El debate en torno al juicio del General Efraín Ríos Montt vuele a la palestra pública, luego que el Juzgado de Mayor Riesgo B programara para este 5 de enero de 2015 la apertura a juicio en contra del exmilitar y su exjefe de inteligencia militar, José Mauricio Rodríguez.
La fase procesal estuvo accidentada; retrasos de horario, la falta del expediente en manos del tribunal, presencia de grupos de indígenas en la sala haciendo presión, hasta la escena de llevar en camilla de forma obligada a Ríos Montt, pese a que con antelación su defensa solicitó su excusa por presentar quebrantos de salud.
Contrario a la audiencia anterior, donde el general Ríos habló con su inigualable timbre de voz, argumentando su inocencia, esta vez se veía inerte en la camilla en la que fue conducido a la sala de audiencias acompañado de personal médico. No dijo ninguna palabra, mientras que Rodríguez indicó a la prensa que llegaba al nuevo debate para demostrar su inocencia, toda vez que en el anterior juicio fue absuelto de los delitos que le imputaban.
“Quiero salir de esta humillación, de este circo que han montado las ONGs que viven del conflicto y la presión internacional“, indicó el también militar retirado, que llegó al tribunal en silla de ruedas.
Bajo arresto domiciliario Ríos Montt se encontraba en su residencia en la zona 15 capitalina, con reposo absoluto debido a problemas en la columna vertebral por su avanzada edad, afirmó Luis Rosales, uno de sus abogados defensores. Sin embargo, la jueza presidenta del tribunal, Janeth Valdéz, afirmó que no era procedente la petición porque una evaluación realizada el pasado 3 de diciembre no especificaba que los quebrantos de salud del exmilitar fueran de alto riesgo.
La defensa refutó la decisión del tribunal al considerar que el informe médico indicaba que el acusado podría sufrir “parálisis irreversible en las piernas”, por lo que pidió a especialistas del Instituto de Ciencias Forenses (Inacif) realizar una evaluación.
Pero al final la presencia de Ríos Montt fue innecesaria, pese a que hubo amenaza de ser conducido por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) para empezar el juicio, ya que el mismo fue suspendido por la recusación hecha por la defensa del exjefe de Estado en contra de Valdéz.
El pasado 30 de diciembre se interpuso una solicitud para separar a la jueza, tras argumentar que la jurista tiene una “opinión parcializada” del caso. Según los abogados defensores, en una tesis académica elaborada en 2004 sobre el genocidio en Guatemala, Váldez “se refiere por nombre y apellido al general Ríos (Montt)”, a quien imputa responsabilidad.
En la sala la jueza rechazó la recusación explicando que no había conocido el proceso penal; sin embargo, luego de un análisis con las otras dos juezas del tribunal se resolvió darlo con lugar. De tal manera que Valdéz quedó separada del caso, por lo que ahora tendrá que ser nombrado el juzgador que la sustituya, razón por la que el juicio se suspendió hasta nuevo aviso.
Paralelo al nuevo juicio, Ríos Montt mantiene una batalla legal para que la justicia guatemalteca le otorgue una amnistía concedida a militares e insurgentes en 1986, aplicable a delitos cometidos durante el conflicto armado a partir de 1982, aunque una ley en 1996 dejó por fuera el genocidio.
“El juicio se convirtió en circo”
Aunque el presidente Otto Pérez Molina dijo que no emitiría opinión de qué es lo que espera del juicio y que son los jueces y tribunales los que hagan su trabajo sin interferencias, el mandatario calificó el juicio por genocidio de “haberse convertido en un circo”. Un juicio en donde circulan invitaciones, incluso a embajadores que llegan a la audiencia, en donde se llama a la presencia y donde se hacen una serie de cuestiones, son parte de las presiones, dijo el mandatario. Aunque reconoció que forman parte de las libertades, pero enfatizó que debe ser un juicio con independencia y sin presiones de ningún tipo.
