El Ministerio Público es uno de los eslabones más importantes de la cadena de justicia en el país. Por lo relevante de su función ha dirigido la Política Criminal Democrática del Estado, con la finalidad de disminuir los índices de criminalidad y violencia social que experimenta el país. Según el ente investigador, a través de la promoción de transformación de estructuras es cómo se logra un ambiente de seguridad y paz.

Según la política de Estado, se debe asegurar una efectiva investigación de los hechos delictivos por parte de las instituciones estatales encargadas de dicha tarea. Esto se logra al aplicar un enfoque integral para el tratamiento de la sanción penal, para lograr la reinserción social de la población privada de libertad.

La Política Criminal, que aún no ha sido presentada de forma oficial, contará con cuatro ejes fundamentales: Prevención, Investigación, Sanción y Reinserción Social. Estos son explicados por Roodman Pérez, secretario de Política Criminal del Ministerio Público, en entrevista a Republica.gt.

De acuerdo con el diagnostico realizado durante los últimos meses, se identifican seis área principales en el abordaje de los delitos que cotidianamente afectan la vida de los guatemaltecos. Se priorizó los que atetan contra la vida, el patrimonio y la libertad, así como la violencia contra las mujeres y menores de edad.

Por la importancia que tiene la Política Criminal se consultó con analistas expertos en seguridad y justicia, sin embargo, no emitieron opinión. Todos coincidieron en que desconocen el contenido de la misma. No obstante, a su criterio una política de Estado de gran relevancia se debe socializar, para así lograr un mejor enfoque y apoyo.

 Roodman Pérez, Secretario de Política Criminal del MP

IMG_3186¿Cuál es el objetivo de la Política Criminal del Estado que formuló el MP?

Lo fundamental del proyecto es incidir directamente en el descenso de los indicadores de criminalidad que tiene el país, de manera estratégica con acciones específicas, las cuales están descritas en el la misma política.

¿Cuáles son las acciones específicas dentro de esta política?

Está diseñada en cuatro ejes fundamentales: uno de prevención, reconociendo que muchas de las causas que generan la criminalidad en el país pueden ser prevenidas, tales como aspectos económico-sociales, familiares y oportunidades para las personas que históricamente no han tenido las condiciones básicas para un desarrollo integral.

Un segundo eje es la investigación criminal; esto para que las diferentes instituciones involucradas en el tema puedan enfocar los esfuerzos de manera estratégica e integral, para saber qué fenómenos delictivos se van a abordar.

También está la sanción, que tiene que ver con la revisión de la normativa penal vigente, porque en principio la normativa está totalmente dispersa, teniendo una serie de situaciones que valdría la pena revisar desde aspectos técnicos. Esto para determinar si se está alcanzando el objetivo fundamental para el cual fueron creadas en su momento.

Y el cuarto eje sería la inserción social: se pretende enganchar las políticas que han sido presentadas y estructuradas por diferentes instituciones; como el caso de la política de prevención, presentada por el tercer viceministerio de Prevención y la Política de Reforma Penitencial. Entonces, lo que se busca es unificar esfuerzos y garantizar la implementación de estas, para que aborden dos ejes (el primero y el cuarto).

¿Cuál es el avance para la presentación de la Política Criminal del Estado?

Se inició durante julio y por tres meses se realizaron análisis sobre los estudios que se han hecho de criminalidad en el país. Además, se construyó un diagnóstico de la situación que se vive actualmente.

El 22 de septiembre se firmó el compromiso político con los tres organismos del Estado y el Ministerio Público para impulsar este proyecto e implementarlo oportunamente. Así, desde octubre se realizaron diferentes mesas técnicas, donde se recibieron insumos para desarrollar los cuatro ejes. También se llevaron a cabo otras 50, para consultar a los diferentes sectores e identidades; iniciativa privada, sociedad civil, instituciones del Estado, autoridades ancestrales.

Una vez realizadas las consultas se hizo toda una sistematización de la información para construir un documento vital. Y en febrero hubo un acercamiento técnico con la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), por ser una política de Estado; presentamos el primer borrador de la partes sustantiva de la política en marzo.

¿Cuáles serán las instituciones involucradas para darle vida?

Es una política que ha estado acompañada por los tres organismos del Estado y una iniciativa de la Fiscal General. Cada uno de los ejes contará con diferentes actores. Por ejemplo, en el de prevención se tendrá instituciones como los Ministerios de Gobernación, Educación, Salud, Comunicaciones. En el aspecto de investigación, las instituciones directamente vinculadas serán el Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación y la diferentes direcciones; el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), la sección que tiene que ver con el Organismo Judicial, así como el Organismo Legislativo; esto para hacer la normativa penal correspondiente.

Ahora bien, si vemos el eje de inserción social será el Sistema Penitenciario, el Ministerio de Gobernación, Organismo Judicial y Ministerio Público. Esto sin descuidar que todos esos ejes tienen que ir acompañados por los actores claves, como el sector privado y la sociedad civil.

¿Cuándo será presentada la política?

Se tienen previsto que se lance durante mayo. Ha sido un proceso bastante largo, abierto, participativo y democrático. Lo que se busca es dejar un instrumento técnico y científico pero que, además, sea implementada y no solamente que llene con los lineamientos estratégicos. Debe ser un documento que tenga acciones específicas, pues serán incluidas en el plan estratégico de implementación.

¿Cuándo se aplicará?

Inmediatamente después de su presentación, la política tiene una propuesta que es novedosa e importante para el país. Es la creación de una comisión nacional de política criminal, la cual pueda garantizar la implementación de la misma. También debe involucrar a los actores principales en materia de seguridad y justicia, y tomar en cuenta que habrán acciones a mediano y largo plazo.

¿Qué delitos perseguirá?

En cuanto al abordaje de los delitos, estos serán en primer orden: los recurrentes que afectan directamente a la percepción de inseguridad, contra la integridad de las personas, seguridad, patrimoniales, contra la integridad de la niñez; violencia contra la mujer, delitos sexuales y femicidios.

Hay un segundo escenario que también será abordado y se encuentra en la política contra la criminalidad organizada, trata de personas, narcotráfico y tráfico de armas. Este debe ser un abordaje especializado, por ser otro de los componentes que vuelven complejo el escenario criminal.