En el Plan de Gobierno presentado en la campaña electoral por el Partido Patriota (PP) se explicaba que el objetivo de la política económica de llegar al poder se basaría en promover un ‘crecimiento con equidad y calidad de la economía guatemalteca’. De esa cuenta, se prometía que los ejes y acciones principales contemplados en el Plan de Desarrollo Económico se centraban en seguridad ciudadana, certeza jurídica, impulso a exportaciones no tradicionales, manejo del tratados de libre comercio, estrategia nacional de turismo, infraestructura, financiamiento para la adquisición de vivienda y capacitación para incrementar la productividad.
Sin embargo, analistas y sector empresarial coinciden que hay más retrocesos que avances en este tema; entre ellos, el no cumplir con las metas de recaudación de impuestos, pues al mes de junio se acumulaba una brecha fiscal de alrededor de Q877 millones.
Nada nuevo en la escena
Según explica el analista Ricardo Barrientos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), los antecedentes de este pacto se remontan a los Acuerdos de Paz, firmados en 1996, y al Pacto Fiscal del 2000. Luego en 2006, el Consejo Nacional para el Cumplimiento de los Acuerdos de Paz (CNAP) convocó el Grupo Promotor del Diálogo Fiscal (GPDF) que concluyó su trabajo en enero de 2008 con una Propuesta de Modernización Fiscal.
Esta propuesta se caracterizaba por su enfoque integral que incluía la calidad del gasto público, transparencia y combate a la corrupción y reforma tributaria. En julio 2011, el grupo conocido como G40, compuesto por profesionales de diversos orígenes y corrientes de pensamiento económico, recomienda aprobar la propuesta del GPDF.
Desde que el Gobierno de Álvaro Colom intentó su aprobación sin éxito en 2008, en el proceso la propuesta sufrió alteraciones y mutilaciones. En 2010 hubo una negociación privada entre el PP y el Gobierno de Colom; las pláticas fracasan pero el PP se queda con la propuesta.
Ya en 2010, distintos sectores discuten y crean la “Ley Antievasión II”, una parte de la propuesta del GPDF, pero no es aprobada. Al inicio del Gobierno de Otto Pérez Molina, luego de aprobarse el presupuesto 2012, también se aprueba Ley Antievasión II (Decreto 4-2012), y de la Ley de Actualización Tributaria (Decret. 10- 2012).
¿Qué implica el Pacto Fiscal?
Según explica ICEFI, el Pacto Fiscal para el Cambio consta de 5 partes: transparencia y calidad del gasto (Iniciativas de ley 4461 y 4462); crecimiento económico (paquete de “competitividad” o Ley de Inversión y empleo); combate al contrabando y la evasión tributaria (Ley antievasión II Decreto 4-2012); actualización tributaria (Decreto 10-2012); y asignación prioritaria de recursos. También se aprobó Ley Aduanera Nacional (Decreto 14-2013).
Componentes de la Ley de Actualización Tributaria son la nueva Ley del ISR; el Impuesto de Primera Matrícula (IPRIMA); disposiciones aduaneras; reformas al IVA; reformas al Impuesto Sobre Circulación de Vehículos; reformas al timbre fiscal y el papel sellado; vigencia y disposiciones transitorias.
La Ley ISR estipula que los ciudadanos guatemaltecos y patronos estarán obligados a tributar un 5% de tasa impositiva, 5% para profesionales y trabajadores independientes que emiten facturas, 5% para los asalariados, 5% para pagos de dividendos que son los dueños de empresas o sea los dueños de capital.
En lo que respecta a la planilla del IVA, la actualización de la Ley Tributaria se incrementó el mínimo vital en la forma de una deducción única, de Q36 mil a Q48 mil anuales, con la posibilidad de ampliarlo hasta Q60 mil anuales, con la presentación de una planilla de facturas por lo consumido por el trabajador asalariado en el año. Con esta ampliación, quedan exentos los trabajadores con salarios menor a Q5,500 mensuales; es decir, al 90% de los trabajadores asalariados de Guatemala.
