Tantas sanciones, tantas multas, pero a la larga, nada es definitivo en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) debido a que el sistema legal está orquestado de tal manera que las resoluciones de ese organismo no son definitivas y pueden ser apeladas en otras instancias.
Los partidos lo saben, están conscientes que pueden recurrir a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en primera instancia para darle vuelta a las resoluciones del pleno de magistrados electorales. Y es que poco puede hacer el Tribunal con una Ley Electoral vigente creada y reformada por los mismos políticos.
Según expertos, la revocatoria que hacen los tribunales de justicia de las resoluciones del TSE deterioraría la imagen de ese organismo ante la población. Entre los éxitos que puede sumar la presente administración, a la cual no se logró dar marcha atrás, fue a la suspensión de once agrupaciones políticas por incurrir en campaña anticipada.
“Es saludable el derecho de defensa, pero tampoco es bueno el abuso de los amparos e impugnaciones por no cumplir”, explicó la magistrada suplente Ana Elly López, quien formó parte del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecón).
Si bien es necesario que exista un sistema de pesos y contrapesos para evitar el poder absoluto en los ámbitos políticos, la legislación local permite el abuso de la figura del amparo y con eso varios procesos jurídicos tardan meses o años en quedar resueltos del todo.
El analista político José Ernesto Duarte explica que ningún tribunal puede ser absoluto. “En una república deben ser apelables las resoluciones judiciales”, explicó.
El magistrado Jorge Mario Valenzuela lo resume de esta manera: “En el sistema democrático hay varias instancias para evitar que haya un poder absoluto pero en este caso es extremo y el Tribunal debe tener la última palabra”.
Añadió que el problema de recurrir al amparo es que se puede entrampar el evento electoral. “Eso nos va a causar problemas porque cuando empiecen las impugnaciones hasta para imprimir las papeletas habrá contratiempos”, precisó.
Otro problema evidente de la tardanza de esos procesos, fue la adjudicación de la curul de Walter Félix, diputado de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) quien tomó posesión hasta noviembre 2013 tras resolver un proceso por mal conteo de votos en Huehuetenango.
Julio Ochoa, vocero del TSE dijo que los partidos tienen derecho de apelar en ley y se van por diferentes tribunales, y cada proceso tiene su tiempo.
Los impactos
En el primer informe que presentó el Mirador Electoral de las elecciones 2011, se evidenció el impacto de estos procesos. Desde ese momento se indicó que se agudizó que los acuerdos o la solución a las controversias no se estaban logrando en la esfera política y los grupos en conflicto acudían a las cortes de justicia para encontrar en esos espacios la ventaja esperada.
“De esta manera, los tribunales, la CSJ y la CC se han convertido, por un lado, en territorio de disputa de los grupos políticos en los procesos de su postulación y conformación, amenazando seriamente su independencia. La lucha por el control de los órganos de justicia se ha tornado en abiertas pugnas políticas”.
En ese momento se hizo ver que las cortes de justicia interpretan la normativa jurídica para decidir quiénes pueden o no participar “en las contiendas electorales o qué actores son permitidos o no en la arena política en los procesos para llegar al control del gobierno del Estado”.
“Cuando se judicializa la política y le damos a las cortes la responsabilidad de dilucidar los conflictos, corremos el riesgo de erosionar la legitimidad de nuestras instituciones jurídicas, tal y como está sucediendo en el actual proceso electoral”, expusieron los expertos en su momento.
Luis Mack, fundador del movimiento Analistas Independientes y director del Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales de la Universidad de San Carlos, lo expuso de esta manera en un análisis presentado en 2011: “Cuando se judicializa la política, el problema que se agrega es aún mayor, ya que se politizan las decisiones judiciales”.
Citó los casos de Salvador Gándara y Sandra Torres, quienes “recurrieron a cuanto juzgado fuera necesario para obligar al Tribunal Supremo Electoral a ser inscritos, demuestra la fragilidad de las cortes y lo fácil que se prestan para fallos amañados, que solamente intentan burlar las reglas electorales”.
