Según la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), las aduanas tienen una importancia estratégica para Guatemala, pues son un pilar fundamental para el desarrollo. Por medio de sus propios controles cada Estado a través de su normativa y acuerdos internacionales es capaz de recaudar flujos de capital fundamentales para dar soporte a sus finanzas públicas.
En Guatemala es obligación de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) hacer cumplir a todos los usuarios del sistema de aduanas la normativa legal compuesta por Código Aduanero Uniforme Centroamericano y su reglamento, así como la ley de aduanas.
Dados los pobres resultados de la recaudación de aduanas, así como denuncias de corrupción, la CICIG hizo una investigación en coordinación conjunta entre la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público. De esa cuenta se capturó a los miembros de una banda conformada por altos funcionarios, empleados y particulares que se conoce ahora como “La Línea”, y que se dedicaba a la defraudación aduanera.
Así operaban
El Comisionado Iván Velásquez informó que las pesquisas iniciaron en mayo de 2014, con la sospecha de que un grupo de importadores estaban involucrados en acciones de contrabando, quienes tenían contacto con una red de tramitadores aduaneros para evadir el pago real de impuestos.
Para ello la red proporcionaba a los importadores un número telefónico conocido como “la Línea”, la cual se estableció que parte de la estructura estaba integrada por funcionarios de la SAT.
Según Velásquez, la estructura externa “instruía a lo interno de la SAT para que ubicaran a determinadas personas como vistas de aduanas en turnos definidos, a quienes se les indicaba que cumpliera los objetivos de la organización criminal, y también para que ubicaran a otros funcionarios específicos en lugares estratégicos de la aduana”.
Según cálculos preliminares, que deben ser corroborados todavía, en total esta banda pudo haber defraudado hasta US$1,000 millones al año, de 2011 a 2014. Para el analista Ricardo Barrientos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), hacer estos cálculos es muy arriesgado porque lo más probable es que no sean correctos. Las investigaciones lo determinarán.
Este escándalo permite a la opinión pública visualizar lo que pierde el país en estas prácticas ilegales, para iniciar un camino que ayude a eliminarlas.
¿En qué consiste este delito?
La defraudación aduanera, a la que se dedicaba “La Línea”, es parte de un flagelo más grande. Según se detalla en la investigación Contrabando y defraudación aduanera en Centroamérica, realizada por la Red Centroamericana de Centros de Pensamiento e Incidencia y la Fundación Konrad Adenauer, el comercio ilícito es una actividad que engloba varios hechos delictivos como el contrabando, la defraudación aduanera, la piratería, la corrupción, el cohecho pasivo, y muchos otros, que tienen un impacto negativo creciente en las sociedades y países del mundo.
La región centroamericana no escapa de los efectos perniciosos de estos ilícitos altamente lucrativos, y que son fuente de otras actividades criminales como el narcotráfico, el comercio ilegal de armas y el comercio ilegal de personas.
Según los investigadores de dichas entidades, la evidencia encontrada muestra cómo lo anterior ha dejado de ser un fenómeno local para ser uno de carácter regional y transfronterizo. Las ganancias para las personas y grupos que se dedican al comercio ilícito son tan altas, que el poder acumulado ha sido un incentivo para acumular riquezas, control territorial y de manera creciente, poder político.
Barrientos explica que a diferencia del contrabandista, el defraudador aduanero necesita a alguien que esté adentro de la administaración tributaria. “De esta manera se podría decir que ‘”legalizan” los productos que luego venden en el mercado legal, cosa que no sucede con el de contrabando”, explica.
Fenómeno complejo
De acuerdo con la misma investigación, esta realidad se alimenta de un fenómeno sociológico de igual preocupación que es la aceptación y tolerancia de la sociedad, en particular en zonas fronterizas, hacia muchas de las actividades derivadas del comercio ilícito, como lo son aceptar como normal la compra-venta de productos del contrabando o promover las formas de vida de quienes se dedican a estas actividades. En el caso de la defraudación, se trata de una ambición de tener más ganancias.
A pesar de lo importante del tema, el estudio científico y sistemático del comercio ilícito en la región es casi inexistente y sin estos datos es muy difícil formular políticas públicas que tengan por objetivo disminuir o erradicar los flujos del comercio ilícito.
