La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) tiene por delante dos años más de mandato en el país, en los cuales deberá dedicarse a la desarticulación de estructuras de corrupción, de acuerdo con expertos.
La Instancia Coordinadora de la Reforma al Sector Justicia recomendó al presidente Otto Pérez Molina plantear la prórroga en mención y cumplió su objetivo con el presidente tras una larga discusión y resistencia para brindarle una extensión a la instancia internacional.
Stuardo Ralón, abogado constitucionalista independiente, considera que derivado del acontecimiento de las capturas de la banda denominada “La Línea”, el presidente no tenía alternativa para no prorrogar el mandato del ente internacional, algo que a criterio del abogado influyó sobre la decisión que tomó el mandatario.
Indicó que ya tomada la decisión de una ampliación, lo que espera como ciudadano es que el MP, que ya tiene a su cargo la investigación, profundice en el tema de las aduanas y no sea una investigación que se reduzca al 2014 o 2015, sino que abarque todos los periodos legales que no están adscritos, incluso los casos de exfuncionarios de gobiernos anteriores, esto con el objetivo de determinar si hay otras estructuras que operan o continúan las del pasado.
Lucha frontal a la corrupción
Agregó que se comprometen a ofrecer análisis coyunturales a través de informes temáticos, formular propuestas de reformas normativas que permitan consolidar instituciones continuar con la persecución penal que se desarrolló “hombro con hombro con el MP y seguir con la transferencia de capacidades con las instancias del sector justicia.
La CICIG anunció anteriormente que las investigaciones que realizará en un futuro se enmarcan principalmente en el financiamiento de los partidos políticos, sin embargo, hay quienes consideran que también deberá llevar a cabo una lucha frontal contra las estructuras dedicadas a la corrupción.
Para Ralón, la línea que deberán seguir las investigaciones es una lucha frontal contra la corrupción y estructuras que erosionan y hacen mal uso de los recursos, una tarea para darle continuidad que se implementó con el caso de corrupción aduanera.
“El mandato debe ser utilizado correctamente, porque es un mandato amplio que tiene inmunidad, es decir, no se modificó la falla que tiene por no estar sujeto a la rendición de cuentas jurisdiccionales en caso de incurrir en una arbitrariedad o ilegalidad”, señaló el abogado.
Lo que se espera es un uso correcto para que las investigaciones se den en una sola dirección y no se deje afuera a algunas personas que se encuentren involucradas. El abogado considera que la población en general no ha tenido la información necesaria que haga ver cuál es la metodología y el avance en el traslado de las capacidades.
“No se puede saber cuánto se ha avanzado en los siete años y cuánto más se irá avanzando en estos dos años adicionales y esto debe conocerse, algo que recomendó la instancia que evaluó a la CICIG, lo cual es muy acertado”, dijo Ralón.
A criterio del entrevistado, esta prórroga no será un reto mayor para la CICIG, pues desde el primer año del mandato se vio el nivel de la problemática institucional que tenía el país y considera que esto “realmente no ha mejorado”; es decir, que no se puede hablar que siete años después el sistema e institucionalidad avanzó porque la percepción es que cada vez el deterioro es mayor.
Más responsabilidad
Por su lado, Gabriel Orellana, abogado constitucionalista, manifestó que los retos que deberá enfrentar la CICIG en esta nueva prórroga son mayores, porque la instancia internacional no solamente adquirió un compromiso con la sociedad guatemalteca sino con las Naciones Unidas y los países que le dan seguimiento a este proceso en Guatemala. “Es innegable que su presencia está más que justificada”, aseveró.
Orellana considera que se ha perdido el temor de afectar figuras cercanas a los primeros mandatarios del país y calificó eso de un avance. “El hecho de que se haya utilizado pruebas científicas de alguna manera es un mensaje que sirve incluso para estimular a algunos jueces”, dijo.
Además, refirió que no se debe perder de vista ante cualesquiera de las investigaciones que CICIG tenga previstas y programadas para realizar, que en este momento se tiene un compromiso muy importante, el cual es llevar a buen puerto el caso de la SAT. Por lógica, no deben abrirse por el momento mucho más frentes porque “el que mucho abarca, poco aprieta”, señaló el abogado.
“CICIG tendrá una tarea ardua ante el clamor de la ciudadanía y es poner sus reflectores para desarticular estructuras de corrupción en el Estado”, refirió y agregó que luego los guatemaltecos tendríamos que discutir el fortalecimiento institucional.