Otro cambio fue que en el rango imponible mensual de Q30 mil quetzales anuales de ingreso en adelante se tribute Q.1,500.00 de impuesto obligatorio para el ciudadano y pagar por excedente de Q30 mil el 7%. Es decir, toda persona que tenga utilidades por mayor de los Q300,000 anuales, tributará el 7%.
Normativa con numerosos cambios
Según la Fundación para el Desarrollo (FUNDESA), debido a que la aprobación de la reforma tributaria se hizo con prisas y premura de tiempo, la redacción de la misma contenía numerosos errores de redacción e inconsistencias, y finalmente fue aprobada conteniendo normas contradictorias o ambiguas. Incluso, en algunos casos, sin una preparación adecuada por parte de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Luego que varios sectores impugnaran algunos artículos de la reforma fiscal, FUNDESA señala que, a pesar que la reforma fue objeto de numerosos recursos de inconstitucionalidad, amparos e impugnaciones, que han dejado sin vigencia algunas partes del texto original, la mayor parte de la propuesta no fue adversada.
“Las acciones legales generaron un ambiente de incertidumbre, dada la lentitud en pronunciarse por parte de la Corte de Constitucionalidad. Es complicado realizar análisis del impacto que tuvieron estas acciones, sin embargo algunas estimaciones preliminares calcularon el impacto en la reducción de la captación de ingresos tributarios en cerca de Q500 millones, equivalente a menos del 10% del incremento total esperado por la reforma”, se lee en un estudio fiscal realizado por FUNDESA junto al Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF).
La Corte de Constitucionalidad (CC) eliminó 10 de los 258 artículos. Esencialmente, los artículos señalados se refieren a controles y facultades que se le otorgaban a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), afectando a la llamada Ley Antievasión 2. La facultades que ya no se otorgarán incluían cierres preventivos por la no facturación, no estar inscritos u otras anomalías. Algunos artículos fueron declarados inconstitucionales en forma parcial y otros en forma total.
La CC suspendió de manera definitiva una parte del artículo 7 del decreto 4-2012, que se refiere al precio base para aplicar el IVA a los boletos de espectáculos públicos. Luego de la suspensión parcial, el monto del boleto y el impuesto al valor agregado que declaren puede ser diferente al valor impreso originalmente.
También se le ha quitado la facultad a la SAT del cierre provisional o bloqueo del NIT a los negocios que durante un año no presenten declaraciones o no presente movimientos. Se piensa que se viola la libertad de comercio. Tampoco pueden cerrar en forma preventiva negocios que realicen actividades profesionales y que funcionen sin estar inscritos. Se argumenta que el cierre lo puede declarar sólo un juez.
Referente a la Ley del Impuesto a la Primera Matrícula (IPRIMA), que prohibía la importación de 10 y 15 años de antigüedad, con las nuevas disposiciones ahora se pueden importar vehículos de modelos antiguos.
La cantidad total de artículos impugnados fue de 81 por medio de 148 acciones, 73 se han declarado sin lugar, 12 se archivaron, 48 no han sido suspendidas en forma provisional y 23 están pendientes de decisión.
¿Ha funcionado?
Una manera de medir si las medidas adoptadas han dado frutos es revisando lo recaudado. De acuerdo con lo previsto por las autoridades cuando se aprobó la reforma en 2012, en el año de su aprobación, el fisco recaudaría unos Q1,013.2 millones extras, aumento que se elevaría a Q4,281.1 millones en 2013; pasaría a Q4,357.3 millones en 2014; y llegaría a Q4,500.2 millones en 2015.
Sin embargo, la captación real es otra, bastante inferior a lo previsto: Q200 millones extras en 2012, Q1,600 millones extras en 2013 y para 2014 se hizo una estimación a la baja, pues se prevén Q1,200 millones extras. Para 2015, no se sabe si se mantiene la previsión.
La SAT confirmó que la brecha fiscal (diferencia entre lo programado y lo realmente recaudado) respecto de las metas superaban los Q877 millones a junio del 2014. Dorval Carías, Ministro de Finanzas, en una citación en el Congreso de la República dijo que hubo una caída de ingresos en los impuestos sobre la renta (ISR), timbres fiscales y papel sellado, circulación de vehículos y primera matrícula.
