Guatemala, durante décadas, se ha encaminado hacia el establecimiento y desarrollo del poder basado en el saqueo de las arcas públicas, institucionalizando la corrupción y sus derivados como el clientelismo político, el peculado y el nepotismo. Se trata de una cleptocracia que garantiza la impunidad y que se explica en la participación de amplios sectores de poder que coexisten en una zona gris, en donde resulta difícil distinguir entre lo lícito e ilícito; pasando de lo público a lo privado. De esta manera, en los últimos años se ha visto pasivamente el surgimiento de una nueva élite económica y política, producto del saqueo del Estado a través de negocios fraudulentos, disfrazados de legalidad.

El escándalo de la grupo denominado “La Línea” no descubre nada nuevo, sino confirma la existencia de estructuras criminales que tienen cooptado al Estado desde hace décadas, como lo exponen las fumarolas abiertas por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP). Quizá lo novedoso es la evolución de estas redes del crimen organizado hacia estructuras dúctiles, flexibles, horizontales que les han permitido ampliar su espectro de acción y penetrarse en el sistema hasta lo más profundo, como quedó evidenciado en la participación del ahora exsecretario de la Vicepresidencia, Juan Carlos Monzón, y las crecientes – como justificadas – sospechas sobre la participación de Roxanna Baldetti.

Los retumbos no dejaron de escucharse desde el 16 de abril, cada vez con mayor fuerza y, a medida en que pasaban los días, el rechazo social iba incrementándose. Uno de los hitos más importantes de este proceso sucedió el sábado 25 de abril con la movilización espontánea y masiva de miles de personas bajo la petición #RenunciaYa. Ésta fue una manifestación política en todo sentido, donde miles de personas expresaban el hartazgo hacia la corrupción. Quienes aún dudaban del impacto del #CasoSAT, ahora tendrían que convencerse de los posibles alcances en el corto y mediano plazo.  De esta manera, grupos organizados de la sociedad fueron sumándose al movimiento de las clases medias urbanas y se empezó a tomar conciencia de que la renuncia de Baldetti no sólo era prudente para contribuir con la investigación de la CICIG y el MP, sino necesaria para mantener de pie al gobierno.

El presidente ganaba tiempo, pero mientras más se postergaba la decisión, más aislado y sin opciones se encontraba. La última semana fue decisiva, el tiempo se agotó. El sector privado aglutinado en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF),  los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Corte de Constitucionalidad (CC) y el Congreso definieron su postura. Washington, que a través de su Embajada en el país desempeñó un papel crucial en los últimos 25 días, dejó en claro su posición a través del mensaje que le hizo llegar al presidente a través del canciller, Carlos Morales. Trascendía en ciertos círculos el retiro de visa a Érick Archila, ministro de Energía y Minas, y Mauricio López Bonilla, ministro de Gobernación, entre otros funcionarios allegados al gobierno, caso no confirmado por la sede diplomática.

Para el 8 de mayo, el gobierno no tuvo otra opción. La siempre fuerte y recia Roxanna Baldetti, ahora se encontraba aislada sin el apoyo de quienes un día la adularon. La conferencia de prensa que brindó la CICIG y el MP sobre el desmantelamiento de un bufete de abogados que tramitaban impunidad, enviaba un mensaje político claro: Las investigaciones iban a continuar e Iván Velásquez de forma contundente declaró que la comisión no hacía transacciones.  Así, un desgastado y derrotado Pérez Molina anunciaba al final de la tarde del viernes la renuncia de Roxanna Baldetti. Los cohetes sonaron en la Plaza de la Constitución.

Pareciera el fin de la crisis, sin embargo, todo indica – por el contrario – que el escándalo de la SAT destapó la caja de pandora. Quizás nos encontramos en un punto de inflexión social y política sin precedente. El desmantelamiento de una red de defraudación fiscal, un bufete de abogados que negocian impunidad y una jueza que acepta sobornos, ponen en manifiesto la podredumbre de un Estado colapsado, de instituciones superadas por redes de mafiosos que negocian millonarias sumas de dinero para garantizar y perpetuar la impunidad.  Las jornadas de abril y mayo demostraron  que existe una masa crítica que demanda cambios profundos en el sistema, y que no está dispuesta a tolerar más corrupción ni abusos. El reto de los próximos días consistirá en dilucidar cómo canalizar esa energía o si sencillamente ésta superará los cálculos de riesgo político, tras la dimisión de Roxanna Baldetti.

Dentro de este panorama político todavía difuso, existen varios elementos que podrían contribuir a dibujar lo que está por venir. En primer lugar, la elección del próximo vicepresidente, el rumbo que tome el movimiento social y la postura que adopten actores de peso como el sector privado, la embajada americana  y la misma CICIG.