En la investigación aquí mencionada se dice que al tratar de establecer una base de cálculo para cuantificar el valor del comercio ilícito en los países de la región, por la inexistencia o inconsistencia de datos, la poca colaboración de las autoridades con los investigados y el poco desarrollo metodológico, no permiten alcanzar todos los resultados previstos.
Barrientos coincide en que los resultados siempre serán solamente aproximaciones, nunca se llegará a tener las cifras exactas.
Cifras del contrabando y defraudación aduanera
Se calcula que para el año 2012 el comercio ilícito representó el 3.4% del PIB de Guatemala. Entre los productos que se ven mayormente afectados se pueden mencionar el maíz, arroz, huevos, leche, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, combustible, medicamentos, entre otros.
Hay varias estimaciones del comercio ilícito que son parte de una línea de investigación que la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies) inició en 2012. La primera estimación fue realizada por dos instituciones de laRED, Asies y la Fundación para el Desarrollo (Fundesa). Ellos eligieron el método de comparación de la actividad productiva que utiliza las ventas potenciales por sector y las ventas reales y la diferencia encontrada menos el crecimiento del PIB se atribuye a comercio ilícito.
Según la estimación del escenario más probable, el valor final supera los Q14,000 millones (equivalente al 3.6% del PIB) de mercancías que ingresan de forma ilegal a Guatemala al año a través del contrabando y la defraudación aduanera.
Otra metodología realiza el cálculo sobre la base del valor de las importaciones por producto, obteniendo un monto de Q5,008.0 millones para el año 2012, equivalente a 1.3% del PIB. El tercer método se realiza sobre el valor del consumo fijo por producto, cuyo valor ascendió a Q13,414.4 millones, equivalente al 3.4% del PIB.
Esta última metodología es la que mejor refleja los efectos del comercio ilícito; incluye tanto los valores de la producción nacional como de las importaciones.
Una expectativa de la población es que al hacer las capturas de “La Línea”, los números podrían mejorar en alguna manera. “Opino que inmediatamente es al revés, no solamente la moral de los contribuyentes está golpeada, sino que todavía hay miembros de las mafias defraudando. Por esa razón hay que continuar con la investigación”, dice Barrientos.
Soluciones a la vista
Luego de hacer la investigación, la fundación Konrad Adenauer señala que la región debe apuntar a la integración como bloque económico, con el propósito de ser más competitiva en términos comerciales, pero también para tomar decisiones en conjunto, a fin de fortalecer sus instituciones, en este caso las aduanas y puntos fronterizos.
Recomiendan, entre otras cosas, que tiene que recuperarse todo el potencial que en materia de prevención y combate del comercio ilícito se encuentra ya en acuerdos, tratados y convenios regionales.
Señalan además que el refuerzo de controles y verificación en las aduanas es importante, pero utilizando equipo moderno que facilite el comercio y no que lo atrase.
Algo que reiteran es que se debe socializar datos e investigaciones, sobre todo los efectos que las prácticas ilegales tienen sobre la economía y la sociedad para crear conciencia en los ciudadanos de lo perjudicial que es aceptar este tipo de actividades en la sociedad.
Según ICEFI, las capturas en el caso de la SAT confirman lo reiterado en varias ocasiones en cuanto al proceso de descomposición de las instituciones del Estado, que en este caso particular es dramático.
Pero por otro lado, señalan que ahora es cuando más debemos cumplir el compromiso ciudadano de tributar y así darle al Estado la posibilidad de prestar de mejor forma los servicios básicos.
Luego que la comisión presidencial que pretendía iniciar la recuperación de la SAT quedara desierta (Ver notas relacionadas), Icefi se comprometió a elaborar un plan de acción y una hoja de ruta para las acciones que se deben tomar. Este jueves se dará un diagnóstico para iniciar el proceso.
“Si no se hacen cambios profundos en la administración tributaria la situación no va a cambiar, sino por el contrario podría empeorar”, dice Barrientos en alusión a lo dicho por la ex vice presidenta Roxana Baldetti, en el sentido de que con el tiempo surgirían otras estructuras como La Línea.
