Lo que sucederá con respecto al Presupuesto General de Ingresos y Egresos 2015 del país todavía está en suspenso. Luego de que se presentaran 16 argumentaciones contra el Decreto 22-2014, que contiene dicho plan de gastos, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) iniciaron en febrero pasado la deliberación necesaria para tomar una decisión. Hasta el momento y, en tanto no se resuelva definitivamente, están suspendidos de forma temporal 18 artículos, entre ellos el impuesto a la telefonía y el que eliminaba los certificados de disponibilidad financiera.

La mayoría de argumentos fueron técnicos y jurídicos, pero también se presentó el escenario político que llevó a la aprobación del presupuesto en el Congreso en noviembre pasado. Carlos Barreda, en representación de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), denunció que al aprobar un presupuesto plagado de contradicciones y elaborado sin análisis técnico, “se permiten abusos de funcionarios asumiendo compromisos sin respaldo económico y apoderarse de recursos públicos con fines electorales”.

Los argumentos presentados giraron en torno a la violación del debido proceso legislativo, la ilegalidad de algunos impuestos, la falta de control y los candados en el gasto, también se habló de la jerarquía constitucional. Asimismo, se mencionó que se violó el debido proceso en la elaboración y al aprobar el Decreto en el Congreso. Se recordó que se desconocía el dictamen de la Comisión de Finanzas, que contenía las modificaciones aprobadas.

Barreda señala que este tema se ha politizado, por lo que hay incertidumbre acerca de cuándo se resolverá. “Así como puede ser en un mes, puede ser en seis. Además del análisis, ha de haber un intenso cabildeo”, opina.

Ricardo Sagastume, director general del Consejo Empresarial de Telecomunicaciones (CETEL), señala que se está a la espera que se ratifiquen los amparos y luego se declare inconstitucional lo impugnado. “Lo peor que podría pasar es que primero se acabe el año y así la Ley de Presupuesto 2015 deje de estar vigente, quedando todo como está actualmente”, señala.

Se deben tomar medidas

El presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), Hermann Girón, dijo a los medios que al accionar en contra del Presupuesto aprobado no desean dejar sin recursos al Estado. Lo que se pretende es regular el uso de los recursos y evitar la discrecionalidad.

Sagastume señala que fue una mala decisión incluir impuestos en el presupuesto, pues complicó la situación financiera del Estado.

Las consecuencias de esta situación implican que el gobierno incluyó en su presupuesto actual un ingreso que no se percibe y ya estaba asignado, como ocurrió con el impuesto a las telefonías. Como la ley no es retroactiva, aunque la CC resolviera que sí debe cobrarse ya se perdió una parte de esos Q1,300 millones que estaba presupuestados. Pero si no los confirma, no se percibirá ni una parte de ese monto.

Ante esto, el gobierno central enfrenta problemas, pues hay que sumar además una recaudación que no llega a las metas y una brecha fiscal que sigue aumentando. “El principal impacto se sentirá en el segundo semestre. Se deben tomar medidas adecuadas para que sea menor, sobre todo en temas de austeridad”, considera el diputado.

Sagastume coincide en que deben tomarse verdaderas medidas de austeridad y detener el excesivo gasto público, pero además deben combatir el contrabando y fortalecer la transparencia de la ejecución. “No es justo que se pretenda aumentar la carga tributaria a los que ya pagan impuestos, lo cual afecta directamente al usuario. Además, con estas acciones mandan un mal mensajes a los posibles inversionistas, restando competitividad al país”, finaliza.

La deuda flotante sigue creciendo

Paralelo a esto, se calcula que cuando la administración de Otto Pérez termine quedará una deuda pública de unos Q121 mil millones, de los cuales más de Q31 mil millones corresponden a su gestión. Esta deuda está compuesta no solo por préstamos y créditos con bancos internacionales, sino también por la emisión de bonos del tesoro.

Por otro lado, preocupa que los ministerios de Gobernación, Salud Pública y Comunicaciones tienen deudas flotantes que suman más de Q2.8 millardos. Esto quedó al descubierto luego de una citación de funcionarios de estas carteras en el Congreso, quienes contradijeron las cifras del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin). Esto permite apreciar el desorden que hay con respecto a estas deudas, al parecer algunas ni siquiera están registradas.

Según explica el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), la “deuda flotante” está compuesta por los compromisos de gasto que no poseen asignación presupuestaria, y por ello, son operaciones fuera del presupuesto.

Los analistas de esa entidad dicen que en el sentido de la jerga técnica y en rigor, la deuda flotante son compromisos de gasto que sí tienen asignación presupuestaria, pero por falta de recursos líquidos, el pago efectivo no se realiza en un ejercicio fiscal, pasando como deuda al siguiente o posteriores.

Sin embargo, en la práctica, ocurre cuando un ministro o el funcionario responsable de una unidad ejecutora suscribe un contrato para la construcción de una obra, la adquisición de bienes o la prestación de servicios, sin tomar en consideración si se cuenta o no con asignación presupuestaria que respalde ese contrato.

Es un delito que se debe perseguir

Esta práctica de adquirir deudas que se van arrastrando ha generado mucha polémica porque es financieramente insostenible y fomenta la corrupción y el tráfico de influencias. Cada año los contratistas del Estado que ya tienen un “compromiso” con el Gobierno, pero solo han recibido anticipos, cuando se va a aprobar el presupuesto se agrupan para negociar y cabildear en el Congreso para lograr que en el nuevo plan de gastos se contemple una asignación que cubra lo que el gobierno les “debe”, y así, por fin, legitimar el proyecto y la deuda.

Barreda señala que luego de que se hicieron cambios en las leyes, a partir del 2013 esta práctica  es ilegal. Se violan varios artículos de la Ley Orgánica del Presupuesto y de la Ley de Contrataciones del Estado. Agrega que es la Contraloría General de Cuentas (CGC) la entidad a la que le corresponde hacer las investigaciones y las denuncias correspondientes, pero en la actualidad no lo hace.

Recientemente se ha sabido que se siguen adquiriendo compromisos. “Sin embargo, como siguen vigentes los Certificados de disponibilidad financiera para este año, gracias a los amparos de la CC, no pueden asumirse compromisos sin respaldos”, dice.

Icefi señala que en enero de 2012 la CGC presentó denuncias penales, pero las investigaciones no avanzaron y no se abrió juicio en contra de ningún exfuncionario o funcionario responsable. Esto hace del problema de la “deuda flotante” un caso más de impunidad en Guatemala. Pese a la existencia de normas legales vigentes que prohíben la práctica, y de denuncias penales del ente contralor, no existe castigo ejemplar a los transgresores, estimulando con ello la continuidad de la práctica.

Una parte importante en la solución del problema sería lograr frenar la creación de más deuda flotante, y así evitar que siga creciendo. “Sin embargo, este gobierno siguió con la misma irresponsabilidad de los anteriores, los resultados son el desequilibrio de las finanzas públicas”, señala Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana.

El directivo señala que mientras no haya organismos de control efectivos esto seguirá pasando. “Seguimos acumulando una deuda que es una bomba de tiempo. Debemos exigir que se cumpla la ley”, concluye.