En los últimos días, los ciudadanos hemos visto como los señalamientos de corrupción, tanto en el ámbito juridico, mediático y político, han culminado con la renuncia de la Vicepresidente de la República, algo que no ocurría durante la vigencia de la Actual Constitución Política de la República del año 1985.

El inicio del escándalo fue en el campo jurídico, al haber realizado el Ministerio Público y la CICIG, un operativo de capturas sin precedentes, ya que en ese operativo se señalaba a altos funcionarios del gobierno de turno, Superintendente de Administración Tributaria y Secretario Privado de la Vice Presidencia como parte de los cabecillas de una estructura mafiosa, que se aprovechaba de las aduanas para hacer cobros ilegales a ciertos importadores, a cambio de un descuento para éstos, en el monto de impuestos a pagar en la importación de sus productos.

Posteriormente,  la cobertura mediática le dio amplio seguimiento a todo lo ocurrido  a partir de las capturas, dándole vida propia a una crisis que pasó del campo jurídico al campo político.

Las  manifestaciones ciudadanas en diferente número,  no cesaron, las cuales fueron pacíficas y respetando la ley, excepto una manifestación en la que se incurrió en ilegalidades, siendo esta  la de los 48 cantones de Totonicapán, que efectuó bloqueos en carreteras, afectando la libertad de locomoción del resto de Guatemaltecos, que transitaban especialmente en la carretera interamericana.

Durante esta consecución de acontecimientos , surgió la referencia del término “Clamor Popular” en distintos momentos.

La jueza a cargo del caso de “La Línea”, que posteriormente fue involucrada con hechos de corrupción en el otorgamiento de medidas sustitutivas, afirmó que por “clamor popular” había dejado en prisión preventiva,  a algunos de los sindicados de formar parte de la estructura criminal, por clamor popular y no por sustento probatorio.

Posteriormente, pese a que en el momento inicial del caso “La Línea” la Vicepresidenta no aparecía con indicios de formar parte de la estructura, “según el MP y la CICIG”, un diputado del Congreso, empujado por el “Clamor Popular”, presentó denuncia penal en contra de la Vicepresidenta de la República,  con un mínima parte de las seis mil escuchas telefónicas, que los medios de comunicación recogieron de el caso “La Línea”.

Respondiendo al “Clamor Popular” vimos un trámite de antejuicio atípico, con una velocidad sin precedentes, de la Corte Suprema de Justicia que resolvió darle trámite por unanimidad y un Congreso de la República, que luego de no haberse reunido todo el año, logró no solo reunirse,  sino sortear y dar posesión a la comisión pesquisidora, no sin antes haber comparecido a los medios de comunicación,  varios bloques del Congreso, declarando que respondiendo al “Clamor Popular”, se le quitaría la inmunidad a la Vicepresidenta, aún y cuando la investigación de la comisión nombrada, no había iniciado.

Me parece muy bien que los ciudadanos señalemos a los corruptos, también que exijamos a  nuestras autoridades que profundicen en las investigaciones y que basados en el respeto del debido proceso y con las pruebas respectivas, las capturas se traduzcan en condenas severas.

De hecho creo que en algún momento debemos evolucionar como sociedad, de manera que los delitos relacionados con actos de corrupción sean imprescriptibles.

Sin embargo, lo que no debemos permitir es que el actuar del Estado sea guiado por  el “Clamor Popular” pues de ser así estaríamos renunciando a fortalecer nuestras instituciones.  Ya que por “Clamor Popular” estaríamos a merced e los linchamientos sean estos jurídicos, mediáticos o políticos.

La República es el gobierno de leyes, de instituciones, que precisamente le ponen freno al “Clamor Popular” y a la misma democracia.

!Estado de Derecho y República, debe ser el camino!

No me cabe duda que para salir fortalecidos de esta crisis, respetando el Estado de Derecho y no comprometiendo nuestra aspiración de una República Fuerte, debemos  exigir que el punto de partida sea una adecuada reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que le quite ciertos privilegios a los Partidos Políticos y queden además sujetos a un verdadero control, para que no se abuse de ellos,  pues de lo contrario, cualquier reforma constitucional o legal que se proponga, quedaría en manos de quienes tienen capturado el sistema.