No hay probablemente ninguna seña tan omnipresente en la geografía del país, allí donde uno se encuentre, como la presencia del túmulo en las carreteras y vías nacionales. Este tema no pasaría de ser meramente anecdótico sino es porque cada vez más se ha probado, con testimonios y datos, el daño y la lesión que este monumento a la necedad le está causando a la economía de Guatemala. Pero de dónde proviene esta “marca característica” de nuestro país? Cuál es la racionalidad, si acaso existe, de querer tachonar nuestro sistema vial con estos adefesios?

Lo primera idea que viene a la mente es que el túmulo apareció como consecuencia de la guerra interna. Recuerdo que quienes estrenaron este mecanismo fueron las zonas militares, los cuarteles o las áreas públicas restringidas, que de alguna manera querían evitar el típico “hit and run” de los operativos guerrilleros. Al menos había una cierta lógica detrás de ello. Pero con la firma de la paz, se sucedieron dos fenómenos divergentes: los militares comenzaron a retirar –dando muestras de humildad y espíritu práctico- todos los túmulos de las cercanías de sus bases, pero a contramarcha, una nueva generación de civiles tomó la idea para aplicarla a otros propósitos. Y fue aquí que empieza una carrera por la insensatez. Primero, bajo el argumento de dar mayor protección a los poblados que crecen a las orillas de las carreteras nacionales, hicieron su aparición los túmulos llegando a extenderse incluso a vías rápidas como la carretera interamericana. Sonaba muy bien la justificación. Cuidar de zonas escolares y centros de salud. Pero luego, entraron otras consideraciones en juego, que van desde el negocio del contratista municipal que se gana algunos pesos construyendo estas cicatrices de asfalto, hasta – y en esto tengo una sospecha más que fundada- el interés de los vendedores ambulante de frutas y artesanías, que se aseguran que su producto sea objeto de una mayor atención por parte del desprevenido transeúnte. Allí sí que la cosa se hace más enredada.

Pero analicemos el argumento central de los proponentes de túmulos. Ellos afirman que los túmulos ofrecen mayor seguridad, en un país donde las carreteras pasan a veces por la mitad del pueblo. Esto es un argumento por demás discutible. Veamos el caso de nuestro vecino El Salvador. Cuando uno toma las carreteras nacionales de ese país, pasa igualmente por pueblos y ciudades muchas de ellas construidas, casi a propósito, a orillas de la carretera, sin encontrar un solo túmulo. Y veamos las estadísticas salvadoreñas de mortandad por accidente de tránsito en vías nacionales. Las cifras de ellos están muy por detrás de las nuestras. Y por supuesto que tienen escuelas y centros de salud que están a la orilla de la carretera.  Así que no hay ninguna justificación por el lado de la seguridad.

Ahora bien y para presentar argumentos en contrario, aporto los propios. He escuchado reiteradas veces el impacto negativo que estos túmulos tienen en la economía nacional. No nos referimos a la molestia del conductor que tiene que maniobrar para esquivar estas cordilleras y no dejar la aceitera en el intento -porque dicho sea de paso, cada quien hace el túmulo a su mejor gusto-. Me refiero a aquellos campesinos que han dado testimonio de cómo la fruta que llevan en el camión llega golpeada a su destino, muchas veces haciéndola incomprable para vendedores que la quieren exportar. Ya solo ello nos deja un pésimo sabor. Asimismo Los datos fríos acerca de la lentitud con que se mueve la carga en Guatemala en comparación a otros países de Centroamérica, refleja el impacto negativo en nuestra competitividad en general. Y luego, para aportar sobre la seguridad, valdría la pena investigar si estos túmulos no han sido también un aliado eficaz para el salteador de caminos y atracador de buses. Tengo la impresión que sí. En fin, las evidencias en contra se apilan abundantemente.

Cierro estas reflexiones con un pensamiento más. Hay una ley contra los túmulos. Sin embargo este perverso obstáculo no natural ha logrado sobrevivir a la legislación. He visto poco o ningún esfuerzo por retirar estos túmulos de las carreteras nacionales. No veo cuadrillas del MICIVI, o trabajadores municipales haciendo cumplir la norma. Pero si lo hiciéramos al revés, es decir, si decidiéramos en lo privado tomar un grupo de trabajadores para remover los túmulos por cuenta propia, estoy seguro que aparecerían en cuestión de segundos, alcalde, Cocodes, contratistas, la policía y hasta el vendedor de piñas, en una acción concertada, para defender a esta ignominiosa barricada. En fin, las cosas acá funcionan siempre al revés.

Espero francamente que esta discusión llegue a trascender la mera queja del transportista y se convierta en una causa nacional que una a quienes luchan por una mejor economía hasta quienes defienden simplemente el ejercicio adecuado del derecho a la libre locomoción en nuestro país. Es preciso que la ley se haga cumplir. No vaya a ser que luego se destinen recursos públicos para hacer un monumento al túmulo.