Según el entrevistado, CICIG después de desarticular a esta banda incrustada en la SAT, tiene la credibilidad de la población, ya que antes la ciudadanía estaba escéptica o con opiniones divididas pero a partir de este golpe, ha levantado el apoyo de la población y eso representa una mayor responsabilidad.
A criterio de Gutiérrez la impunidad en Guatemala no ha terminado, aunque la CICIG con sus errores ha contribuido, pero también ha dejado de manifiesto que la impunidad o la lucha contra la impunidad “es un tango” que se baila con dos y aseveró que esta puede hacer buenas investigaciones, pero si el aparato judicial esta corrompido, lo único que se puede hacer son aportes, por lo que es importante realizar profundas reformas.
Contrabando, crimen organizado y corrupción
Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria, añadió que los retos para el nuevo mandato son grandes, pues debe existir un monitoreo constante y un reporte de los avances; no esperar los dos años sino que amerita hacer una evaluación periódica. Otro de los retos que tendrá que afrontar es la lucha constante contra el contrabando, el crimen organizado y la corrupción, así como mantener al comisionado Velásquez un tiempo prorrogado.
Finalizó con que un punto medular en las nuevas investigaciones que emprenda la instancia internacional deberá ser la lucha contra la corrupción, además de contribuir a las investigaciones sobre el tema, las cuales no deberán esperar los dos años del nuevo mandato.
Recomendaciones
Estas son las sugerencias formuladas al presidente Pérez por parte de la Instancia Coordinadora de la Reforma al Sector Justicia:
- Prorrogar por dos años el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)
- Que requiera a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala la elaboración en forma conjunta con la Instancia Coordinadora de la Reforma al Sector Justicia de un plan de trabajo que defina las áreas de investigación criminal y realice las transferencias de capacidades a las Instituciones del sector justicia de conformidad con lo establecido en el contrato.
- Requerir a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala que continúe con el acompañamiento de reformas legales y/o constitucionales que permitan el efectivo fortalecimiento del sector justicia guatemalteco.
- Brindar todo el apoyo que requiera la Comisión Internacional, para el fortalecimiento técnico y presupuestario de cada una de las instituciones del sector justicia.
- Definir el órgano ante quien la Comisión Internacional deberá rendir cuentas de sus acciones.
La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) tiene por delante dos años más de mandato en el país, en los cuales deberá dedicarse a la desarticulación de estructuras de corrupción, de acuerdo con expertos.
La Instancia Coordinadora de la Reforma al Sector Justicia recomendó al presidente Otto Pérez Molina plantear la prórroga en mención y cumplió su objetivo con el presidente tras una larga discusión y resistencia para brindarle una extensión a la instancia internacional.
Stuardo Ralón, abogado constitucionalista independiente, considera que derivado del acontecimiento de las capturas de la banda denominada “La Línea”, el presidente no tenía alternativa para no prorrogar el mandato del ente internacional, algo que a criterio del abogado influyó sobre la decisión que tomó el mandatario.
Indicó que ya tomada la decisión de una ampliación, lo que espera como ciudadano es que el MP, que ya tiene a su cargo la investigación, profundice en el tema de las aduanas y no sea una investigación que se reduzca al 2014 o 2015, sino que abarque todos los periodos legales que no están adscritos, incluso los casos de exfuncionarios de gobiernos anteriores, esto con el objetivo de determinar si hay otras estructuras que operan o continúan las del pasado.
Lucha frontal a la corrupción
Agregó que se comprometen a ofrecer análisis coyunturales a través de informes temáticos, formular propuestas de reformas normativas que permitan consolidar instituciones continuar con la persecución penal que se desarrolló “hombro con hombro con el MP y seguir con la transferencia de capacidades con las instancias del sector justicia.
La CICIG anunció anteriormente que las investigaciones que realizará en un futuro se enmarcan principalmente en el financiamiento de los partidos políticos, sin embargo, hay quienes consideran que también deberá llevar a cabo una lucha frontal contra las estructuras dedicadas a la corrupción.
Para Ralón, la línea que deberán seguir las investigaciones es una lucha frontal contra la corrupción y estructuras que erosionan y hacen mal uso de los recursos, una tarea para darle continuidad que se implementó con el caso de corrupción aduanera.
“El mandato debe ser utilizado correctamente, porque es un mandato amplio que tiene inmunidad, es decir, no se modificó la falla que tiene por no estar sujeto a la rendición de cuentas jurisdiccionales en caso de incurrir en una arbitrariedad o ilegalidad”, señaló el abogado.