Según la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), las aduanas tienen una importancia estratégica para Guatemala, pues son un pilar fundamental para el desarrollo. Por medio de sus propios controles cada Estado a través de su normativa y acuerdos internacionales es capaz de recaudar flujos de capital fundamentales para dar soporte a sus finanzas públicas.
En Guatemala es obligación de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) hacer cumplir a todos los usuarios del sistema de aduanas la normativa legal compuesta por Código Aduanero Uniforme Centroamericano y su reglamento, así como la ley de aduanas.
Dados los pobres resultados de la recaudación de aduanas, así como denuncias de corrupción, la CICIG hizo una investigación en coordinación conjunta entre la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público. De esa cuenta se capturó a los miembros de una banda conformada por altos funcionarios, empleados y particulares que se conoce ahora como “La Línea”, y que se dedicaba a la defraudación aduanera.
Así operaban
El Comisionado Iván Velásquez informó que las pesquisas iniciaron en mayo de 2014, con la sospecha de que un grupo de importadores estaban involucrados en acciones de contrabando, quienes tenían contacto con una red de tramitadores aduaneros para evadir el pago real de impuestos.
Para ello la red proporcionaba a los importadores un número telefónico conocido como “la Línea”, la cual se estableció que parte de la estructura estaba integrada por funcionarios de la SAT.
Según Velásquez, la estructura externa “instruía a lo interno de la SAT para que ubicaran a determinadas personas como vistas de aduanas en turnos definidos, a quienes se les indicaba que cumpliera los objetivos de la organización criminal, y también para que ubicaran a otros funcionarios específicos en lugares estratégicos de la aduana”.
Según cálculos preliminares, que deben ser corroborados todavía, en total esta banda pudo haber defraudado hasta US$1,000 millones al año, de 2011 a 2014. Para el analista Ricardo Barrientos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), hacer estos cálculos es muy arriesgado porque lo más probable es que no sean correctos. Las investigaciones lo determinarán.
Este escándalo permite a la opinión pública visualizar lo que pierde el país en estas prácticas ilegales, para iniciar un camino que ayude a eliminarlas.
¿En qué consiste este delito?
La defraudación aduanera, a la que se dedicaba “La Línea”, es parte de un flagelo más grande. Según se detalla en la investigación Contrabando y defraudación aduanera en Centroamérica, realizada por la Red Centroamericana de Centros de Pensamiento e Incidencia y la Fundación Konrad Adenauer, el comercio ilícito es una actividad que engloba varios hechos delictivos como el contrabando, la defraudación aduanera, la piratería, la corrupción, el cohecho pasivo, y muchos otros, que tienen un impacto negativo creciente en las sociedades y países del mundo.
La región centroamericana no escapa de los efectos perniciosos de estos ilícitos altamente lucrativos, y que son fuente de otras actividades criminales como el narcotráfico, el comercio ilegal de armas y el comercio ilegal de personas.
Según los investigadores de dichas entidades, la evidencia encontrada muestra cómo lo anterior ha dejado de ser un fenómeno local para ser uno de carácter regional y transfronterizo. Las ganancias para las personas y grupos que se dedican al comercio ilícito son tan altas, que el poder acumulado ha sido un incentivo para acumular riquezas, control territorial y de manera creciente, poder político.
Barrientos explica que a diferencia del contrabandista, el defraudador aduanero necesita a alguien que esté adentro de la administaración tributaria. “De esta manera se podría decir que ‘”legalizan” los productos que luego venden en el mercado legal, cosa que no sucede con el de contrabando”, explica.
Fenómeno complejo
De acuerdo con la misma investigación, esta realidad se alimenta de un fenómeno sociológico de igual preocupación que es la aceptación y tolerancia de la sociedad, en particular en zonas fronterizas, hacia muchas de las actividades derivadas del comercio ilícito, como lo son aceptar como normal la compra-venta de productos del contrabando o promover las formas de vida de quienes se dedican a estas actividades. En el caso de la defraudación, se trata de una ambición de tener más ganancias.
A pesar de lo importante del tema, el estudio científico y sistemático del comercio ilícito en la región es casi inexistente y sin estos datos es muy difícil formular políticas públicas que tengan por objetivo disminuir o erradicar los flujos del comercio ilícito.
