Luego de que se dijera que la intendente de Aduanas, Claudia Méndez, había renunciado la semana pasada, en la práctica esto no fue así.  En una citación en el Congreso de la República, se le preguntó al Ministro de Finanzas Públicas y presidente del Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Dorval Carías, por qué seguía ella en su cargo.

Carías explicó que Méndez sí puso a disposición del Directorio su cargo el viernes pasado, pero aclaró que es una decisión que le corresponde al titular de la SAT. El Directorio ante una consulta podría acuerparlo, pero primero la intendente debe entregar la carta para conocer el tema.

Además los diputados le cuestionaron sobre la colocación y elección de los ex superintendentes Omar Franco y Carlos Muñoz, así como la del intendente de asuntos jurídicos, Alfonzo Castillo. No obstante, Carías refirió que en el caso de los dos, fue en el Directorio donde fueron propuestos y explicó que tendría que ver actas para saber quién los recomendó.

El funcionario cuestionado informó que este lunes se llevó a cabo una reunión extraordinaria en el Directorio de la SAT para conocer los informes de la gerencia de recursos humanos y de informática, derivado de algunas situaciones que la intendente de aduanas expresó en la reunión del viernes pasado.

El jefe de Finanzas dijo además que de forma paralela en el Directorio de la administración tributaria se toman las acciones para solicitarle a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) que investigue a los funcionarios de alto nivel de la institución. Se refiere a intendentes, gerentes, algunos subgerentes y jefes que se focalizan principalmente en el área de aduanas.

Consideran que con esto empezarían a dar pasos para que la moral tributaria no caiga y se eviten efectos no solo en el Gobierno sino al Estado mismo.

En cuanto a la elección de los nuevos miembros del Directorio de la SAT, se dio a conocer que en la nómina de ocho aspirantes se incluyen personas que laboraron con los exjefes de la SAT acusados de formar parte de la estructura criminal de La Línea.

Ante esto, el diputado uneísta Carlos Barreda planteó que debe hacerse una investigación y repetir el proceso.