La corrupción en entidades públicas de Guatemala muestran que el flagelo no se detiene, pues actos como enriquecimiento ilícito de algunos funcionarios, evasión a la Ley de Compras y Contrataciones, sobrevaloración de adquisiciones y pago de altas comisiones para lograr contratos son denuncias recurrentes.
Esto motivó incluso a la creación de una fiscalía especial dedicada a investigar estos casos en 1999. Sin embargo, muchos continúan sin resolverse. Los mismos se dieron en los gobiernos de Alfonso Portillo, Óscar Berger, Álvaro Colom y, desde luego, durante la administración de Otto Pérez Molina.
Como corolario, la semana pasada fueron capturadas 22 personas, quienes son acusadas de formar parte de una red criminal dedicada al contrabando y la defraudación fiscal, un caso de corrupción a grandes dimensiones. Se responsabiliza a dos jefes de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), así como al secretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti, Juan Carlos Monzón, quien sería el supuesto líder de la banda. Dicho “monstruo de mil cabezas” terminó por derribar a la mano dura.
Corrupción exacerbada
La corrupción no se detuvo en esta gestión, sino que se pasó a ser su principal lastre; es decir, el gobierno rápidamente se convirtió en un instrumento imparable. “Durante la administración de Pérez Molina se articularon redes que antes estaban disueltas y separadas, este gobierno tuvo la habilidad de volverlas a unir en diversos tipo de intereses y mafias, logrando así controlar el nivel político de las instituciones a través de la corrupción”, señala el analista Renzo Rosal, de la Universidad Rafael Landívar.
Rosal indica que durante esta administración se plantó al mismo nivel de los Tres Pactos de Gobierno, la lucha contra la corrupción. “El mismo Gobierno hizo harakiri (suicidio), pues se trazó una lucha contra la corrupción y a favor de la transparencia. La Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico (COPRET) se convirtió en un instrumento de persecución interna de la mano de la vicepresidenta”, considera.
Además, agrega que el objetivo de los grupos criminales es realizar un control político en el que la corrupción es el medio, pero también hay grupos para los cuales esta es el fin. En el caso de la SAT, era el medio y no necesariamente la única finalidad.
“Con esa diferenciación existen grandes bandas criminales, algunas de ellas son antiguas, como la de la SAT, pero también hay en el Ministerio de la Defensa Nacional o de Gobernación, lo cual se suma a los grupos mafiosos cuyo fin sí es la corrupción. No hay Ministerio, Secretaría, Fondo o Institución autónoma que no tenga grave presencia de grupos de corrupción, pero la diferencia estriba en el nivel de la corrupción”, considera.
Por su parte, Marvin Flores, de Acción Ciudadana, indica que la desarticulación de una banda criminal de ese tamaño sucedía en los últimos años, pues solo se capturó a algunos alcaldes (como el caso de las municipalidades de Chinautla, Antigua Guatemala o el Fondo Nacional para la Paz)nunca hubo una persona procesada.
De acuerdo con el analista, cada gobierno trae un porcentaje de corrupción más alto que su antecesor. Esto porque las campañas electorales son más caras, el financiamiento es mayor y el pago de favores a esas inversiones millonarias que se hacen en la política electoral tienen una consecuencia cuando se llega al poder.
Para Flores, en la actual administración “la lucha contra la corrupción ha estado totalmente perdida”. Señala que la situación de la SAT es de las más dañinas para el país, porque no se está al frente de una obra pública que no se terminó o es de mala calidad; está en el corazón de la recaudación de impuestos, la cual colapsaba.
“Estas redes de corrupción le pegan directamente al centro nervioso del aparato de la administración pública, los efectos son dobles a parte del dinero que se roban, también afecta la moral de los guatemaltecos porque nadie quera pagar impuestos si se sabe que va a parar a los bolsillos de personas corruptas”, indica Flores.
Añade que ahora las nuevas autoridades de la SAT deben revisar todos sus niveles de control, además de aplicar una serie de medidas para terminar de sanear la corrupción que pueda existir.
Q12 mil millones del Presupuesto se pierden en actos de corrupción
Según estimaciones de Acción Ciudadana, alrededor de Q12 mil millones del Presupuesto General de la Nación 2015 se pierde en prácticas corruptas. Se estima que el 25% o 30% destinado a inversión pública se pierde así.
Guatemala ocupa el puesto 50 entre los países más corruptos del mundo, según Transparencia Internacional. Para dicha organización, esto “es el abuso de poder encomendado para beneficio personal”.
Según un informe hecho por el Departamento de Estado de Estados Unidos, presentado en febrero de 2014, en Guatemala la corrupción está arraigada también en el Organismo Judicial (OJ) y en la Policía Nacional Civil (PNC). Sin embargo, este manifiestan su preocupación por la “corrupción generalizada institucional” que abarca todo el Estado.
De acuerdo con un estudio presentado por la diputada Nineth Montenegro, del 2000 al 2014 se han acumulado en la fiscalía contra la Corrupción del MP más de 4 mil 931 denuncias, de las cuales el 69% están en proceso de investigación y solamente el 7% tiene sentencia. El 14% de los casos han sido desestimados, el 1% archivado y solamente el 9% registra acusaciones. De tal manera que hay casos acumulados de los cuatro últimos gobiernos.