Barrientos considera que si bien el nuevo impuesto sobre la renta, componente principal de la actualización tributaria, pareciera estar rindiendo con éxito, es el Ejecutivo el que está desmantelando su propia reforma. “En un inicio, mediante acuerdos gubernativos bloquearon la Ley Aduanera Nacional (que impuso controles a las exportaciones), y mediante la reciente Ley de Regularización Tributaria, impulsó una amnistía fiscal general (injusta para los contribuyentes cumplidos), y retrocedió en el incremento al impuesto de circulación de vehículos (favoreciendo a los automovilistas, una minoría)”, considera.
En lo referente a las prioridades del gasto público, Barrientos opina que el Ministerio de Desarrollo Social es un elefante blanco inútil e inefectivo y que la inversión en infraestructura ha caído (como porcentaje del PIB, reducción de 69% en 2012). “Así, este Gobierno no ha podido priorizar el gasto, ni el social prioritario ni la inversión. Entonces, siendo el gasto público prioritario lo más importante de la política fiscal, éste sería el incumplimiento más grave y censurable”, considera.
El Presidente de la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG), Jorge Briz, señala de “irresponsable” la Ley de Actualización Tributaria. “En mi opinión, ha hecho crecer la economía informal, encima Guatemala se sigue endeudando y sigue creciendo la brecha fiscal. Nosotros siempre hemos creído que el Impuesto sobre la Renta es ineficiente”, señala. Por otro lado, auguran un desastre mayor si se aprueba la Ley de Inversión y Empleo, actualmente en discusión en el Congreso.
Entidades como la CCG incluso proponen que se haga otra reforma tributaria pero estructural. “Nosotros proponemos una que simplifique e incorpore a todos los sectores de la economía, con tarifas bajas y competitivas, que atraigan mayor inversión y generen más empleos”, explica. Serían leyes de aplicación general, con una reforma fiscal que nos trate a todos por igual, simple, sencilla y que responda a nuestra realidad económica y social”, concluye.
En el Plan de Gobierno presentado en la campaña electoral por el Partido Patriota (PP) se explicaba que el objetivo de la política económica de llegar al poder se basaría en promover un ‘crecimiento con equidad y calidad de la economía guatemalteca’. De esa cuenta, se prometía que los ejes y acciones principales contemplados en el Plan de Desarrollo Económico se centraban en seguridad ciudadana, certeza jurídica, impulso a exportaciones no tradicionales, manejo del tratados de libre comercio, estrategia nacional de turismo, infraestructura, financiamiento para la adquisición de vivienda y capacitación para incrementar la productividad.
Sin embargo, analistas y sector empresarial coinciden que hay más retrocesos que avances en este tema; entre ellos, el no cumplir con las metas de recaudación de impuestos, pues al mes de junio se acumulaba una brecha fiscal de alrededor de Q877 millones.
Nada nuevo en la escena
Según explica el analista Ricardo Barrientos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), los antecedentes de este pacto se remontan a los Acuerdos de Paz, firmados en 1996, y al Pacto Fiscal del 2000. Luego en 2006, el Consejo Nacional para el Cumplimiento de los Acuerdos de Paz (CNAP) convocó el Grupo Promotor del Diálogo Fiscal (GPDF) que concluyó su trabajo en enero de 2008 con una Propuesta de Modernización Fiscal.
Esta propuesta se caracterizaba por su enfoque integral que incluía la calidad del gasto público, transparencia y combate a la corrupción y reforma tributaria. En julio 2011, el grupo conocido como G40, compuesto por profesionales de diversos orígenes y corrientes de pensamiento económico, recomienda aprobar la propuesta del GPDF.
Desde que el Gobierno de Álvaro Colom intentó su aprobación sin éxito en 2008, en el proceso la propuesta sufrió alteraciones y mutilaciones. En 2010 hubo una negociación privada entre el PP y el Gobierno de Colom; las pláticas fracasan pero el PP se queda con la propuesta.
