El Decreto 19-2009, Ley de Comisiones de Postulaciones, rige el proceso de elección de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Magistrados de Sala. Esta ley desarrolla las Secciones del Capítulo III y IV de la Constitución Política de la República de Guatemala, relativa a la conformación de la Corte de Constitucionalidad y las Salas de Apelaciones. 

Sin embargo, la Carta Magna plantea la posibilidad que quienes pasen a ser Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones no necesariamente tienen que haber tenido una carrera en el Organismo Judicial; basta en el primer caso con haber ejercido como abogado por diez años y, en el segundo, por 5. De allí el interés del gremio completo en cada elección, debido a la posibilidad de lograr alguna de las magistraturas en juego. El número de potenciales candidatos con esta norma se eleva considerablemente. 

El abogado y ex Magistrado Hugo Maúl, quien ya formó parte de una Comisión de Postulación en el anterior proceso de selección, afirma que precisamente esta es una de las grandes falencias al momento de hacer un proceso de selección. “Hay demasiados colegas interesados en ocupar estos puestos y esto hace que grupos de poder, para bien o para mal, canalicen estas ambiciones y se organicen para copar los espacios para ambas vías, tanto para los que quieren ser electos, como para aquellos que tienen el poder de elegir”. 

Por otro lado, esta elección requiere conformar dos Comisiones de Postulación, una para elegir Magistrados a la CSJ y otra para Magistrados a la Corte de Apelaciones. Según los artículos 215 y 217 de la Constitución, éstas se conformarán por un representante de cada una de las Facultades de Derecho de cada Universidad del país. Este grupo de representantes determina el número de integrantes de las Comisiones, pues los artículos referidos indican que los representantes del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), y de los Magistrados de la Corte Suprema y Corte de Apelaciones deber ser igual al número de decanos. 

Al momento de la redacción de la Constitución eran cuatro las Universidades que contaban con Facultad de Derecho en el país. Sin embargo, en la actualidad existen 11 facultades. Así las cosas, el número de miembros de cada Comisión se eleva a 34: 11 delegados de las facultares de Derecho; más 11 representantes del CANG; y 11 representantes de Magistrados. A esos 33 comisionados se suma un Rector designado por sus homólogos. 

El análisis de República.Gt identifica cinco grandes sectores que se organizan para implicarse en la elección de Magistrados a CSJ y Corte de Apelaciones.

 

De acuerdo con datos del CANG, cinco de las once facultades de Derecho existentes fueron fundadas en los últimos 15 años. De éstas, 5 aportan más del 99% de los colegiados; las restantes 6 aportan menos del 1 por ciento de los profesionales. 

Hasta finales del año 2013, la Universidad San Pablo, la de Occidente y Da Vinci no tenían inscritos graduados o colegiados activos en esa institución. Sin embargo por el hecho de estar acreditadas tienen representación en la Comisión de Postulación. 

Alternativa Independiente, encabezada por Alejandro Balsells, cuenta con el respaldo muchos de los nuevos agremiados egresados recientes y no tan recientes provenientes de las filas de universidades privadas, además de ilustres nombres de grandes bufetes de Guatemala. En los meses recientes el padrón electoral pasó de cerca de 18 mil a más de 20 mil.
La planilla también cuenta con el apoyo de abogados conocidos por su profunda participación en la defensa de Derechos Humanos. Algunos nombres que aparecen en esta planilla son Cesar Augusto Conde, representante del Consejo del Renap, Maritza Ruiz de Vielman, ex canciller de mucha influencia entre egresados de la Universidad Rafael Landivar, que aporta más del 15% de colegiados, y en el gremio de abogados internacionalistas. 

Como contraparte, la universidad estatal, la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) unió esfuerzos con un grupo de abogados denominados “de Mixco”. La propuesta del ex rector de la USAC, Estuado Gálvez, y el gremio de Mixco es encabezada por Juan Carlos Godínez, de la planilla Alianza de Profesionales por la Justicia (ver La oposición se hace presente). 

Aunque la elección de los representantes del CANG se hace por representación de minorías, lo que garantiza que todas las planillas que alcancen un número mínimo de votantes tengan al menos una representación, una planilla en especial le apuesta a lograr un fuerte número de escaños. La planilla 2, Unidos por la Justicia, encabezada por la abogada y jueza Anabella Cardona, presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial. Esta planilla está apoyada por Marvin Lau, subsecretario General de la Presidencia, y quien fuera compañero de fórmula en el departamento legal de un banco privado con el Presidente del CANG, Luis Alfredo Reyes, donde Gustavo Martínez, secretario General de la Presidencia, fue mandatario legal. Otro de los funcionarios en lista de apoyo a esta planilla sería el actual Procurador General de la Nación (PGN), Vladimir Aguilar. 

Los vínculos con el oficialismo continuarían con otros funcionarios de alto nivel. Instituciones como el Registro de la Propiedad Inmueble, dirigido por Anabella de León, o el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), encabezado por Blanca Stalling, aportarían un considerable número de plazas y, por ende, votos. En el caso del Registro, se contabiliza un número de aproximadamente 200 profesionales; del IDPP, 142 abogados contratados, 255 en formación y 531 litigantes de oficio. No hay certeza que todos voten de una manera alineada pero los vínculos profesionales podrían ser un condicionante.