Lo que se espera es un uso correcto para que las investigaciones se den en una sola dirección y no se deje afuera a algunas personas que se encuentren involucradas. El abogado considera que la población en general no ha tenido la información necesaria que haga ver cuál es la metodología y el avance en el traslado de las capacidades.
“No se puede saber cuánto se ha avanzado en los siete años y cuánto más se irá avanzando en estos dos años adicionales y esto debe conocerse, algo que recomendó la instancia que evaluó a la CICIG, lo cual es muy acertado”, dijo Ralón.
A criterio del entrevistado, esta prórroga no será un reto mayor para la CICIG, pues desde el primer año del mandato se vio el nivel de la problemática institucional que tenía el país y considera que esto “realmente no ha mejorado”; es decir, que no se puede hablar que siete años después el sistema e institucionalidad avanzó porque la percepción es que cada vez el deterioro es mayor.
Más responsabilidad
Por su lado, Gabriel Orellana, abogado constitucionalista, manifestó que los retos que deberá enfrentar la CICIG en esta nueva prórroga son mayores, porque la instancia internacional no solamente adquirió un compromiso con la sociedad guatemalteca sino con las Naciones Unidas y los países que le dan seguimiento a este proceso en Guatemala. “Es innegable que su presencia está más que justificada”, aseveró.
Orellana considera que se ha perdido el temor de afectar figuras cercanas a los primeros mandatarios del país y calificó eso de un avance. “El hecho de que se haya utilizado pruebas científicas de alguna manera es un mensaje que sirve incluso para estimular a algunos jueces”, dijo.
Además, refirió que no se debe perder de vista ante cualesquiera de las investigaciones que CICIG tenga previstas y programadas para realizar, que en este momento se tiene un compromiso muy importante, el cual es llevar a buen puerto el caso de la SAT. Por lógica, no deben abrirse por el momento mucho más frentes porque “el que mucho abarca, poco aprieta”, señaló el abogado.
“CICIG tendrá una tarea ardua ante el clamor de la ciudadanía y es poner sus reflectores para desarticular estructuras de corrupción en el Estado”, refirió y agregó que luego los guatemaltecos tendríamos que discutir el fortalecimiento institucional.
Según el entrevistado, CICIG después de desarticular a esta banda incrustada en la SAT, tiene la credibilidad de la población, ya que antes la ciudadanía estaba escéptica o con opiniones divididas pero a partir de este golpe, ha levantado el apoyo de la población y eso representa una mayor responsabilidad.
A criterio de Gutiérrez la impunidad en Guatemala no ha terminado, aunque la CICIG con sus errores ha contribuido, pero también ha dejado de manifiesto que la impunidad o la lucha contra la impunidad “es un tango” que se baila con dos y aseveró que esta puede hacer buenas investigaciones, pero si el aparato judicial esta corrompido, lo único que se puede hacer son aportes, por lo que es importante realizar profundas reformas.
Contrabando, crimen organizado y corrupción
Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria, añadió que los retos para el nuevo mandato son grandes, pues debe existir un monitoreo constante y un reporte de los avances; no esperar los dos años sino que amerita hacer una evaluación periódica. Otro de los retos que tendrá que afrontar es la lucha constante contra el contrabando, el crimen organizado y la corrupción, así como mantener al comisionado Velásquez un tiempo prorrogado.
Finalizó con que un punto medular en las nuevas investigaciones que emprenda la instancia internacional deberá ser la lucha contra la corrupción, además de contribuir a las investigaciones sobre el tema, las cuales no deberán esperar los dos años del nuevo mandato.
Recomendaciones
Estas son las sugerencias formuladas al presidente Pérez por parte de la Instancia Coordinadora de la Reforma al Sector Justicia:
- Prorrogar por dos años el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)
- Que requiera a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala la elaboración en forma conjunta con la Instancia Coordinadora de la Reforma al Sector Justicia de un plan de trabajo que defina las áreas de investigación criminal y realice las transferencias de capacidades a las Instituciones del sector justicia de conformidad con lo establecido en el contrato.
- Requerir a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala que continúe con el acompañamiento de reformas legales y/o constitucionales que permitan el efectivo fortalecimiento del sector justicia guatemalteco.
- Brindar todo el apoyo que requiera la Comisión Internacional, para el fortalecimiento técnico y presupuestario de cada una de las instituciones del sector justicia.
- Definir el órgano ante quien la Comisión Internacional deberá rendir cuentas de sus acciones.