Durante los últimos días tuve la oportunidad de participar en un coloquio sobre la libertad, los mercados y la política ambiental. Académicos de un altísimo nivel, desde biólogos y matemáticos hasta abogados y economistas, aportaron a la discusión interesantes puntos de vista sobre las causas y sus alternativas de solución.

 

Fue muy interesante que el punto de partida hayan sido las ideas en el campo de la filosofía moral propuestas por Adam Smith. Ello nos ayudó a encauzar las ulteriores discusiones sabida cuenta de las pasiones que rodean la naturaleza humana…de cómo en ella se funden tanto virtudes como vicios: el sentido de corrección, de amor propio, de egoísmo y de felicidad. Del mismo pensador escoces, exploramos luego sus ideas en el campo económico. Para él queda claro que el interés propio y la división del trabajo constituyen elementos importantes en cualquier sistema civilizado de organización social.

 

Discutimos las ideas de Hayek entorno al problema del conocimiento, el cual básicamente postula la imposibilidad de que “un planificador central”, digamos un funcionario del Inab, del Conap o del Marn, tenga el conocimiento suficiente como para decirnos cuál es la manera más eficiente de emplear los recursos naturales que nos son propios. Y no me refiero al conocimiento científico, sino a la información de “momento y lugar”, que sólo le es propia al individuo y que por tanto es intrínsecamente dispersa y cambiante.

 

Intuímos con alto grado de certidumbre que los problemas ambientales “globales”, que generalmente abanderan los gobiernos e instancias supranacionales y sobre los cuales se monta una excesiva burocracia, realmente no existen, y que es evidente cómo las agendas políticas han “instrumentalizado” la ciencia, llegándola a considerar algo sujeto de “consensos”. Los problemas por tanto que sí debemos estudiar son aquellos observables y locales, tales como el tratamiento de la basura, la deforestación, la contaminación de acuíferos y la polución del aire en las ciudades.

Identificamos a la vez como la política ambiental tradicional, basada en fenómenos naturales de causas cuestionables (calentamiento global) y en premisas falaces (principio de precautoriedad), ha generado un sistema de “búsqueda de rentas” bajo el cual emerge una cultura de privilegios que resulta en la concentración de ganancias para unos pocos y la socialización de las pérdidas entre muchos; reina la discrecionalidad y por tanto la corrupción, el robo y demás vicios sociales de los cuales somos testigos cotidianamente.

“Si los gobiernos pusiesen la misma atención y prudencia que ponen en la conservación medio-ambiental a las finanzas del Estado, nuestros hijos y nietos no estarían endeudados” decía el economista español Luis. Y muy cierto, en Guatemala cada niño que nace ya debe alrededor de 8,000 quetzales. ¿Porqué los políticos no actúan en este ámbito con alto sentido de prudencia y responsabilidad sobre las “futuras generaciones”?

Pero la institución que todos finalmente encontramos vital como punto de partida para soluciones alternativas a las vigentes fue la propiedad privada. Exploramos la noción legalizada de considerar los recursos naturales como bienes públicos y la invariable tragedia de los comunes que deriva de aquel sistema. La colectivización del bien natural impide que haya cálculo económico, y que surja un sistema de precios (información) que permita valorar la eventual escases y las preferencias de las personas respecto al uso del bien; por tanto no existe el incentivo a ser responsable sobre la cantidad y calidad de aquellos bienes. Edwin Zarco, sociólogo peruano, acotaba muy bien que los derechos de propiedad deben ser claramente definidos, defendibles y transables. Y todos apuntamos el gran reto que ello representa para la ciencia económica y la ecología científica.

Antonio Saravia, economista boliviano, concluía de manera muy audaz que lo mejor, respecto a la problemática ambiental, sea quizás “no hacer nada”…y sí, probablemente la mejor política ambiental es aquella que no existe en el sentido de que sea una responsabilidad gubernamental. Y si al caso un rol se le debe atribuir a los gobiernos es el de desregular, para que los individuos, apoyados en la ciencia independiente y la tecnología, inicien por sí mismos ese proceso de definición de derechos de propiedad; y el de “enforzar” los derechos mediante un sistema de justicia que sepa dirimir las disputas en cuanto surja el incumplimiento de contratos privados.