En la investigación aquí mencionada se dice que al tratar de establecer una base de cálculo para cuantificar el valor del comercio ilícito en los países de la región, por la inexistencia o inconsistencia de datos, la poca colaboración de las autoridades con los investigados y el poco desarrollo metodológico, no permiten alcanzar todos los resultados previstos.
Barrientos coincide en que los resultados siempre serán solamente aproximaciones, nunca se llegará a tener las cifras exactas.
Cifras del contrabando y defraudación aduanera
Se calcula que para el año 2012 el comercio ilícito representó el 3.4% del PIB de Guatemala. Entre los productos que se ven mayormente afectados se pueden mencionar el maíz, arroz, huevos, leche, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, combustible, medicamentos, entre otros.
Hay varias estimaciones del comercio ilícito que son parte de una línea de investigación que la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies) inició en 2012. La primera estimación fue realizada por dos instituciones de laRED, Asies y la Fundación para el Desarrollo (Fundesa). Ellos eligieron el método de comparación de la actividad productiva que utiliza las ventas potenciales por sector y las ventas reales y la diferencia encontrada menos el crecimiento del PIB se atribuye a comercio ilícito.
Según la estimación del escenario más probable, el valor final supera los Q14,000 millones (equivalente al 3.6% del PIB) de mercancías que ingresan de forma ilegal a Guatemala al año a través del contrabando y la defraudación aduanera.
Otra metodología realiza el cálculo sobre la base del valor de las importaciones por producto, obteniendo un monto de Q5,008.0 millones para el año 2012, equivalente a 1.3% del PIB. El tercer método se realiza sobre el valor del consumo fijo por producto, cuyo valor ascendió a Q13,414.4 millones, equivalente al 3.4% del PIB.
Esta última metodología es la que mejor refleja los efectos del comercio ilícito; incluye tanto los valores de la producción nacional como de las importaciones.
Una expectativa de la población es que al hacer las capturas de “La Línea”, los números podrían mejorar en alguna manera. “Opino que inmediatamente es al revés, no solamente la moral de los contribuyentes está golpeada, sino que todavía hay miembros de las mafias defraudando. Por esa razón hay que continuar con la investigación”, dice Barrientos.
Soluciones a la vista
Luego de hacer la investigación, la fundación Konrad Adenauer señala que la región debe apuntar a la integración como bloque económico, con el propósito de ser más competitiva en términos comerciales, pero también para tomar decisiones en conjunto, a fin de fortalecer sus instituciones, en este caso las aduanas y puntos fronterizos.
Recomiendan, entre otras cosas, que tiene que recuperarse todo el potencial que en materia de prevención y combate del comercio ilícito se encuentra ya en acuerdos, tratados y convenios regionales.
Señalan además que el refuerzo de controles y verificación en las aduanas es importante, pero utilizando equipo moderno que facilite el comercio y no que lo atrase.
Algo que reiteran es que se debe socializar datos e investigaciones, sobre todo los efectos que las prácticas ilegales tienen sobre la economía y la sociedad para crear conciencia en los ciudadanos de lo perjudicial que es aceptar este tipo de actividades en la sociedad.
Según ICEFI, las capturas en el caso de la SAT confirman lo reiterado en varias ocasiones en cuanto al proceso de descomposición de las instituciones del Estado, que en este caso particular es dramático.
Pero por otro lado, señalan que ahora es cuando más debemos cumplir el compromiso ciudadano de tributar y así darle al Estado la posibilidad de prestar de mejor forma los servicios básicos.
Luego que la comisión presidencial que pretendía iniciar la recuperación de la SAT quedara desierta (Ver notas relacionadas), Icefi se comprometió a elaborar un plan de acción y una hoja de ruta para las acciones que se deben tomar. Este jueves se dará un diagnóstico para iniciar el proceso.
“Si no se hacen cambios profundos en la administración tributaria la situación no va a cambiar, sino por el contrario podría empeorar”, dice Barrientos en alusión a lo dicho por la ex vice presidenta Roxana Baldetti, en el sentido de que con el tiempo surgirían otras estructuras como La Línea.