El año pasado estuvo en discusión el proyecto de ley que pretende aprobar el decreto denominado “ley de inversión y empleo”. El objetivo de la ley es ofrecer incentivos fiscales a aquellas empresas que deseen exportar bienes. Para optar a dichos beneficios las empresas debería solicitarlo al Ministerio de Economía quien aprobaría o no dicha solicitud.

 

¿Qué beneficios otorga la ley? En resumen, ofrece eximir de aranceles, IVA e ISR a quienes se acojan a este listado durante un plazo determinado. La diferencia esencial entre la propuesta del partido oficial y la de Líder está en el plazo de estas ventajas.

 

¿Realmente la ley promueve el “empleo y la inversión”? Muy al margen. Está claro que generará empleo por parte de aquellas empresas que reciban este beneficio y que por tanto vean cómo aumenta su rentabilidad. El resto, no. Si queremos más inversión, tendríamos que cambiar el esquema tributario para todas las personas que quieran hacer negocios en Guatemala. El esquema tributario actual es de país de primer mundo pero el país ofrece condiciones de república bananera.

 

Es ideal que en un estado de derecho la ley sea general, abstracta e impersonal. Estos principios son elementales para que exista un ordenamiento jurídico justo. Esta ley, por lo tanto, viola los principios de una ley justa. Establece situaciones especiales (privilegios) para ciertas empresas que no estarán sometidas al mismo trato que las demás empresas.

 

Ahora bien, la solución a la penosa situación económica de Guatemala no está en oponernos lisa y llanamente a esta ley. La solución está en descartar esta propuesta y reformar el esquema tributario reduciendo y eliminando paulatinamente el Impuesto Sobre la Renta. Un sistema tributario eficiente debe simétrico, es decir, los impuestos deben ser generales e iguales para todos sin consideración de la posición en que se halle cada actor.

 

Nuestro sistema tributario actual no es simétrico sino que estipula diversos impuestos sobre diversos hechos generadores y sobre distintas posiciones. Esto genera un sistema costoso para los contribuyentes y en consecuencia un terrible incentivo a generar coaliciones que busquen eximirse del pago del impuesto. Esto es un juego de suma negativa pues quienes sí están organizados acabarán obteniendo la exención fiscal y trasladando la carga tributaria a aquellos actores que no son beneficiarios de la misma. Justo lo que vivimos en este momento.

 

Los esquemas tributarios complejos tienen este defecto. En Estados Unidos ocurre exactamente lo mismo. Un estudio del Mercatus Center de la George Mason University ha demostrado cómo algunas coaliciones de empresarios han sacado provecho del complejísimo sistema de tribuación que establece el Tax Code americano a través de minuciosas excepciones.