Ya en 2010, distintos sectores discuten y crean la “Ley Antievasión II”, una parte de la propuesta del GPDF, pero no es aprobada. Al inicio del Gobierno de Otto Pérez Molina, luego de aprobarse el presupuesto 2012, también se aprueba Ley Antievasión II (Decreto 4-2012), y de la Ley de Actualización Tributaria (Decret. 10- 2012).
¿Qué implica el Pacto Fiscal?
Según explica ICEFI, el Pacto Fiscal para el Cambio consta de 5 partes: transparencia y calidad del gasto (Iniciativas de ley 4461 y 4462); crecimiento económico (paquete de “competitividad” o Ley de Inversión y empleo); combate al contrabando y la evasión tributaria (Ley antievasión II Decreto 4-2012); actualización tributaria (Decreto 10-2012); y asignación prioritaria de recursos. También se aprobó Ley Aduanera Nacional (Decreto 14-2013).
Componentes de la Ley de Actualización Tributaria son la nueva Ley del ISR; el Impuesto de Primera Matrícula (IPRIMA); disposiciones aduaneras; reformas al IVA; reformas al Impuesto Sobre Circulación de Vehículos; reformas al timbre fiscal y el papel sellado; vigencia y disposiciones transitorias.
La Ley ISR estipula que los ciudadanos guatemaltecos y patronos estarán obligados a tributar un 5% de tasa impositiva, 5% para profesionales y trabajadores independientes que emiten facturas, 5% para los asalariados, 5% para pagos de dividendos que son los dueños de empresas o sea los dueños de capital.
En lo que respecta a la planilla del IVA, la actualización de la Ley Tributaria se incrementó el mínimo vital en la forma de una deducción única, de Q36 mil a Q48 mil anuales, con la posibilidad de ampliarlo hasta Q60 mil anuales, con la presentación de una planilla de facturas por lo consumido por el trabajador asalariado en el año. Con esta ampliación, quedan exentos los trabajadores con salarios menor a Q5,500 mensuales; es decir, al 90% de los trabajadores asalariados de Guatemala.
Otro cambio fue que en el rango imponible mensual de Q30 mil quetzales anuales de ingreso en adelante se tribute Q.1,500.00 de impuesto obligatorio para el ciudadano y pagar por excedente de Q30 mil el 7%. Es decir, toda persona que tenga utilidades por mayor de los Q300,000 anuales, tributará el 7%.
Normativa con numerosos cambios
Según la Fundación para el Desarrollo (FUNDESA), debido a que la aprobación de la reforma tributaria se hizo con prisas y premura de tiempo, la redacción de la misma contenía numerosos errores de redacción e inconsistencias, y finalmente fue aprobada conteniendo normas contradictorias o ambiguas. Incluso, en algunos casos, sin una preparación adecuada por parte de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Luego que varios sectores impugnaran algunos artículos de la reforma fiscal, FUNDESA señala que, a pesar que la reforma fue objeto de numerosos recursos de inconstitucionalidad, amparos e impugnaciones, que han dejado sin vigencia algunas partes del texto original, la mayor parte de la propuesta no fue adversada.
“Las acciones legales generaron un ambiente de incertidumbre, dada la lentitud en pronunciarse por parte de la Corte de Constitucionalidad. Es complicado realizar análisis del impacto que tuvieron estas acciones, sin embargo algunas estimaciones preliminares calcularon el impacto en la reducción de la captación de ingresos tributarios en cerca de Q500 millones, equivalente a menos del 10% del incremento total esperado por la reforma”, se lee en un estudio fiscal realizado por FUNDESA junto al Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF).
La Corte de Constitucionalidad (CC) eliminó 10 de los 258 artículos. Esencialmente, los artículos señalados se refieren a controles y facultades que se le otorgaban a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), afectando a la llamada Ley Antievasión 2. La facultades que ya no se otorgarán incluían cierres preventivos por la no facturación, no estar inscritos u otras anomalías. Algunos artículos fueron declarados inconstitucionales en forma parcial y otros en forma total.
La CC suspendió de manera definitiva una parte del artículo 7 del decreto 4-2012, que se refiere al precio base para aplicar el IVA a los boletos de espectáculos públicos. Luego de la suspensión parcial, el monto del boleto y el impuesto al valor agregado que declaren puede ser diferente al valor impreso originalmente.