Sobre el tema se consultó al analista Luis Linares, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), quien indica que este juicio ha tenido como resultado enfrentamientos entre ciertos sectores de la sociedad. Reconoce que hay presión de grupos que no necesariamente representan a la sociedad civil guatemalteca, la mayor parte de las personas son indiferentes, dice, y espera que el juicio se lleve a cabo con rapidez, porque también genera una desviación en la sociedad de temas que son más relevantes.
Además, refiere que la polarización que se da por este tipo de casos es inevitable, porque las posiciones son totalmente encontradas, quienes dicen que hubo genocidio y que quieren ver una condena por ese tema no por otro, y en el otro extremo, los partidarios de los militares que ven todo esto como una conspiración comunista y como una venganza a un ejército triunfador. Entonces en esas posiciones no hay conciliación, dice el analista.
Un juicio que se repite
Ríos Montt había sido condenado en mayo de 2013 por otro tribunal a 80 años de prisión por el delito de genocidio. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad (CC) anuló la sentencia al considerar que se cometieron errores durante el proceso y ordenó repetir el juicio. En esa ocasión Rodríguez fue absuelto.
Durante el proceso las opiniones estuvieron divididas en relación al delito de genocidio. El 17 de abril de 2013 el exnegociador de los acuerdos de Paz, firmados entre el Gobierno y la guerrilla el 29 de diciembre de 1996, Gustavo Porras, declaró a periodistas que en “Guatemala no hubo Genocidio”. Según Porras, este delito se comete cuando se busca “exterminar a un pueblo” y ese no fue el caso de Guatemala en el conflicto armado. Durante el juicio también llegaron frente a la Torre de Tribunales un grupo de al menos 500 Ixilies, con pancartas donde indicaban “Soy Ixil y quiero testificar” y “No hubo Genocidio”.
Las organizaciones querellantes en el caso indican que cuentan con “pruebas contundentes” para volver a demostrar la culpabilidad del exdictador y lograr una nueva sentencia.
El debate en torno al juicio del General Efraín Ríos Montt vuele a la palestra pública, luego que el Juzgado de Mayor Riesgo B programara para este 5 de enero de 2015 la apertura a juicio en contra del exmilitar y su exjefe de inteligencia militar, José Mauricio Rodríguez.
La fase procesal estuvo accidentada; retrasos de horario, la falta del expediente en manos del tribunal, presencia de grupos de indígenas en la sala haciendo presión, hasta la escena de llevar en camilla de forma obligada a Ríos Montt, pese a que con antelación su defensa solicitó su excusa por presentar quebrantos de salud.
Contrario a la audiencia anterior, donde el general Ríos habló con su inigualable timbre de voz, argumentando su inocencia, esta vez se veía inerte en la camilla en la que fue conducido a la sala de audiencias acompañado de personal médico. No dijo ninguna palabra, mientras que Rodríguez indicó a la prensa que llegaba al nuevo debate para demostrar su inocencia, toda vez que en el anterior juicio fue absuelto de los delitos que le imputaban.
“Quiero salir de esta humillación, de este circo que han montado las ONGs que viven del conflicto y la presión internacional“, indicó el también militar retirado, que llegó al tribunal en silla de ruedas.
Bajo arresto domiciliario Ríos Montt se encontraba en su residencia en la zona 15 capitalina, con reposo absoluto debido a problemas en la columna vertebral por su avanzada edad, afirmó Luis Rosales, uno de sus abogados defensores. Sin embargo, la jueza presidenta del tribunal, Janeth Valdéz, afirmó que no era procedente la petición porque una evaluación realizada el pasado 3 de diciembre no especificaba que los quebrantos de salud del exmilitar fueran de alto riesgo.
La defensa refutó la decisión del tribunal al considerar que el informe médico indicaba que el acusado podría sufrir “parálisis irreversible en las piernas”, por lo que pidió a especialistas del Instituto de Ciencias Forenses (Inacif) realizar una evaluación.