Stalling tiene un vínculo directo con esta planilla, Julian Shaad. Éste es el Representante de los Defensores de Planta ante el Consejo del IDPP y quien formó parte de la Comisión de Postulación que la llevó al frente de la Institución en 2010. 

La planilla además es respaldada por la agrupación Coordinadora Nacional Multisectorial de Integración Social (Conamis), que llevó a Luis Alfredo Reyes a la Presidencia del CAGN. También pertenecen a la Conamis Thelma Aldana, recién electa Fiscal General, y los magistrados de la CSJ Gustavo Mendizabal, Erick Álvarez y Gustavo Bonilla. 

En la agrupación también destaca la participación del ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos, Boanerge Mejía, así como el titular actual, Avidan Ortíz, que representan un contrapeso en la USAC por afines al Rector saliente, Estuardo Gálvez. 

La planilla 3, Alianza de Profesionales por la Justicia, que cuenta con el apoyo del Grupo Abogados de Mixco, encabezada por Juan Carlos Godínez, sobrino del ex Magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Ulises Gómez (ex representante del TSE ante el Registro Nacional de las Personas-Renap). Gómez trabajó en la municipalidad de Mixco cuando la misma estaba dominada por Abraham y Amílcar Rivera, hoy al frente de su propio partido (Victoria). Godínez es mencionado como candidato a la Corte de Apelaciones. 

El posible caudal que se habría fincado en el RENAP se complementaría con el apoyo que a este grupo brinda el Rector saliente de la USAC, Estuardo Gálvez, quien durante 10 años se consolidó ante un grupo de profesionales del derecho en la capital y en los centros regionales de esa casa de estudios. Esa alianza se hace evidente al conocer que uno de sus más cercanos colaboradores, Henry Arreaga, quien trabaja en la Rectoría de la USAC, es candidato a la postuladora de la CSJ por la planilla en cuestión. 

Se menciona que en esta planilla existiría la influencia de la principal bancada de oposición al Gobierno. Las sospechas están fundamentadas en el hecho que uno de los candidatos es Igmaín Galicia Pimentel, candidato a diputado por el FRG en el proceso electoral del 2007 y luego asesor de la bancada de dicho partido en el Congreso. Él era hombre de confianza de los legisladores Leonel Soto Arango y Baudilio Hichos, ahora miembros del partido LIDER. Ambos representantes jugaron un papel importante como enlace y operadores en procesos de comisiones de postulación anteriores. 

Roberto López Villatoro surgió a la palestra política al pasar a formar parte de la familia de José Efraín Ríos Mont, casándose con la hija de este, Zury Ríos. Durante el gobierno del Frente Republicano Guatemalteco (FRG) se le atribuyó ser el operador político entre el gremio de abogados para ganar influencia en la Corte Suprema de Justicia, Corte de Constitucionalidad y Ministerio Público. 

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) lo señaló en el 2009 de formar parte de estructuras clandestinas del país, mediante patrocinios de maestrías en Sevilla, España, a 32 abogados guatemaltecos, como una forma de influir en la decisión de los integrantes de Comisiones de Postulación. El organismo internacional no probó los señalamientos. 

Actualmente este abogado es vinculado con la Planilla 1, Fortaleza Jurídica, encabezada por Oscar Cruz.  López Villatoro, es conocido en la opinión pública como “El Rey del Tenis” por sus empresas dedicadas a la importación de zapatos, fue asesor e impulsor para la fundación de al menos tres de las universidades más nuevas, entre la que destaca la Universidad Da Vinci de Guatemala, cuya sede central se encuentra en Huehuetenango, lugar de donde es originario. 

Así que además de posicionar comisionados entre los representantes del CANG, López Villatoro se encuentra en la privilegiada posición de influenciar en representantes de universidades, lo que lo pone en una posición inmejorable de negociación. República.Gt se comunicó por varias vías a los diferentes teléfonos del profesional, y aunque una secretaria aseguró que devolvería la llamada esto no ocurrió. 

De acuerdo con el presidente del CANG, Luis Alfredo Reyes, se espera la participación de más de 8 mil participantes de los más de 20 mil que integran el padrón.

“Hay mucho entusiasmo; las planillas han desarrollado una enorme labor para alcanzar un número de votantes que les otorgue bastante representación”. Si las proyecciones de Reyes se cumplen, las planillas tendrían que alcanzar cerca de los mil votos para tener al menos un representante. Un estudio de la Universidad Rafael Landivar, elaborado para Guatemala Visible, señala que en los procesos anteriores la participación del electorado no ha llegado al 30 por ciento. 

De acuerdo con el Movimiento Pro Justicia es difícil que un solo grupo domine la elección en el CANG y el proceso tomará fuerza cuando se conozca el nombre de todos los postuladores y comience el juego de alianza entre ellos. “Hay nombres como el de Gustavo Herrera que tienen la capacidad de negociar con tres de estas agrupaciones y allí es donde se debe estar atento a las componendas que se puedan realizar”, afirma Carmen Aida Ibarra.