Redacción
27 de mayo, 2014
Desde el inicio del período de gobierno de Otto Pérez Molina, nos hemos enfrentando ante personajes políticos “impulsivos” para hablar y proponer.
En algunas ocasiones han hecho que aplaudamos iniciativas que presentan con respecto a poner en discusión reformas interesantes, como lo fue la despenalización de las drogas. Sin embargo, así como muchos otros temas, jamás avanzó. Se estancó en un intento por formar una mesa de diálogo en la que el mayor ausente fue la propuesta seria y formal por parte de Guatemala. Dicho sea de paso, pese a mostrar mucha fuerza e intención de promoverlo en el plano internacional, casualmente a lo interno, jamás se implementó. Como bien se dice: “del dicho al hecho, hay mucho trecho”.
Las propuestas que nuestras autoridades lanzan al aire, últimamente han sido del tipo imposible. Son tan imprevistas, poco fundadas e inesperadas, que nos hacen cuestionar como ciudadanos si las mismas en serio buscan ser ejecutadas, o simplemente forman parte de un aparato de disparates distractores.
Iniciemos poniendo sobre la mesa que, algunos de los temas impulsados por autoridades como el de alargar el periodo presidencial, forma parte de la descripción redactada en el artículo 281 de la Constitución el cual contempla que en NINGÚN caso podrán reformarse los artículos 140, 141, 165 inciso g), 186 y 187, ni en forma alguna toda cuestión que se refiera a la forma republicana de gobiernos, al principio de no reelección para el ejercicio de la Presidencia de la República, ni restársele efectividad o vigencia a los artículos que estatuyen la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República, así como tampoco dejárseles en suspenso o de cualquier otra manera variar o modificar su contenido. (El subrayado es propio).
La redacción citada y plasmada unas líneas antes, nos obliga a reflexionar sobre el llamado que hacen las máximas autoridades para “discutir” algo que simplemente no es viable en estos momentos, que atenta en contra de los principios de la misma Carta Magna, y que además siembra pavor en la ciudadanía por observar que es esa su prioridad y no combatir otros males como la corrupción, el hambre y la inseguridad.
Éste último tema es sobre el cual quería centrarme. Más bien, quería manifestar el desconcierto y malestar que comparto con muchos ciudadanos guatemaltecos, y que surgió al escuchar declaraciones del Ministro de Gobernación. En ellas, López Bonilla afirmaba que ya existe una mesa técnica en conjunto con el Ministerio de Finanzas para contemplar una nueva carga impositiva; sí, así es: Un nuevo impuesto, pero ahora, de “seguridad”.
Me indigna pensar que si quiera se piense en plantear la posibilidad de imponer otro impuesto, cuando no hace mucho se aprobó en el Congreso la “Puñalada Fiscal”, que dicho sea de paso, pone en evidencia la poca capacidad de la SAT para recaudar las metas que se imponen, la burocracia de las instituciones para hacer efectivos y transparentes sus gastos; y por último, el poco deseo de las autoridades por combatir la corrupción.
Me indigna el tema pues el Estado por principio y origen se forma, no como administrador de bienes (porque ha demostrado tener nula capacidad en ello), sino como garante de seguridad física y jurídica al ciudadano. Casualmente, es esa la principal demanda por parte de la ciudadanía que aún no ha logrado ser satisfecha a plenitud. Me pregunto: Si al Estado “no le alcanza” para proveer seguridad, ¿Entonces para qué lo tenemos? ¿No se está gastando el dinero en otras cosas innecesarias? ¿Es cuestión de cantidad de dinero, o de administración de fondos y priorización?
La propuesta cae como balde de agua fría pues resulta ser casi una subasta o venta de seguridad, que en teoría ya la pagamos con nuestros tributos.
La intención de estas líneas es hacer el llamado a los ciudadanos para que no nos dejemos engañar. Por seguridad ya pagamos. Para ello nos organizamos. Exijamos a los funcionarios que, con el fin de contar con más recursos para atacar al crimen e inseguridad, mejor rindan cuentas, ataquen la corrupción, eliminen gastos innecesarios y que tengan claras las prioridades. Seguridad es primero; ellos lo supieron vender bien en campaña. No permitamos que nos hagan pagar dos veces una misma factura.