También se le ha quitado la facultad a la SAT del cierre provisional o bloqueo del NIT a los negocios que durante un año no presenten declaraciones o no presente movimientos. Se piensa que se viola la libertad de comercio. Tampoco pueden cerrar en forma preventiva negocios que realicen actividades profesionales y que funcionen sin estar inscritos. Se argumenta que el cierre lo puede declarar sólo un juez.
Referente a la Ley del Impuesto a la Primera Matrícula (IPRIMA), que prohibía la importación de 10 y 15 años de antigüedad, con las nuevas disposiciones ahora se pueden importar vehículos de modelos antiguos.
La cantidad total de artículos impugnados fue de 81 por medio de 148 acciones, 73 se han declarado sin lugar, 12 se archivaron, 48 no han sido suspendidas en forma provisional y 23 están pendientes de decisión.
¿Ha funcionado?
Una manera de medir si las medidas adoptadas han dado frutos es revisando lo recaudado. De acuerdo con lo previsto por las autoridades cuando se aprobó la reforma en 2012, en el año de su aprobación, el fisco recaudaría unos Q1,013.2 millones extras, aumento que se elevaría a Q4,281.1 millones en 2013; pasaría a Q4,357.3 millones en 2014; y llegaría a Q4,500.2 millones en 2015.
Sin embargo, la captación real es otra, bastante inferior a lo previsto: Q200 millones extras en 2012, Q1,600 millones extras en 2013 y para 2014 se hizo una estimación a la baja, pues se prevén Q1,200 millones extras. Para 2015, no se sabe si se mantiene la previsión.
La SAT confirmó que la brecha fiscal (diferencia entre lo programado y lo realmente recaudado) respecto de las metas superaban los Q877 millones a junio del 2014. Dorval Carías, Ministro de Finanzas, en una citación en el Congreso de la República dijo que hubo una caída de ingresos en los impuestos sobre la renta (ISR), timbres fiscales y papel sellado, circulación de vehículos y primera matrícula.
Barrientos considera que si bien el nuevo impuesto sobre la renta, componente principal de la actualización tributaria, pareciera estar rindiendo con éxito, es el Ejecutivo el que está desmantelando su propia reforma. “En un inicio, mediante acuerdos gubernativos bloquearon la Ley Aduanera Nacional (que impuso controles a las exportaciones), y mediante la reciente Ley de Regularización Tributaria, impulsó una amnistía fiscal general (injusta para los contribuyentes cumplidos), y retrocedió en el incremento al impuesto de circulación de vehículos (favoreciendo a los automovilistas, una minoría)”, considera.
En lo referente a las prioridades del gasto público, Barrientos opina que el Ministerio de Desarrollo Social es un elefante blanco inútil e inefectivo y que la inversión en infraestructura ha caído (como porcentaje del PIB, reducción de 69% en 2012). “Así, este Gobierno no ha podido priorizar el gasto, ni el social prioritario ni la inversión. Entonces, siendo el gasto público prioritario lo más importante de la política fiscal, éste sería el incumplimiento más grave y censurable”, considera.
El Presidente de la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG), Jorge Briz, señala de “irresponsable” la Ley de Actualización Tributaria. “En mi opinión, ha hecho crecer la economía informal, encima Guatemala se sigue endeudando y sigue creciendo la brecha fiscal. Nosotros siempre hemos creído que el Impuesto sobre la Renta es ineficiente”, señala. Por otro lado, auguran un desastre mayor si se aprueba la Ley de Inversión y Empleo, actualmente en discusión en el Congreso.
Entidades como la CCG incluso proponen que se haga otra reforma tributaria pero estructural. “Nosotros proponemos una que simplifique e incorpore a todos los sectores de la economía, con tarifas bajas y competitivas, que atraigan mayor inversión y generen más empleos”, explica. Serían leyes de aplicación general, con una reforma fiscal que nos trate a todos por igual, simple, sencilla y que responda a nuestra realidad económica y social”, concluye.