Bajo esta coyuntura, se plantean varios escenarios políticos:

Gatopardismo

NUEVA JUNTA DIRECTIVA DEL CONGRESOEl primer escenario plantearía que la crisis es superada y la calma vuelve a las aguas políticas. Otto Pérez logra negociar con el Congreso la elección de un vicepresidente de su confianza y con cierta afinidad con el partido que tenga mayoría en el Congreso. Actores claves de peso, como el sector privado y silenciosamente la embajada americana, se distancian del movimiento popular, el cual va perdiendo fuerza ante la ausencia del interés común personificado en la figura de Roxanna Baldetti, en la medida en que se atomicen las demandas particulares de cada grupo. Mientras tanto el PP y Lider podrían consolidar una alianza bajo la mesa con el fin de garantizar cierta protección e impunidad de conveniencia para ambos, a cambio de poner a disposición toda la maquinaria estatal para la campaña de Manuel Baldizón. En una especie de gatopardismo se aparentan muchos cambios orientados a que todo se mantenga igual.

Utópico…

Manifestación frente al CongresoEl segundo escenario es bastante idealista, luego de la renuncia de Roxanna Baldetti, la presión ciudadana se concentra en el Congreso para que se elija a un vicepresidente que recupere parte de la credibilidad perdida y se articula un movimiento de fiscalización ciudadana de cero tolerancia a la corrupción y al financiamiento ilícito a los partidos políticos. De esta manera, aumenta el  rechazo de los votantes hacia figuras políticas oscuras que aspiran a gobernar, efecto que se expande al punto de lograr alterar el panorama electoral.

La crisis política permitió la articulación de canales de diálogo entre sectores que tradicionalmente no han tenido un espacio de comunicación abierta y que alineados a la masa crítica ciudadana conforman un frente común para generar cambios sustanciales y necesarios como la Ley Electoral y de Partidos Políticos, así como las Reformas al Organismo Judicial, entre otros.

Tiempos de caos…

PRESIDENTE OTTO PEREZ MOLINALo peor que podría suceder es que el rechazo social se focalice en la figura del presidente y se abogue por un rompimiento abrupto del sistema.  El descontento social podría aumentar por la poca credibilidad en el gobierno y las instituciones, generando que ante la percepción de vacío de poder, proliferen escenarios de ingobernabilidad en el  país, tanto en el área urbana como rural, vinculados a la conflictividad social y a la violencia electoral. La presión social aumenta y se sale de control provocando que Otto Pérez no logre concluir el período. Entraríamos a una fase de riesgo e incertidumbre sin precedente, pasando del sartén a las brasas.

Realista

foro denominado, "Invirtiendo en Centroamérica, abriendo oportunidades para el crecimiento", convocado por el Banco Interamericano de Desarrollo,  BID, con la participación del Presidente Otto Pérez Molina, Joe Biden  el  vicemandatario estadounidense, así como los mandatarios de El Salvador y Honduras.  Foto PRESIDENCIA

Por último, existe una alta probabilidad que el presidente concluya su mandato en piloto automático, con el apoyo de Washington, el sector privado y ciertas agrupaciones sociales y académicas que entienden que es necesario mantener el orden constitucional.  En paralelo, el movimiento social de clase media y urbana podría ejercer presión para que se continúen las investigaciones a los demás funcionarios y actores involucrados en actos de corrupción. El descontento social también podría canalizarse  hacia partidos políticos y candidatos con poca credibilidad, como ya lo hemos visto en Antigua Guatemala y Quetzaltenango.

Es así como el movimiento #RenunciaYa evoluciona a un #NoLeToca, en una clara posición de rechazo a una fórmula política que ha dado señales de autoritarismo e irrespeto a las libertades, con claros vínculos a las mismas redes de corrupción y crimen.

Es imprescindible vislumbrar en el largo plazo los alcances de esta crisis y cómo los ciudadanos tenemos hoy más que nunca la posibilidad de encauzar el rumbo del país. Al mismo tiempo, es necesario que se priorice la institucionalidad y la democracia  a través de la confianza en la labor del MP y la CICIG, para llevar a cabo las investigaciones pertinentes y en los procesos contemplados en nuestra Constitución, en virtud de realizar una transición tanto pacífica como ordenada.

Hoy el rostro de la corrupción se encarnó en la ex vicepresidenta Roxanna Baldetti, pero mañana la corrupción y la impunidad pueden personificarse de mil maneras mientras persistan las estructuras sobre las cuales el crimen opere y el mismo sistema incentive y promueva la cleptocracia. Sin el ejercicio de una ciudadanía activa, el saqueo al Estado continuará por décadas.

Análisis: Centro para la Investigación y Análisis Político CPI