla’, advirtió el miércoles el administrador de la vía, Jorge Quijano.
La finalización de las obras estaba prevista para este año, pero los trabajos ya acumulan un retraso de nueve meses, sin contar los contratiempos de las últimas semanas.
Cientos de obreros viven en la incertidumbre, mientras que la mitad de los 5.000 con que contaba el proyecto antes de la crisis no han sido recontratados, y algunos fueron despedidos.
Analistas aseguran que la ampliación no sólo puede demorar dos o tres años más, sino que superará los 5.250 millones de dólares que cuesta el proyecto total.
El lunes, el primer ministro italiano, Enrico Letta, y el jefe de gobierno español, Mariano Rajoy, llamaron desde Roma a las partes a buscar una ‘solución rápida, justa y equitativa’ a la crisis.