@almazariegos
Facebook: Facebook.com/ALMazariegosTV
Redacción
27 de mayo, 2014
Desde el inicio del período de gobierno de Otto Pérez Molina, nos hemos enfrentando ante personajes políticos “impulsivos” para hablar y proponer.
En algunas ocasiones han hecho que aplaudamos iniciativas que presentan con respecto a poner en discusión reformas interesantes, como lo fue la despenalización de las drogas. Sin embargo, así como muchos otros temas, jamás avanzó. Se estancó en un intento por formar una mesa de diálogo en la que el mayor ausente fue la propuesta seria y formal por parte de Guatemala. Dicho sea de paso, pese a mostrar mucha fuerza e intención de promoverlo en el plano internacional, casualmente a lo interno, jamás se implementó. Como bien se dice: “del dicho al hecho, hay mucho trecho”.
Las propuestas que nuestras autoridades lanzan al aire, últimamente han sido del tipo imposible. Son tan imprevistas, poco fundadas e inesperadas, que nos hacen cuestionar como ciudadanos si las mismas en serio buscan ser ejecutadas, o simplemente forman parte de un aparato de disparates distractores.
Iniciemos poniendo sobre la mesa que, algunos de los temas impulsados por autoridades como el de alargar el periodo presidencial, forma parte de la descripción redactada en el artículo 281 de la Constitución el cual contempla que en NINGÚN caso podrán reformarse los artículos 140, 141, 165 inciso g), 186 y 187, ni en forma alguna toda cuestión que se refiera a la forma republicana de gobiernos, al principio de no reelección para el ejercicio de la Presidencia de la República, ni restársele efectividad o vigencia a los artículos que estatuyen la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República, así como tampoco dejárseles en suspenso o de cualquier otra manera variar o modificar su contenido. (El subrayado es propio).
La redacción citada y plasmada unas líneas antes, nos obliga a reflexionar sobre el llamado que hacen las máximas autoridades para “discutir” algo que simplemente no es viable en estos momentos, que atenta en contra de los principios de la misma Carta Magna, y que además siembra pavor en la ciudadanía por observar que es esa su prioridad y no combatir otros males como la corrupción, el hambre y la inseguridad.
Éste último tema es sobre el cual quería centrarme. Más bien, quería manifestar el desconcierto y malestar que comparto con muchos ciudadanos guatemaltecos, y que surgió al escuchar declaraciones del Ministro de Gobernación. En ellas, López Bonilla afirmaba que ya existe una mesa técnica en conjunto con el Ministerio de Finanzas para contemplar una nueva carga impositiva; sí, así es: Un nuevo impuesto, pero ahora, de “seguridad”.
Me indigna pensar que si quiera se piense en plantear la posibilidad de imponer otro impuesto, cuando no hace mucho se aprobó en el Congreso la “Puñalada Fiscal”, que dicho sea de paso, pone en evidencia la poca capacidad de la SAT para recaudar las metas que se imponen, la burocracia de las instituciones para hacer efectivos y transparentes sus gastos; y por último, el poco deseo de las autoridades por combatir la corrupción.
Me indigna el tema pues el Estado por principio y origen se forma, no como administrador de bienes (porque ha demostrado tener nula capacidad en ello), sino como garante de seguridad física y jurídica al ciudadano. Casualmente, es esa la principal demanda por parte de la ciudadanía que aún no ha logrado ser satisfecha a plenitud. Me pregunto: Si al Estado “no le alcanza” para proveer seguridad, ¿Entonces para qué lo tenemos? ¿No se está gastando el dinero en otras cosas innecesarias? ¿Es cuestión de cantidad de dinero, o de administración de fondos y priorización?
La propuesta cae como balde de agua fría pues resulta ser casi una subasta o venta de seguridad, que en teoría ya la pagamos con nuestros tributos.
La intención de estas líneas es hacer el llamado a los ciudadanos para que no nos dejemos engañar. Por seguridad ya pagamos. Para ello nos organizamos. Exijamos a los funcionarios que, con el fin de contar con más recursos para atacar al crimen e inseguridad, mejor rindan cuentas, ataquen la corrupción, eliminen gastos innecesarios y que tengan claras las prioridades. Seguridad es primero; ellos lo supieron vender bien en campaña. No permitamos que nos hagan pagar dos veces una misma factura.
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