La corrupción en entidades públicas de Guatemala muestran que el flagelo no se detiene, pues actos como enriquecimiento ilícito de algunos funcionarios, evasión a la Ley de Compras y Contrataciones, sobrevaloración de adquisiciones y pago de altas comisiones para lograr contratos son denuncias recurrentes.
Esto motivó incluso a la creación de una fiscalía especial dedicada a investigar estos casos en 1999. Sin embargo, muchos continúan sin resolverse. Los mismos se dieron en los gobiernos de Alfonso Portillo, Óscar Berger, Álvaro Colom y, desde luego, durante la administración de Otto Pérez Molina.
Como corolario, la semana pasada fueron capturadas 22 personas, quienes son acusadas de formar parte de una red criminal dedicada al contrabando y la defraudación fiscal, un caso de corrupción a grandes dimensiones. Se responsabiliza a dos jefes de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), así como al secretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti, Juan Carlos Monzón, quien sería el supuesto líder de la banda. Dicho “monstruo de mil cabezas” terminó por derribar a la mano dura.
Corrupción exacerbada
La corrupción no se detuvo en esta gestión, sino que se pasó a ser su principal lastre; es decir, el gobierno rápidamente se convirtió en un instrumento imparable. “Durante la administración de Pérez Molina se articularon redes que antes estaban disueltas y separadas, este gobierno tuvo la habilidad de volverlas a unir en diversos tipo de intereses y mafias, logrando así controlar el nivel político de las instituciones a través de la corrupción”, señala el analista Renzo Rosal, de la Universidad Rafael Landívar.
Rosal indica que durante esta administración se plantó al mismo nivel de los Tres Pactos de Gobierno, la lucha contra la corrupción. “El mismo Gobierno hizo harakiri (suicidio), pues se trazó una lucha contra la corrupción y a favor de la transparencia. La Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico (COPRET) se convirtió en un instrumento de persecución interna de la mano de la vicepresidenta”, considera.
Además, agrega que el objetivo de los grupos criminales es realizar un control político en el que la corrupción es el medio, pero también hay grupos para los cuales esta es el fin. En el caso de la SAT, era el medio y no necesariamente la única finalidad.
“Con esa diferenciación existen grandes bandas criminales, algunas de ellas son antiguas, como la de la SAT, pero también hay en el Ministerio de la Defensa Nacional o de Gobernación, lo cual se suma a los grupos mafiosos cuyo fin sí es la corrupción. No hay Ministerio, Secretaría, Fondo o Institución autónoma que no tenga grave presencia de grupos de corrupción, pero la diferencia estriba en el nivel de la corrupción”, considera.
Por su parte, Marvin Flores, de Acción Ciudadana, indica que la desarticulación de una banda criminal de ese tamaño sucedía en los últimos años, pues solo se capturó a algunos alcaldes (como el caso de las municipalidades de Chinautla, Antigua Guatemala o el Fondo Nacional para la Paz)nunca hubo una persona procesada.
De acuerdo con el analista, cada gobierno trae un porcentaje de corrupción más alto que su antecesor. Esto porque las campañas electorales son más caras, el financiamiento es mayor y el pago de favores a esas inversiones millonarias que se hacen en la política electoral tienen una consecuencia cuando se llega al poder.
Para Flores, en la actual administración “la lucha contra la corrupción ha estado totalmente perdida”. Señala que la situación de la SAT es de las más dañinas para el país, porque no se está al frente de una obra pública que no se terminó o es de mala calidad; está en el corazón de la recaudación de impuestos, la cual colapsaba.
“Estas redes de corrupción le pegan directamente al centro nervioso del aparato de la administración pública, los efectos son dobles a parte del dinero que se roban, también afecta la moral de los guatemaltecos porque nadie quera pagar impuestos si se sabe que va a parar a los bolsillos de personas corruptas”, indica Flores.
Añade que ahora las nuevas autoridades de la SAT deben revisar todos sus niveles de control, además de aplicar una serie de medidas para terminar de sanear la corrupción que pueda existir.
Q12 mil millones del Presupuesto se pierden en actos de corrupción
Según estimaciones de Acción Ciudadana, alrededor de Q12 mil millones del Presupuesto General de la Nación 2015 se pierde en prácticas corruptas. Se estima que el 25% o 30% destinado a inversión pública se pierde así.
Guatemala ocupa el puesto 50 entre los países más corruptos del mundo, según Transparencia Internacional. Para dicha organización, esto “es el abuso de poder encomendado para beneficio personal”.
Según un informe hecho por el Departamento de Estado de Estados Unidos, presentado en febrero de 2014, en Guatemala la corrupción está arraigada también en el Organismo Judicial (OJ) y en la Policía Nacional Civil (PNC). Sin embargo, este manifiestan su preocupación por la “corrupción generalizada institucional” que abarca todo el Estado.
De acuerdo con un estudio presentado por la diputada Nineth Montenegro, del 2000 al 2014 se han acumulado en la fiscalía contra la Corrupción del MP más de 4 mil 931 denuncias, de las cuales el 69% están en proceso de investigación y solamente el 7% tiene sentencia. El 14% de los casos han sido desestimados, el 1% archivado y solamente el 9% registra acusaciones. De tal manera que hay casos acumulados de los cuatro últimos gobiernos.