Durante una citación con diputados de la Comisión de Transparencia, las autoridades de la Unidad de Acceso a la Información del parlamento, explicaron que los requerimientos sobre datos de trabajadores y diputados de ese organismo en relación a salarios de personal administrativo y asesores no se entregan en las solicitudes que llegan.
Dolores Zeledón, directora de la Unidad referida, explicó que esa información no se divulga por protección de la integridad de las personas en mención. En total, las solicitudes de este tipo que han llegado a dicha oficina suman un cinco por ciento del total de 1 mil 700 requerimientos.
El 95 por ciento de las respuestas proporcionadas por la oficina en mención tienen resolución favorable, según Zeledón, quien agregó que la oficina en mención funciona desde 2009 y desde esa fecha, se han presentado un total de diez recursos de revisión.
Durante la reunión estuvo presente Rosa María Juárez de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), quien explicó que la Unidad de Acceso a la Información del Congreso presenta una calificación del 80 por ciento aunque la página web de ese organismo reporta un 45.50 por ciento por carecer de información actualizada.
El artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información establece en el inciso 4 que debe ser información pública de oficio el “Número y nombre de funcionarios, servidores públicos, empleados y asesores que laboran en el sujeto obligado y todas sus dependencias, incluyendo salarios que corresponden a cada cargo, honorarios, dietas, bonos, viáticos o cualquier otra remuneración económica que perciban por cualquier concepto”.
Están exentos de esta obligación los sujetos obligados cuando se ponga en riesgo el sistema nacional de seguridad, la investigación criminal e inteligencia del Estado.
Durante una citación con diputados de la Comisión de Transparencia, las autoridades de la Unidad de Acceso a la Información del parlamento, explicaron que los requerimientos sobre datos de trabajadores y diputados de ese organismo en relación a salarios de personal administrativo y asesores no se entregan en las solicitudes que llegan.
Dolores Zeledón, directora de la Unidad referida, explicó que esa información no se divulga por protección de la integridad de las personas en mención. En total, las solicitudes de este tipo que han llegado a dicha oficina suman un cinco por ciento del total de 1 mil 700 requerimientos.
El 95 por ciento de las respuestas proporcionadas por la oficina en mención tienen resolución favorable, según Zeledón, quien agregó que la oficina en mención funciona desde 2009 y desde esa fecha, se han presentado un total de diez recursos de revisión.
Durante la reunión estuvo presente Rosa María Juárez de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), quien explicó que la Unidad de Acceso a la Información del Congreso presenta una calificación del 80 por ciento aunque la página web de ese organismo reporta un 45.50 por ciento por carecer de información actualizada.
El artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información establece en el inciso 4 que debe ser información pública de oficio el “Número y nombre de funcionarios, servidores públicos, empleados y asesores que laboran en el sujeto obligado y todas sus dependencias, incluyendo salarios que corresponden a cada cargo, honorarios, dietas, bonos, viáticos o cualquier otra remuneración económica que perciban por cualquier concepto”.
Están exentos de esta obligación los sujetos obligados cuando se ponga en riesgo el sistema nacional de seguridad, la investigación criminal e inteligencia del Estado.