“El clamor popular” fue el motivo, según la titular del juzgado Octavo de Instancia Penal, Marta Sierra de Stalling, para conceder medida sustitutiva a seis de los 22 implicados en el caso de defraudación aduanera en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

En declaraciones vertidas a Contrapoder, Sierra refiere que sintió “presión social” y afirma que su temor era traer al suelo los 38 años de su carrera judicial y atañe su decisión al “clamor popular”.

La entrevistada también atañe su fallo a que el Ministerio Público no fue contundente en su investigación. “Yo los ligué por asociación ilícita por el clamor popular. Porque si yo a ellos no los ligo yo estaría hoy a la par de la licenciada Baldetti, con un antejuicio, pidiéndome mi renuncia”, reveló en la entrevista concedida a dicho medio de comunicación.

Con la disposición de Sierra, se concedió el privilegio a Javier Ortiz Arriaga, alias Teniente Jeréz, José Rolando Gil, Carlos Ixtuc Cuc, Salvador Estuardo González, Miguel Ángel Aldana y Mónica Patricia Jáuregui. Las fianzas oscilan entre los Q200 mil y los Q250 mil.

“En primer lugar, muchas de las personas fueron únicamente mencionadas por su nombre y apellidos. En segundo lugar, solo presentaron las sesiones y los informes de análisis telefónicos. No hay otro análisis de investigación dentro del presente proceso. Hay autorizaciones para que requieran información a los bancos, pero hasta la fecha no hay resultados de ellos. No dieron nombres de empresas ni de propietarios” explicó la juzgadora a Contrapoder.

Esto es lo que publicó Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) al conocer el fallo de la jueza.