Diputados de la Bancada de Encuentro por Guatemala (EG) junto a representantes de la sociedad civil y Contraloría de Cuentas propusieron crear un Observatorio Electoral para fiscalizar los recursos públicos.
La jefa de la bancada EG Nineth Montenegro señaló que “frente a la crisis que vive el país se hace necesario poner controles al gasto público en año electoral”. La congresista propuso que la Contraloría fiscalice por lo menos cada 20 días programas sociales como bono seguro, bolsa segura y fertilizantes ya que estos proyectos se han utilizado como botín electoral.
El acuerdo interinstitucional suscrito por la Contraloría, Acción Ciudadana y el Movimiento Projusticia tiene como objetivo “promover e incidir en la revisión, discusión, ordenamiento y control de los principales programas sociales que el gobierno ejecuta con la finalidad que el gasto público se utilice de forma transparente”.
La metodología a utilizar sera la ley de acceso a la información, entrevistas a funcionarios públicos, grupos focales y encuestas. Los resultados se darán a conocer en conferencias y por medio de foros públicos.
Diputados de la Bancada de Encuentro por Guatemala (EG) junto a representantes de la sociedad civil y Contraloría de Cuentas propusieron crear un Observatorio Electoral para fiscalizar los recursos públicos.
La jefa de la bancada EG Nineth Montenegro señaló que “frente a la crisis que vive el país se hace necesario poner controles al gasto público en año electoral”. La congresista propuso que la Contraloría fiscalice por lo menos cada 20 días programas sociales como bono seguro, bolsa segura y fertilizantes ya que estos proyectos se han utilizado como botín electoral.
El acuerdo interinstitucional suscrito por la Contraloría, Acción Ciudadana y el Movimiento Projusticia tiene como objetivo “promover e incidir en la revisión, discusión, ordenamiento y control de los principales programas sociales que el gobierno ejecuta con la finalidad que el gasto público se utilice de forma transparente”.
La metodología a utilizar sera la ley de acceso a la información, entrevistas a funcionarios públicos, grupos focales y encuestas. Los resultados se darán a conocer en conferencias y por medio de foros públicos.