Tantas sanciones, tantas multas, pero a la larga, nada es definitivo en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) debido a que el sistema legal está orquestado de tal manera que las resoluciones de ese organismo no son definitivas y pueden ser apeladas en otras instancias.
Los partidos lo saben, están conscientes que pueden recurrir a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en primera instancia para darle vuelta a las resoluciones del pleno de magistrados electorales. Y es que poco puede hacer el Tribunal con una Ley Electoral vigente creada y reformada por los mismos políticos.
Según expertos, la revocatoria que hacen los tribunales de justicia de las resoluciones del TSE deterioraría la imagen de ese organismo ante la población. Entre los éxitos que puede sumar la presente administración, a la cual no se logró dar marcha atrás, fue a la suspensión de once agrupaciones políticas por incurrir en campaña anticipada.
“Es saludable el derecho de defensa, pero tampoco es bueno el abuso de los amparos e impugnaciones por no cumplir”, explicó la magistrada suplente Ana Elly López, quien formó parte del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecón).
Si bien es necesario que exista un sistema de pesos y contrapesos para evitar el poder absoluto en los ámbitos políticos, la legislación local permite el abuso de la figura del amparo y con eso varios procesos jurídicos tardan meses o años en quedar resueltos del todo.
El analista político José Ernesto Duarte explica que ningún tribunal puede ser absoluto. “En una república deben ser apelables las resoluciones judiciales”, explicó.
El magistrado Jorge Mario Valenzuela lo resume de esta manera: “En el sistema democrático hay varias instancias para evitar que haya un poder absoluto pero en este caso es extremo y el Tribunal debe tener la última palabra”.
Añadió que el problema de recurrir al amparo es que se puede entrampar el evento electoral. “Eso nos va a causar problemas porque cuando empiecen las impugnaciones hasta para imprimir las papeletas habrá contratiempos”, precisó.
Otro problema evidente de la tardanza de esos procesos, fue la adjudicación de la curul de Walter Félix, diputado de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) quien tomó posesión hasta noviembre 2013 tras resolver un proceso por mal conteo de votos en Huehuetenango.
Julio Ochoa, vocero del TSE dijo que los partidos tienen derecho de apelar en ley y se van por diferentes tribunales, y cada proceso tiene su tiempo.
Los impactos
En el primer informe que presentó el Mirador Electoral de las elecciones 2011, se evidenció el impacto de estos procesos. Desde ese momento se indicó que se agudizó que los acuerdos o la solución a las controversias no se estaban logrando en la esfera política y los grupos en conflicto acudían a las cortes de justicia para encontrar en esos espacios la ventaja esperada.
“De esta manera, los tribunales, la CSJ y la CC se han convertido, por un lado, en territorio de disputa de los grupos políticos en los procesos de su postulación y conformación, amenazando seriamente su independencia. La lucha por el control de los órganos de justicia se ha tornado en abiertas pugnas políticas”.
En ese momento se hizo ver que las cortes de justicia interpretan la normativa jurídica para decidir quiénes pueden o no participar “en las contiendas electorales o qué actores son permitidos o no en la arena política en los procesos para llegar al control del gobierno del Estado”.
“Cuando se judicializa la política y le damos a las cortes la responsabilidad de dilucidar los conflictos, corremos el riesgo de erosionar la legitimidad de nuestras instituciones jurídicas, tal y como está sucediendo en el actual proceso electoral”, expusieron los expertos en su momento.
Luis Mack, fundador del movimiento Analistas Independientes y director del Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales de la Universidad de San Carlos, lo expuso de esta manera en un análisis presentado en 2011: “Cuando se judicializa la política, el problema que se agrega es aún mayor, ya que se politizan las decisiones judiciales”.
Citó los casos de Salvador Gándara y Sandra Torres, quienes “recurrieron a cuanto juzgado fuera necesario para obligar al Tribunal Supremo Electoral a ser inscritos, demuestra la fragilidad de las cortes y lo fácil que se prestan para fallos amañados, que solamente intentan burlar las reglas electorales”.