Este año, como ya se hace evidente, la sociedad guatemalteca estará recibiendo diariamente mensajes de los partidos políticos. Estas agrupaciones, buscan ganar adeptos con regalos, anuncios, vallas, pintando piedras y con casi cualquier acción que, según ellos, logre que los guatemaltecos los vean como “su candidato”.

 

Estos actos de promoción de la imagen partidaria o de los candidatos, prácticamente empezó al día siguiente que el actual gobierno tomó posesión. Claro está, inició para aquellos candidatos o partidos que tienen los recursos económicos para hacerlo.

 

Esta ¨campaña anticipada¨, que han realizado casi todos los candidatos y partidos, o por lo menos los que más aceptación tienen según las encuestas, implica un acto de irrespeto a la Ley Electoral y de Partidos Políticos y una afrenta a la autoridad del Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, ese irrespeto a la ley también revela la leve o inexistente amenaza de sanción que perciben los partidos.

 

En este sentido, es pertinente recordar que según las Constitución Política de República, los funcionarios públicos están facultados a realizar solamente aquellos actos para los que están autorizados según la ley. Asimismo, dentro de sus principales funciones está el velar porque se respeten los preceptos que el ordenamiento jurídicos establece.

 

Entonces, si las personas que serán los futuros servidores públicos, desde antes de ser electos o nombrados, buscan alcanzar el ejercicio del poder por medio de una dinámica que viola la ley, no nos extrañe que durante su efectivo servicio público hagan lo que mejor les parezca, al margen de lo que cualquier norma establezca.

 

No obstante, debemos recordar que dentro de los principales responsables, y afectados también, están los ciudadanos. Estas dinámicas que surgen al margen de la ley, y que se han intensificado en las últimas campañas políticas, se deben observar también como una muestra del desinterés de la ciudadanía por denunciar estas acciones, o por al menos exigir el respeto de la norma.

 

Este hecho, en principio, demuestra que el diseño de nuestro ordenamiento jurídico falló, pero también, es una llamado de atención para todos los guatemaltecos a actuar en pro de un cambio. Pues de no darse dicho cambio, aquellos que quieren actuar al margen de las normas, seguirán ampliando su espectro de acción, cuestión que redundaría en que los políticos y los servidores públicos actúen con base a su criterio y de forma arbitraria.

 

Que tal si pensamos en los políticos como parte de un mercado en el que deben ofrecer aquello que sus consumidores demandan. De ser así, nosotros los consumidores, debemos iniciar a demandar de los políticos el cumplimiento de la ley, bajo la amenaza de que de lo contrario, dejaremos de ¨comprar¨ lo que nos ofrecen.

Claro está que para que esa demanda pueda ser efectiva, son necesarios cambios legales, pero dicho cambios dependen en gran medida de eliminar la apatía del guatemalteco. Es decir que la responsabilidad de cambiar nuestro sistema reside, en una buena medida, en la ciudadanía y en su disposición de hacer que se respeten los derechos individuales, la Constitución Política de la República y las leyes, así como en su capacidad de exigir el eficiente y transparente funcionamiento de Estado en el cumplimiento de sus funciones. Ese es el reto.