Pero al final la presencia de Ríos Montt fue innecesaria, pese a que hubo amenaza de ser conducido por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) para empezar el juicio, ya que el mismo fue suspendido por la recusación hecha por la defensa del exjefe de Estado en contra de Valdéz.
El pasado 30 de diciembre se interpuso una solicitud para separar a la jueza, tras argumentar que la jurista tiene una “opinión parcializada” del caso. Según los abogados defensores, en una tesis académica elaborada en 2004 sobre el genocidio en Guatemala, Váldez “se refiere por nombre y apellido al general Ríos (Montt)”, a quien imputa responsabilidad.
En la sala la jueza rechazó la recusación explicando que no había conocido el proceso penal; sin embargo, luego de un análisis con las otras dos juezas del tribunal se resolvió darlo con lugar. De tal manera que Valdéz quedó separada del caso, por lo que ahora tendrá que ser nombrado el juzgador que la sustituya, razón por la que el juicio se suspendió hasta nuevo aviso.
Paralelo al nuevo juicio, Ríos Montt mantiene una batalla legal para que la justicia guatemalteca le otorgue una amnistía concedida a militares e insurgentes en 1986, aplicable a delitos cometidos durante el conflicto armado a partir de 1982, aunque una ley en 1996 dejó por fuera el genocidio.
“El juicio se convirtió en circo”
Aunque el presidente Otto Pérez Molina dijo que no emitiría opinión de qué es lo que espera del juicio y que son los jueces y tribunales los que hagan su trabajo sin interferencias, el mandatario calificó el juicio por genocidio de “haberse convertido en un circo”. Un juicio en donde circulan invitaciones, incluso a embajadores que llegan a la audiencia, en donde se llama a la presencia y donde se hacen una serie de cuestiones, son parte de las presiones, dijo el mandatario. Aunque reconoció que forman parte de las libertades, pero enfatizó que debe ser un juicio con independencia y sin presiones de ningún tipo.
Sobre el tema se consultó al analista Luis Linares, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), quien indica que este juicio ha tenido como resultado enfrentamientos entre ciertos sectores de la sociedad. Reconoce que hay presión de grupos que no necesariamente representan a la sociedad civil guatemalteca, la mayor parte de las personas son indiferentes, dice, y espera que el juicio se lleve a cabo con rapidez, porque también genera una desviación en la sociedad de temas que son más relevantes.
Además, refiere que la polarización que se da por este tipo de casos es inevitable, porque las posiciones son totalmente encontradas, quienes dicen que hubo genocidio y que quieren ver una condena por ese tema no por otro, y en el otro extremo, los partidarios de los militares que ven todo esto como una conspiración comunista y como una venganza a un ejército triunfador. Entonces en esas posiciones no hay conciliación, dice el analista.
Un juicio que se repite
Ríos Montt había sido condenado en mayo de 2013 por otro tribunal a 80 años de prisión por el delito de genocidio. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad (CC) anuló la sentencia al considerar que se cometieron errores durante el proceso y ordenó repetir el juicio. En esa ocasión Rodríguez fue absuelto.
Durante el proceso las opiniones estuvieron divididas en relación al delito de genocidio. El 17 de abril de 2013 el exnegociador de los acuerdos de Paz, firmados entre el Gobierno y la guerrilla el 29 de diciembre de 1996, Gustavo Porras, declaró a periodistas que en “Guatemala no hubo Genocidio”. Según Porras, este delito se comete cuando se busca “exterminar a un pueblo” y ese no fue el caso de Guatemala en el conflicto armado. Durante el juicio también llegaron frente a la Torre de Tribunales un grupo de al menos 500 Ixilies, con pancartas donde indicaban “Soy Ixil y quiero testificar” y “No hubo Genocidio”.
Las organizaciones querellantes en el caso indican que cuentan con “pruebas contundentes” para volver a demostrar la culpabilidad del exdictador y lograr una nueva sentencia.